En medio de la crisis económica, que dejó tras la cuarentena cerca de 4 millones de personas sin empleos, el Gobierno busca así mantener la barrera para evitar desvinculaciones en el comienzo del año electoral. El presidente Alberto Fernández ya tiene a la firma de decreto con las medidas, un reclamo del sindicalismo. En principio, según adelantó un hombre de máxima confianza del Presidente, la doble indemnización se aplicará durante todo el año, aunque en el borrador del decreto que circuló durante la tarde establece una prórroga de 90 días. Otro tema que circuló a última hora de la noche, aunque sin confirmación, fue que el resarcimiento tendría un tope de 500.000 pesos. Actualmente se encuentran vigente el decreto 961/2020, que extendió hasta el 25 de enero la doble indemnización en el caso de despidos sin justa causa, y el 891/2020 que prohíbe despidos y suspensiones en el sector privado hasta el 29 de enero. Además, el jefe del Estado ampliará hasta fin de año "la emergencia pública en materia ocupacional" que se dispuso en el decreto de necesidad y urgencia 34/19. Desde el Gobierno confirmaron que, como dice el texto del decreto al que obtuvo acceso LA NACION, "los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto" en este texto "no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales". La medida, según está especificado, no se aplicará para el sector público. "Esta crisis excepcional exige prorrogar la oportuna adopción de medidas de idéntica índole, asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo", argumenta el Gobierno en el texto que rubricará en las próximas horas Fernández. Además, "la duplicación de las indemnizaciones por despido sin justa causa, a diferencia de las medidas destinadas a la prohibición de despedir y suspender por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor, se sustentó en la emergencia pública en materia ocupacional". Y agregó: "La norma tuvo como finalidad aventar el temor de las y los trabajadores a perder el empleo y ver deterioradas sus condiciones de vida". A fines de noviembre y septiembre, la Casa Rosada ya había extendido la decisión de prohibir los despidos de personal y la doble indemnización más allá de que se registraron fuertes bajas en el empleo registrado formal; pero sobre todo entre los empleados informales y cuentapropistas. Ante este panorama fue que la CGT le reclamó al Presidente, en sus encuentros cada 15 días, que prolongue las medidas hasta que la economía vuelva a reactivarse por completo. El pedido fue también acompañado por los gremios que siguen a Hugo Moyano. "Si se levanta la prohibición de despidos sería un desastre", advirtió hace un tiempo Héctor Daer, uno de los líderes de la central obrera. La doble indemnización fue una de las primeras medidas que tomó Alberto Fernández apenas asumió con el objetivo de blindar el empleo, hace más de un año, cuando el coronavirus aún no era un problema en el mundo. "Somos un gobierno que ha tomado estas medidas en un momento de complejidad. Estamos viendo que todavía todo el sector de los trabajadores está necesitando que se avance en medidas que tengan que ver con el cuidado del empleo, y así lo venimos haciendo", había anticipado ayer el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Si bien, en medio de un contexto de crisis, que se agravó con la pandemia, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, siempre defendió el aumento para las desvinculaciones, en todo momento habló de una medida "extraordinaria". Las iniciativas, rechazadas por las principales cámaras empresariales, habilitaron como único atajo para instrumentar suspensiones o rebajas salariales el artículo 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo, que fija una instancia obligatoria de negociación entre los empleadores y el sindicato más representativo. En el último informe que difundió la Unión Industrial Argentina (UIA), sobre el universo de empresas encuestadas, describieron que el impedimento de los despidos termina provocando que las pymes, principalmente, bajen las persianas o que pasen a la informalidad. (La Nación - Por: Santiago Dapelo)