Son los lados más oscuros del sistema financiero mundial, con cientos de miles de millones de dólares en ganancias mal habidas que se encuentran a salvo en bancos extranjeros, un delito perpetrado a escala mundial, denunció el jueves 25 el Panel de Alto Nivel sobre la Responsabilidad, la Transparencia y la Integridad Financieras Internacionales para lograr la Agenda 2030 (Facti, en inglés). Ibrahim Mayaki, copresidente del Facti y ex primer ministro de Níger, señaló que cerrar las brechas que permiten el blanqueo de dinero, la corrupción y los abusos fiscales, y poner fin a las malas prácticas de banqueros, contables y abogados son pasos obligados para transformar la economía mundial en aras del bien universal. En un informe publicado el jueves 25, el panel puesto en marcha en marzo de 2020 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), insistió a los gobiernos en la necesidad de que se apruebe el Pacto Mundial para la Integridad Financiera para el Desarrollo Sostenible, que se viene proponiendo hace años para controlar la evasión fiscal y el lavado de dinero. El Panel está integrado por antiguos dirigentes mundiales, gobernadores de bancos centrales, dirigentes empresariales y de la sociedad civil y académicos y en su informe afirma que cada año se blanquea hasta 2,7 % del producto bruto mundial. Mientras, las empresas que buscan jurisdicciones libres de impuestos merman los presupuestos de sus países en un total de hasta 600 000 millones de dólares al año. Eso se produce en un contexto de que durante la pandemia de covid-19 la riqueza de los multimillonarios se ha disparado 27,5 %, mientras 131 millones de personas engrosaron las filas de la pobreza extrema. Sucede, indica el informe del Facti, mientras se calcula que una décima parte de la riqueza mundial estaría oculta en activos financieros en paraísos fiscales, lo que impediría a los gobiernos recaudar la parte de impuestos que les corresponde y poder contar con recursos para afrontar los impactos sociales y económicos de la covid. Por ejemplo, el Facti indica que la recuperación de las pérdidas anuales por evasión y elusión fiscal en Bangladesh permitiría al país ampliar su red de seguridad social a nueve millones más de adultos mayores. Chad, por su parte, podría costear 38 000 aulas y Alemania tendría con que construir 8000 turbinas eólicas. Kunal Sen, director del Instituto Mundial de Investigaciones Económicas para el Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas, dijo a IPS: «En un momento en que los países en desarrollo se enfrentan a una fuerte disminución de los ingresos fiscales debido a la crisis económica generada por la pandemia, es imperativo encontrar soluciones a las grandes pérdidas en el erario público debido a los flujos financieros ilícitos». Se trata, precisó, de un reto clave para el desarrollo, ya que la prestación de servicios públicos cruciales, como la educación, la sanidad y las infraestructuras, depende de que los Estados tengan fondos para gastar. “La coordinación global de las políticas fiscales, preferiblemente liderada por los países del Grupo de los Siete (G7, de potencias industrializadas del mundo), para limitar la evasión fiscal y el blanqueo de dinero es la necesidad del momento», señaló. James A. Paul, ex director ejecutivo del Foro de Política Global, dijo a IPS que el nuevo informe del Facti de la ONU es ciertamente bienvenido, pero hay razones para preguntarse a dónde nos llevará. “Ofrece un análisis devastador del sistema financiero mundial corrupto y de cómo los financieros socavan el bienestar, la equidad y la legitimidad”, aseguró. El informe sostiene que la arquitectura y las reglas del sistema financiero hacen que el desarrollo sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 se dificulten y puedan ser hasta imposibles de cumplir. “Aquellos que han seguido de forma crítica el sistema financiero global durante las últimas décadas no estarán en desacuerdo, pero encontrarán poco aquí que sea realmente nuevo», dijo Paul, autor de obras como «Of Foxes and Chickens (De zorros y gallinas)” «Oligarchy and Global Power in the UN Security Council» (Oligarquía y poder global en el Consejo de Seguridad de la ONU)”. También señaló que «hace tiempo que está claro que las familias y las naciones más ricas del mundo son las principales beneficiarias de este sistema, que tienen el control de la política y que no tienen intención de cambiar las cosas de manera fundamental». En particular, destacó, los líderes nacionales de esta mafia de la corrupción mundial son ciudadanos de Estados Unidos y de Reino Unido, cuyas instituciones financieras y oligarquías son las más poderosas del mundo. “Han gobernado el sistema financiero mundial durante mucho tiempo y (a pesar de las declaraciones en sentido contrario) se oponen rotundamente a las reformas que aumentarían la equidad, la transparencia y las demás buenos elementos que el Panel de Alto Nivel trata de promover», dijo Paul. Para el especialista, “esto nos lleva al dilema sobre la ONU y su capacidad para analizar y resolver los problemas más fundamentales del mundo». Sin embargo, Paul consideró que hay que felicitar