El Gobierno y el FMI retomaron los contactos formales para continuar definiendo del nuevo programa financiero que busca la Argentina para reemplazar al programa stand by vigente y reprogramar la devolución de USD 45.000 millones. Si bien el Poder Ejecutivo se puso como fecha límite para cerrar el acuerdo el mes de mayo, cuando comienzan a tener lugar los vencimientos más fuertes del año, una consultora planteó que, si la economía tuviera viento de cola a lo largo del año y bajo ciertas condiciones, Economía podría posponer las negociaciones. Tanto la Casa Rosada como el organismo internacional confirmaron que en las próximas semanas las conversaciones entre el staff técnico del Fondo y los funcionarios del equipo económico serán más intensas. El vocero del FMI Gerry Rice afirmó que esperan que el Gobierno defina “su plan económico de mediano plazo”, mientras Martín Guzmán promete un programa plurianual que incluirá metas de acumulación de reservas, déficit e inflación y que será presentado en los próximos meses, según adelantó. En ese marco, el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, dijo que el calendario con el que trabaja el Gobierno para acordar con el Fondo Monetario podría estirarse hasta mayo. Esa fecha de referencia se explica porque en ese mes tiene lugar el primer vencimiento de deuda fuerte con el Club de París, unos USD 2.300 millones que quedaron pendientes de pago del plazo de cancelación original que tenía la Argentina con ese consorcio de naciones, que vencía en 2019, luego de un acuerdo firmado en 2014 y que se cumplió puntualmente durante cinco años. Según la lógica del equipo económico, un acuerdo con el Club de París llegaría como consecuencia de un programa firmado con el Fondo, básicamente porque la intención oficial es tener una quita de intereses para el repago de la deuda (con el Club de París) y uno años de gracia y estiramiento de plazos con el FMI. Por otra parte, las naciones del Club de París también forman parte del directorio en Washington, por lo que las dos negociaciones estarían así vinculadas. El segundo vencimiento de deuda abultado que afrontaría el Estado este año sería en septiembre, unos USD 1900 millones que el Gobierno debería girar al FMI como parte de la primera cuota relevante en el cronograma original de devolución del crédito que firmó el Gobierno de Mauricio Macri en 2018. Las sumas se empinan en 2022, cuando la Argentina debería repagar unos USD 20.000 millones. Algunas condiciones particulares podrían hacer, de todas formas, que el Gobierno piense en no apurar un acuerdo con el FMI y atravesar el año electoral sin la tutela de un programa nuevo con el Fondo. Así lo sostuvo un informe reciente de la consultora Econviews. En un reporte enviado a clientes titulado “¿Y si no hay acuerdo con el Fondo?”, planteó que “por mucho tiempo nuestro escenario base fue que la Argentina conseguía un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hacia marzo o abril. Hoy las chances de que ese acuerdo recién ocurra en 2022 o al menos después de las elecciones legislativas han crecido”, publicaron. “Hay dos razones principales para ello. La suerte derivada de los mejores precios de materias primas le ha dado al gobierno grados de libertad que antes no tenía. En segundo lugar, la propia dinámica política hace que las prioridades cambien”, continuó la consultora que dirige Miguel Kiguel. Algunas condiciones particulares podrían hacer, de todas formas, que el Gobierno piense en no apurar un acuerdo con el FMI y sobrepasar el año electoral sin la tutela de un programa nuevo con el Fondo. “La tesis acuerdista se sostenía en que la falta de reservas, la imperiosa necesidad de credibilidad y en última instancia el pago de capital de USD 1.800 millones que hay que hacer en septiembre llevaban inexorablemente a un acuerdo. Resultó que el BCRA empezó a recuperar algo de reservas en diciembre, continuó con la tendencia en enero y con precios de soja por encima de 500 dólares podría seguir comprando. En nuestros números luce probable que el BCRA termine comprando 3.000 millones en el mercado incluso con una suba de importaciones. La mejora en las importaciones es lógica en una economía que se recupera y que por ejemplo deberá traer más gas este invierno”, explicó Econviews. “Esos dólares que traerán las mayores exportaciones netas servirán al BCRA para que quizás pueda pagarle al FMI sin caer en niveles peligrosos de reservas. Esto dará aire para evitar auditorías que no verán con buenos ojos subas testimoniales de servicios públicos, ni tendrá el chaleco de fuerza que implican programas fiscales y monetarios coordinados por un acuerdo de facilidades ampliadas”, consideró la consultora. Ahora bien, ¿cuánto exigiría a las reservas pagar este año los vencimientos y concretar la negociación en 2022? Según un informe reciente de Quantum Finanzas, de Daniel Marx, el Gobierno tendrá este año un programa financiero que requerirá cubrir pagos a organismos internacionales por un total de USD 7400 millones sin contar el pago previsto al Club de París. De ese total, el FMI se lleva cerca de USD 5.000 millones, el BID USD 1.100 millones y el Banco Mundial por USD 500 millones. En la actualidad la Argentina es, con mucha diferencia, el deudor más grande que tiene el Fondo Monetario. De acuerdo a información oficial, el crédito vigente del organismo con el Estado argentino es de casi USD 46.000 millones, es decir un 30% de los USD 152.000 millones que el organismo tiene distribuidos entre sus países miembro. Como comparación, en segundo lugar se ubica Egipto (USD 19.000 millones), Ucrania (USD 10.900 millones) y Pakistán (USD 7.400 millones). Según los analistas, un acuerdo con el Fondo podría implicar un gesto de confianza y de credibilidad para los mercados. Para Econviews, esa podría no ser la prioridad este año para el Gobierno. “El riesgo país arriba de 1.450 puntos muestra que se pueden comprar reservas mientas YPF hace una restructuración de deuda que el mercado no bendice, la Provincia de Buenos Aires lleva un año negociando con 11 prórrogas a su plan de pagos y los bonos soberanos están a precios de ‘recovery’”, señaló Econviews en su informe. “El mercado parece haber comprado esta teoría de que cuanto mejor, peor. De otra manera, la reacción a la soja cara debió haber sido positiva. Nuestras estimaciones indican que el ingreso por retenciones a las exportaciones puede pasar de 1.48% del PBI a 2.2%. Esos casi tres cuartos de punto (de mejora) van derecho a los bolsillos del gobierno federal. Sin embargo, los precios de los bonos soberanos tienen implícito que la probabilidad de un acuerdo cayó y que buena parte de esos recursos adicionales serán gastados, por ejemplo, en más subsidios a la energía”, concluyó la consultora. (Infobae)