Ante el consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza), será presentado el próximo 25 de febrero un crudo documento sobre la situación de seguridad en Colombia. Se trata del informe anual de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que mapeó lo que ocurre en las regiones del país durante el año 2020, en medio de la pandemia de Covid-19. De lejos, el hallazgo más revelador de ese documento es que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, en Colombia ocurrieron al menos 76 masacres, en las que fueron asesinadas 292 personas, entre ellas 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, 7 indígenas y 10 personas afrodescendientes. Según esas cifras, 2020 registró la cifra más alta de masacres desde 2014. Además, otros cinco casos están en verificación por parte de esa oficina. Más de la mitad de las masacres, según el reporte presentado este martes por Juliette de Rivero, representante en Colombia de Michelle Bachelet, se concentraron apenas en tres departamentos: Antioquia, con 19 casos, y Cauca y Nariño, con 11 masacres cada uno. Además, esa oficina también presentó las masacres ocurridas en lo que va de 2021, que ya van en 6 casos (otros 5 en verificación), con 21 víctimas mortales. En el documento de esa oficina se incluyó también la información relacionada con los asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en el país. Sin embargo, el documento aclara que sus cifras no se refieren al panorama completo de homicidios de líderes en Colombia, sino a una muestra representativa. Según eso, la oficina recibió información de 133 casos de homicidios de líderes y defensores durante el año pasado. Hasta el momento, ha verificado 90 de ellos, y otros 25 están en verificación; 18 de ellos no se pudieron verificar. En lo que va del año 2021, ya esa oficina cuenta con información de 21 asesinatos de líderes en el país. Pero el informe resaltó las cifras - más altas - que maneja la Defensoría del Pueblo, que registran 182 defensores asesinados en 2020, y las de Somos Defensores, que reportan 159 casos. El 81% de esos asesinatos ocurrió en Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. Pero, además de los homicidios, esa oficina registró 795 amenazas y otras agresiones contra los líderes en Colombia, concentradas principalmente en Bogotá y en Cauca. A su vez, el reporte incluyó las cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, que en 2020 registró 94 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 25.366 personas. Del total de esos eventos, el 76% ocurrió apenas en tres departamentos: Antioquia, Chocó y Nariño. Además de esos departamentos, dice el documento, la violencia se ha recrudecido en Cauca, Putumayo, Norte de Santander y Valle del Cauca, particularmente en territorios donde habitan pueblos afro, indígenas y campesinos. “En las misiones realizadas por la oficina se observó el estado de desprotección de las poblaciones y de sus liderazgos en estas localidades. Muchos de estas poblaciones han compartido con la oficina su sentimiento de zozobra y miedo frente a esta situación”, dijo Rivero. La representante Rivero se refirió además a uno de los puntos que mayores desencuentros ha generado entre el Gobierno Duque y las plataformas de Derechos Humanos, en estos dos años y medio de mandato. Sostuvo que el informe evidencia “la falta de avances en la adopción de una política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluyendo aquellas que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo”, y reiteró la urgencia de que esa política sea adoptada a través de la Comisión de Garantías de Seguridad, que el Acuerdo de Paz creó en el punto 3 para ese fin. (El Espectador)