La Delegación del Gobierno de España en Madrid ha prohibido las manifestaciones y concentraciones convocadas los días 7 y 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer por razones de salud pública. Así lo ha anunciado este jueves el delegado, José Manuel Franco, en una comparecencia ante los medios. La decisión ha levantado muchas polémicas por ser una de las pocas marchas que no se permite desde que comenzó la pandemia en el país. Para los próximos domingo y lunes había convocadas 104 manifestaciones en la Comunidad de Madrid. Según Franco, la decisión se ha tomado después de estudiar las peticiones presentadas, los recorridos propuestos, la previsión de asistencia, la duración y las posibles confluencias de las distintas concentraciones, que se preveían multitudinarias. Según los organizadores, hasta 60.000 personas podrían participar en estos actos. "Por ello, he tomado la decisión de prohibir por motivos de salud pública todas las manifestaciones y concentraciones convocadas porque estamos en un momento donde la Comunidad de Madrid sigue siendo uno de los territorios de España con mayor índice de contagios, así como de personas hospitalizadas, muy por encima de la media nacional", ha sostenido el delegado del Gobierno. La región, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad este miércoles, tiene una incidencia acumulada de 261 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, muy por encima de la media nacional (159) y solo superada por las ciudades autónomas de Ceuta (286) y Melilla (376). Además, es el territorio que más saturación presenta en su sistema sanitario, con el 14,12 % de las camas de hospitales y el 40,23 % de las de UCI ocupadas por pacientes covid, una tasa superior a la de los peores momentos de la segunda ola en el mes de octubre. Así, la Comunidad de Madrid continúa aún en el nivel de riesgo extremo, el nivel 4. La ministra de Igualdad apunta al señalamiento de la lucha de las mujeres Franco ha sostenido que no ha tenido lugar ningún cambio de criterio, sino "un cambio en las condiciones", mientras que ha evitado responder sobre si había hablado con el Ministerio de Igualdad para tomar esta decisión. Asimismo, tampoco ha respondido a preguntas de los periodistas sobre si se van a prohibir las 104 manifestaciones convocadas estos días o solo aquellas de carácter feminista (el 70 %), ni cuántas manifestaciones o concentraciones han sido prohibidas en la región desde el inicio de la pandemia. Pocos minutos después de la rueda de prensa del delegado del Gobierno, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha referido a esta prohibición durante un acto con un sindicato. La ministra ha dicho que como miembro del Gobierno está obligada a cumplir escrupulosamente con las recomendaciones de las autoridades sanitarias del país. "Pero dicho esto, ese cumplimiento con las recomendaciones sanitarias no significa que no sepamos el señalamiento a la lucha de las mujeres, a la lucha feminista, por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria completamente engrasada", ha dicho Montero, que ha añadido que en su Ministerio van a encontrar "una oposición a esa España gris y machista" de la "extrema derecha". Otras manifestaciones La decisión comunicada este miércoles ha causado mucha polémica por varios motivos. En primer lugar se ha criticado la prohibición de las manifestaciones ya que la Constitución española recoge en su artículo 21 que el derecho de manifestación no necesita autorización previa, sino que debe ser comunicada a la autoridad, "que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes". Pero, sobre todo, lo que ha causado mayor controversia ha sido el hecho de que desde el inicio de esta crisis sanitaria se hayan celebrado multitud de manifestaciones y actos, pero haya sido en esta ocasión cuando se ha esgrimido el peligro para la salud pública para prohibir su realización. Estas son solo algunas de las marchas que han recorrido Madrid en los últimos meses: El 13 de mayo, cuando la ciudadanía todavía estaba bajo un confinamiento severo para luchar contra la primera y devastadora ola de coronavirus en el país, salieron a la calle los vecinos de los barrios más acomodados de la capital. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, las calificó de "protestas pacíficas" y dijo que, si se querían hacer, había que celebrarlas "cumpliendo el estado de alarma". La vicealcaldesa de la ciudad, Begoña Villacís, apuntó que le parecía bien "la protesta siempre y cuando" se hiciese "cumpliendo con las normas de seguridad". Los días siguientes se produjeron protestas similares. El 7 de junio miles de personas se concentraron ante la Embajada de EE.UU. para protestar contra el racismo con motivo de la muerte del estadounidense George Floyd. El julio, con la relajación de las medidas restrictivas, se multiplicaron la manifestaciones. El día 3, cientos de personas se concentraron en la Puerta del Sol por los derechos de las personas trans. El día 12 fue el turno de los manifestantes antivacunas que, sin mascarillas ni distancia de seguridad, se reunieron en la plaza de Callao. Al día siguiente, más de 2.000 médicos residentes exigían un "convenio laboral digno" ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y el 25 del mismo mes, centenares de manifestantes recorrieron las calles del centro de la ciudad bajo el lema 'Ante la monarquía corrupta y las miserias del sistema, república popular'. El 16 de agosto llegó la gran manifestación de los negacionistas, que llenaron la plaza de Colón, con muchos de los asistentes sin mascarillas y todos ellos sin respetar la distancia de seguridad. El 5 de septiembre los negacionistas volvieron a protagonizar una manifestación en la que se detuvo a 13 personas por no llevar mascarilla. El día 12, cerca