Desde la firma del Acuerdo de Paz han asesinado a 259 excombatientes de las Farc en distintas regiones del país. / Gustavo Torrijos En la tarde del viernes 19 de febrero, el Partido de los Comunes denunció a través de su cuenta de Twitter el homicidio de José Paiva Virguez, quien murió en el hospital departamental de San José del Guaviare, luego de haber sido trasladado desde la vereda El Cafre, en el municipio de Puerto Concordia (Meta), donde le propinaron varios impactos de bala. Virguez hizo parte del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Jaime Pardo Leal, ubicado en Colinas, aunque, según fuentes de la zona, en el momento de los hechos ya no estaba en este territorio. También, el colectivo que el exFarc había recibido el beneficio de la amnistía, gracias al decreto 1165 del 10 julio del 2017, sancionado por el expresidente Juan Manuel Santos. Con este caso ya son 259 los firmantes del Acuerdo de Paz asesinados desde 2016. El Partido de los Comunes, de hecho, ha expresado su preocupación por estos homicidios y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha ordenado en varias ocasiones a la Alta Consejería para la Paz y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que implementen medidas de protección para los excombatientes de las Farc. El más reciente llamado de atención fue en enero de este año. El alto tribunal le ordenó al consejero Emilio Archila que apruebe cuanto antes el Plan Estratégico de Seguridad y Protección a excombatientes y, junto a la UNP, implemente las medidas de seguridad y protección que ya están aprobadas a través de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección. Sin embargo, el pasado 2 de febrero, el Alto Consejero para la Paz apeló, por segunda vez, las órdenes de la JEP justificando que, según él, están fuera de su competencia. (El Espectador)