Se manejan varias medidas, que incluyen el desarrollo de un modelo no estrictamente público. El futuro de las pensiones es un tema de hondo calado en España. Pese a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, la preocupación que suscita no se ha difuminado. El proceso de negociación es complejo y gira en torno a una reforma del sistema estatal de pensiones, algunas de cuyas medidas pueden ir más allá de los acuerdos suscritos en el Pacto de Toledo y en las propuestas que avanza José Luis Escrivá, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En principio sus iniciativas no constan ni en el programa que posibilitó el actual Gobierno de coalición entre PSOE y UP, ni tampoco en el Pacto de Toledo, un grupo de trabajo parlamentario que atiende a las recomendaciones de todos los partidos representados en la Cámara Baja para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. De resultas, Escrivá es discutido en el seno del Consejo de Ministros y también el objeto de las protestas que secundan muchos pensionistas en las calles. Las manifestaciones de pensionistas eran recurrentes antes de la pandemia, sobre todo en el País Vasco, pero también se han celebrado con cierta regularidad en distintos momentos tras el período de desescalada. En diciembre en Madrid y a principios de febrero en las tres capitales vascas, por nombrar las convocatorias más populosas, los pensionistas salieron a las calles en defensa de unos derechos que temen acabarán lesionados. El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia es el referente estatal por capacidad de convocatoria y movilización. El problema de la sostenibilidad La crisis económica potenciada por los efectos de la pandemia, la curva demográfica del país y un factor trabajo menguante son en conjunto un desafío a la sostenibilidad de las pensiones. En las protestas del 13 febrero en el País Vasco y Navarra, por ejemplo, los participantes reclamaban unas "pensiones públicas dignas, justas y suficientes", al tiempo que alertaban de que el problema no es solo para ellos, sino también para "las próximas generaciones". Sus reivindicaciones incluyen un aumento de la pensión mínima hasta los 1.080 euros mensuales, su revalorización automática acorde con el coste de la vida e incluso el fin de las desgravaciones fiscales por tener planes y fondos privados de pensiones. Se exige la "derogación del factor de sostenibilidad", como declara Jon Fano, del Movimiento de Pensionistas Vasco. "Los verdaderos problemas permanecen y más en el periodo de pandemia, que está siendo excusa para no tomar medidas serias". El ministro Escrivá intenta impulsar un modelo al que, emanado de la reforma aplicada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, añade propósitos como hacer coincidir la edad real de jubilación con la oficial (en la práctica, penalizar las jubilaciones anticipadas) o ampliar el periodo de cómputo para tener derecho a percibir la pensión íntegra de 25 a 35 años. El impacto medio de esta última medida, "puede ser una caída del 6,3% de la pensión", explica a Sputnik el economista y sociólogo Daniel Albarracín, quien destaca que esta idea es la que "principalmente está causando tensión en el Gobierno y con los sindicatos mayoritarios que, sin embargo, no critican tanto el resto de medidas". ¿Una mochila española? Los planes del ministro Escrivá podrían incluir el camuflaje de medidas regresivas; el factor de sostenibilidad pasaría a denominarse factor de equidad intergeneracional. "Es el cambio del factor de sostenibilidad para introducir correcciones por razón demográfica en función del aumento del envejecimiento poblacional", aclara Albarracín, que lamenta el cinismo del término: "Se prevé una fuerte presión de este fenómeno por al menos 15 años cuando los baby-boomers alcancen la edad de retiro. El resultado no puede ser otro que la caída de la pensión, si se aplican las pretensiones de Escrivá". La revalorización anual de las pensiones no sólo atendería al aumento del índice de precios al consumo (IPC). El ministro no habla de recortarlas, pero los analistas presienten un diseño a la española de la mochila austríaca, concepto que atañe al modelo vigente en Austria desde 2003 y por el que, al no existir prestaciones públicas de desempleo ni indemnizaciones por despido, las empresas