Desde el día en que se lo debatió en el Parlamento, han insistido con que no tenía nada que ver con la realidad. No discuten lo que el gobierno propone: lo niegan. El ministro Martín Guzmán ha sido claro en cada una de sus intervenciones: ha sostenido la necesidad de reactivar la economía aumentando la inversión en infraestructura, mejorando los salarios, reduciendo capacidad ociosa instalada y generando nuevos puestos de trabajo. El plan consiste en la reactivación de la economía. En ese escenario, el proceso de crecimiento que el gobierno impulsa debería ir generando mejores ingresos tributarios y éstos deberían contribuir gradualmente a mejorar la cuestión fiscal. La actual gestión no propone reducir el déficit para crecer; propone crecer para reducir el déficit. Por eso avanza con una serie de iniciativas que tienen un denominador común: un Estado activo que, como representante de los intereses del conjunto de la sociedad, pone límites, regula, orienta y promueve el modelo de crecimiento proyectado en el Presupuesto 2021. En el marco de la pandemia, esta opción por el Estado activo no es sólo una decisión argentina. Una nota del Financial Times de esta semana afirma: “La estrategia de Biden para la economía estadounidense implica el cambio más radical de las políticas predominantes desde las reformas del libre mercado de Ronald Reagan desde hace cuarenta años. Con planes de endeudamiento y de gasto público a escala nunca vista desde la Segunda Guerra Mundial, la administración está haciendo un enorme experimento fiscal y el mundo entero está mirando. Si el plan da resultado, demostrará que la innecesaria timidez de las últimas décadas hizo que millones de personas estuvieran desempleadas sin ninguna necesidad y ello le quitó a muchas regiones la oportunidad de mejorar su nivel de vida y amplió las desigualdades. Pero, si la estrategia fracasa y conduce a sobrecalentamiento, alta inflación, inestabilidad financiera y la economía de los 70, el experimento estadounidense 2021 pasará a la historia como uno de los mayores goles en contra de la política económica”. Los Estados Unidos, de acuerdo con esta afirmación del Financial Times, están embarcados en un gran experimento: la inyección de la mayor masa de recursos en su economía por parte del Estado en la historia contemporánea. Si esta experiencia sale bien, quedará demostrado que lo que se hizo con las políticas de ajuste hasta ahora fue, además de nocivo, innecesario. Y si sale mal, los que promueven el hiperajuste tenderán a fortalecerse. En la actualidad ya no se trata “de achicar el Estado para agrandar la Nación”, se trata de intervenir con el Estado para crecer con inclusión. En esa perspectiva, se implementaron en los últimos días en nuestro país una serie de iniciativas que muestran a un gobierno ejerciendo las potestades que le confieren las leyes. La Secretaría de Comercio Interior, por ejemplo, imputó a un grupo de grandes empresas formadoras de precios por retención o falta de entrega de productos para su comercialización. Estas empresas habían sido intimadas a incrementar su producción “hasta el más alto grado de su capacidad instalada y a arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda, establecida por la resolución 100/2020”, según informó esa secretaría. El Estado intervino para que estas compañías no continúen especulando y produciendo desabastecimiento. La intimación determinó, además, que en cinco días hábiles debían acreditar “haber dado cabal cumplimiento a la norma” y haber restablecido los niveles de stock registrados a noviembre 2020 a fin de abastecer los circuitos de comercialización. Para ello, el gobierno utilizó leyes que estaban vigentes desde 2014. Las intervenciones del Estado se produjeron, además, en diversos campos. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó el registro de contratos de alquiler de inmuebles previsto en la nueva Ley de Alquileres sancionada en junio del año pasado. Según esa norma, el propietario del o los inmuebles tiene la obligación de registrar los contratos que firma con sus inquilinos. De ese modo, la AFIP contará con información detallada sobre estas operaciones que le permitirán verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los involucrados. En una línea similar, la ANSES intimó a más de doscientos jueces que tienen el trámite jubilatorio iniciado pero no terminado a que decidan si lo van a continuar o lo dejan sin efecto. Esta situación tiene su historia. Cuando se sancionó la reforma previsional para magistrados y funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de la Nación y se recortaron, entre otras cuestiones, los valores de sus jubilaciones futuras, los jueces y otros miembros del Poder Judicial tuvieron la opción de iniciar el trámite de jubilación y, con ello, mantener los privilegios que tenían hasta entonces. ¿Qué sucedió? Que estos magistrados se anotaron para jubilarse, por lo cual conservaron los derechos previos, pero siguieron ejerciendo como jueces. Ante esta situación, la ANSES les concedió ahora treinta días para que decidan si ese procedimiento jubilatorio que iniciaron hace un año lo van a concretar, por lo que tendrían que renunciar como jueces, o continúan como tales pero perdiendo los beneficios del régimen anterior. No se los intima a renunciar: se les pide que cumplan con la ley optando por uno de los dos caminos establecidos. Por otro lado, el Estado, a través de la Prefectura Naval Argentina, secuestró once toneladas de soja en Misiones. Se suman a las más de 400 toneladas decomisadas en las provincias de Formosa y Corrientes a principios de mes. Se trata de contrabando de oleaginosas con el evidente objetivo de evadir impuestos. El gobierno está decidido a emplear una serie de herramientas con las que cuenta. Por supuesto, van a generar enormes resistencias porque van a ser presentadas como “intromisión” o “estatismo”. Cuando la oposición política, económica y mediática cuestiona la intervención del Estado, indudablemente lo hace porque está defendiendo los intereses de unos pocos en contra de los intereses de las mayorías. (Página 12 - * Diputado nacional y Presidente del Partido Solidario)