de 3.000 personas pedían la dimisión de Pedro Sánchez por las arterias principales de Madrid. El 18, la protesta, en la puerta del Sol, fue dirigida a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que se volvió a repetir el día 27. El 15 de octubre hubo una manifestación contra los menores de edad migrantes que vienen sin la tutela de un adulto, fue seguida al día siguiente por otra para solidarizarse con esos menores. El 12 de octubre el propio Franco informaba que desde el inicio de la pandemia se habían producido 692 manifestaciones comunicadas, solo en la capital. En noviembre se sucedieron marchas contra la reforma educativa, antifascista contra la conmemoración de la muerte de Franco, de policías negacionistas contra la imposición del uso de mascarillas o durante la convocatoria de una huelga general. Diciembre vivió nuevas manifestaciones contra la reforma educativa, de los pensionistas y contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. El 23 de enero de este año, casi 1.500 personas negacionistas del coronavirus volvieron a tomar las calles, donde se impusieron cerca de 200 sanciones por no llevar mascarilla. Febrero contempló las manifestaciones espontáneas en favor de la libertad de expresión tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, condenado a 9 meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona por el contenido de varios tuits y una canción. Además, no solo se han celebrado manifestaciones y concentraciones, sino también otros actos, como el concierto del cantante Raphael, que generó un gran debate al reunir a más de 5.000 personas en diciembre en un espacio cerrado. ¿Tribunales? Existe la posibilidad de que la decisión anunciada por José Manuel Franco acabe siendo recurrida en los juzgados. Ya ha sucedido así en varias oportunidades a lo largo de esta pandemia. En Castilla y León fue el Gobierno de España el que llevó a los tribunales la decisión del gobierno regional de adelantar el toque de queda a las 8 de la noche. La Justicia dio la razón al Ejecutivo al considerar que esa medida no estaba amparada dentro del real decreto del estado de alarma y que afectaba a derechos fundamentales. También sucedió en el País Vasco, donde el Tribunal Superior de Justicia de esa región ordenó la reapertura de la hostelería dando la razón a las asociaciones del sector, una medida que había ordenado el Gobierno vasco para luchar contra la alta expansión del virus que padecía el territorio en enero y a principios de febrero. Ahora, el estado de alarma vigente hasta el próximo 9 de mayo para controlar la pandemia no ampara la suspensión de derechos fundamentales como el de manifestación, como ya recordó en las pasadas fechas el propio Franco, por lo que la opción de que la Justicia tumbe esta decisión está sobre la mesa. Estigmatizar al movimiento feminista La prohibición de los actos por el Día de la Mujer ha levantado muchas críticas, pues muchos han visto en ella una forma de estigmatizar al movimiento feminista, que hace varios años que es uno de los más importantes del país. El año pasado, la multitudinaria celebración del 8M, que se estima que reunió alrededor de 120.000 personas en el centro de Madrid, se puso en el foco de las críticas sobre todo por parte de las formaciones políticas de derechas, acusando al Gobierno de no haber actuando con antelación por motivos ideológicos y, de ese modo, haber facilitado la propagación del coronavirus. Lo cierto es que el sábado 7 de marzo de 2020 solo habían sido contabilizados en el país 10 fallecidos y 441 casos positivos y todavía no había sido declarada la pandemia a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, la celebración feminista fue caballo de batalla durante meses, sobre todo por parte de algunas de las organizaciones que secundaron posteriormente otras protestas y que defendían el derecho a la manifestación contra el Gobierno, como el partido de extrema derecha Vox. Así sucedió en el caso de las protestas que tuvieron lugar en Madrid en mayo, cuando el número de casos confirmados por PCR superaban los 228.000 y las muertes las 27.000. Muchas organizaciones involucradas en el movimiento feminista han expresado ya su malestar por esta decisión. Ahora se especula con que las marchas puedan tener lugar de manera espontánea o que esta medida de Delegación del Gobierno pueda tener un efecto rebote y convocar aún a un mayor número de personas. Desde la Comisión 8M, convocante de algunas de las marchas más multitudinarias, han dicho que "el 8M lleva años llenando las calles de Madrid y demostrando su fuerza en cada convocatoria". "Nos quieren volver invisibles, pero nosotras ya somos millones" y "nos quieren prohibir las calles", han sostenido, afirmando que en el 8M estarán presentes porque "la crisis provocada por la pandemia ha impactado sobre las vidas de las mujeres, provocando más violencias, más paro, más recortes y más precariedad. España se encuentra descendiendo la tercera ola de la pandemia. Desde hace varias semanas los datos de contagios y fallecimientos han descendido constantemente. En la actualidad el país tiene una incidencia acumulada de 159 casos cada 100.000 habitantes, pero preocupa la relajación de las medidas, sobre todo de cara a la Semana Santa, como ya sucedió en las fechas navideñas, que provocó el disparo del número de positivos. Así, este jueves el Ministerio de Sanidad y los Gobiernos de las Comunidades Autónomas han acordado prohibir la movilidad entre las regiones durante la Semana Santa. Aunque aún tiene que ratificarse ante el Consejo Interterritorial, ya cuenta con el visto bueno de la Comisión de Salud Pública, donde están representadas todas las Comunidades. Hasta ahora, la única que se había opuesto públicamente había sido, precisamente, la Comunidad de Madrid. (RT)