a los presidentes de la Asamblea General de la ONU y del Consejo Económico y Social por haber creado el Facti y por recordarnos una vez más cómo la oligarquía mundial está practicando la corrupción a una escala impresionante y devastadora. Pero el gran problema del informe del Facti es que sus redactores no han sido capaces de ir lo lejos que la situación de los paraísos fiscales y el blanqueo de capitales requiere. Aunque esto no sea una sorpresa debido a los intereses y los sectores involucrados. “Necesitamos algo más fundamental: nada menos que una hoja de ruta hacia un orden democrático mundial, liberado de las garras de la oligarquía financiera y guiado por fin por las necesidades y la voluntad de los propios pueblos… La ONU y su capacidad para analizar y resolver los problemas más fundamentales del mundo”, insistió Paul. El ghanés y ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, denunció en el pasado los alcances del blanqueo y evasión de capitales en África. «Miles de millones de dólares de fondos públicos siguen siendo escamoteados por algunos líderes africanos, incluso mientras las carreteras se desmoronan, los sistemas de salud fallan, los niños en edad escolar no tienen ni libros ni pupitres ni profesores, y los teléfonos no funcionan», afirmó. Richard Ponzio, investigador principal y director del Programa de Gobernanza Global, Justicia y Seguridad del Centro Stimson, con sede en Washington, dijo a IPS que el abuso fiscal la corrupción y el lavado de dinero erosionan las bases fiscales nacionales y restan fondos para proyectos críticos para los países, que dependen de los tributos de esos capitales. Se trata de delitos muy graves, recordó, y “contribuyen a alimentar la inseguridad en la economía global hiperconectada de hoy, al sostener el trabajo de los sindicatos criminales y los terroristas internacionales en detrimento de la seguridad y la justicia globales”. El recomendado Pacto Mundial de Integridad Financiera para el Desarrollo Sostenible contribuiría a ampliar el alcance mundial del Grupo de Acción Financiera Internacional, que creó en 1989 el G7 y al que posteriormente se unieron algunas docenas de países, con el objetivo de coordinar los esfuerzos mundiales contra el blanqueo de capitales. Además, coincidieron los especialistas consultados, se debería animar a los países a sumarse a la Declaración de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) sobre el Intercambio Automático de Información (AEOI, en inglés) en Materia Fiscal, cuyo objetivo es aumentar la transparencia bancaria y reducir la evasión fiscal en todo el mundo. La norma AEOI beneficia tanto a los países pobres como a los ricos, dificulta a los blanqueadores de dinero la ocultación de sus ganancias y facilita a las víctimas de la evasión fiscal la recuperación de los fondos. Para que los países en desarrollo puedan aprovechar plenamente los beneficios de esta nueva transparencia, dijo, el mundo desarrollado y las instituciones internacionales deben reconocer y ayudar a superar las limitaciones financieras y de capacidad que impiden a los países menos favorecidos participar en un régimen multilateral de AEOI. Al mismo tiempo, los países desarrollados y en vías de desarrollo deberían promover la transparencia de los registros corporativos para evitar que los blanqueadores de dinero operen detrás de empresas ficticias, subrayaron los académicos consultados. Paul abundó que las organizaciones no gubernamentales (ONG), locales e internacionales, llevan mucho tiempo señalando las asombrosas sumas desviadas del erario público por bancos y gestores financieros, ayudados por políticos corruptos y sistemáticamente encubiertos por periodistas, empresarios y académicos cómplices. Investigaciones éticas han mostrado, entre otras cosas, cómo se evaden o eluden los impuestos y cómo las personas y empresas más ricas no pagan casi nada en apoyo de proyectos y programas públicos. “Este conocimiento ha profundizado la desconfianza pública en los gobiernos y nos ha llevado a la actual crisis de autoritarismo global, pero ha hecho poco para cambiar las leyes reguladoras, mejorar la recaudación de impuestos o reducir la corrupción pública. En todo caso, la tendencia ha ido en la dirección contraria”, subrayó el especialista. Ponzio, por su parte, dijo que los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU y otras normas de responsabilidad social corporativa también pueden contribuir a mejorar los requisitos para prevenir o reducir los flujos financieros ilícitos en diferentes sectores económicos, incluidos el financiero, el contable y el jurídico. Para este experto, los presupuestos participativos y un enfoque de derechos humanos en el control presupuestario pueden poner de manifiesto si esos flujos ilícitos desvían el gasto gubernamental destinado a promover el bien público. Con la información adecuada, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y el público en general pueden desempeñar un papel importante a la hora de exigir a los Estados, las empresas y los facilitadores (abogados y contadores, entre otros) que cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos. (IPS)