hacen aportaciones regulares a la cuenta bancaria de sus empleados para, llegado el caso, que dispongan de ese dinero si son despedidos, cambian de trabajo o... se jubilan. "Es posible que la mochila austríaca sea otra de esas reformas, que tendrá consecuencias netas en un deterioro de las garantías ante el despido y una posible erosión del derecho de indemnización por despido", señala Daniel Albarracín. En la práctica y a iniciativa del Gobierno, parece que la reforma de las pensiones será la moneda de cambio para acceder al Fondo de Recuperación y Resiliencia, cuya condicionalidad es un tanto abstracta y vinculada al cumplimiento de recomendaciones. Según Albarracín, que también es consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía, el Ejecutivo de Pedro Sánchez acometerá en dos fases la reforma "de cara a hacerla más asimilable por la población", pues surtirán un "efecto neto negativo" en las pensiones, "que son un salario indirecto y diferido clave de las condiciones de vida de la clase trabajadora". Junto con los recortes, la reforma incluirá también medidas de alivio y racionalización, recuerda. "La de alivio consiste en la recuperación de la revalorización de las pensiones según el IPC, para no sujetarlo al mero aumento del 0,25% de la reforma de Rajoy. Eso sí, se revalorizará por un periodo, y no anualmente, compensando años negativos de inflación con otros que crezcan por encima". También se extenderá el derecho de la cotización efectiva para los varones que, como algunas mujeres, hayan tenido que retirarse del mercado laboral para el cuidado de sus hijos (hasta dos años). La medida racionalizadora beneficiará a los trabajadores por cuenta propia. "Cotizarán en base a los rendimientos efectivos de su actividad, algo que permitirá ingresar más al sistema (el 85% cotizan por el mínimo) y se ganará en progresividad", explica Albarracín, que especifica las medidas de recorte: el endurecimiento de la jubilación anticipada. "Se estimulará su retraso aumentando un 4% en la pensión por cada año de retraso. Este supuesto beneficio sólo lo recibirán las capas de trabajadores con mejores y más cualificados empleos, con un efecto neto material insuficiente (porque un retraso de un año supone, según la esperanza de vida actual, recibir un 5% menos de pensión en todos los años de retiro). También se prevé prohibir la jubilación forzosa en los convenios". Planes privados y alternativa El Ministerio de José Luis Escrivá también se halla estudiando la promoción de planes privados ‒individuales o colectivos‒ de pensiones incentivados con dinero público. En opinión de Jon Fano, esto permitirá que en los fondos colectivos "los empresarios limiten las subidas salariales, con la excusa de la coparticipación en la aportación a los mismos". "Suponen un complemento a la pensión pública, pero, siguen siendo fórmulas ligadas a la marcha de las empresas y que acentúan la desigualdad entre trabajadores según su nivel de ingresos. También harán de ello un negocio los fondos de pensiones privados. No ayuda al fortalecimiento del sistema público, todo lo contrario", conviene Daniel Albarracín. Como alternativa, este economista sugiere que un modelo fortalecido de pensiones debiera, entre otros aspectos, emanar de una "mayor remuneración de los salarios para que haya más cotizantes y con mayor capacidad de contribución". Y resalta que, lejos de acudir a fórmulas de retraso de la edad de jubilación, hay que buscar el "reparto del trabajo elemental". "Quizá con fórmulas de retiro parcial a partir de los 55 años, combinada con otras de relevo y formación intergeneracional, y de anticipación de la edad de jubilación a los 60 años, de cara a que la juventud tenga mayores oportunidades de empleo en un contexto de alto desempleo". "Debemos partir de que los problemas de financiación de la Seguridad Social, en una sociedad que ha incrementado su nivel de productividad de manera sostenida durante décadas, que cuenta con un porcentaje de excedente empresarial cerca de la mitad de la renta nacional y que tiene un modelo fiscal demasiado favorable a las rentas del capital, de los patrimonios y las herencias, tiene margen de sobra para obtener financiación y cubrir la segunda transición demográfica, que se producirá entre 2030 y 2045", concluye Daniel Albarracín. (Sputnik)