Amnistía Internacional (AI), con sede en Londres, fue una de las organizaciones de derechos humanos que primero denunciaron que el plan de vacunación de Israel excluye a los casi cinco millones de palestinos que viven en Cisjordania y la Franja de Gaza bajo la ocupación militar israelí. Desde el comienzo de la pandemia hace 10 meses, casi 1000 palestinos en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) han muerto a causa del virus. AI dice que el gobierno israelí debe dejar de ignorar sus obligaciones internacionales como potencia ocupante y actuar de inmediato para garantizar que las vacunas de covid se proporcionen de manera equitativa y justa a los palestinos que viven bajo su ocupación en Cisjordania y la Franja de Gaza. Saleh Higazi, subdirector regional de AI para Oriente Medio y África del Norte, señala que el programa de inmunización de Israel destaca la discriminación institucionalizada que define la política del gobierno de Tel Aviv hacia los palestinos. “Mientras Israel celebra una campaña de vacunación sin precedentes, millones de palestinos que viven bajo el control israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza no recibirán ninguna vacuna o tendrán que esperar mucho más », afirmó antes de señalar que difícilmente podría haber una mejor ilustración de cómo se valoran las vidas israelíes por encima de los palestinos. Ramzy Baroud, editor de The Palestine Chronicle, dijo a IPS que la exclusión de Israel del acceso a las vacunas del pueblo palestino ocupado es totalmente coherente con la trayectoria de racismo de Israel, donde los palestinos son explotados por su tierra, agua y mano de obra barata, mientras que nunca se incluye dentro de las prioridades de Israel, incluso durante una pandemia como la de covid. “Con frecuencia hablamos del apartheid de Israel, a menudo ilustrando eso en términos de muros gigantes, vallas y puestos de control militares que enjaulan a los palestinos. Pero en Israel, el apartheid es mucho más profundo ya que llega a casi todas las facetas de la sociedad donde los judíos israelíes, incluidos los colonos, son tratados mucho mejor que los palestinos, ya sea que vivan en Israel o en los territorios ocupados », señaló. “Excluir a los palestinos de una vacuna que es necesaria para salvar la vida de miles de personas es parte del apartheid israelí prolongado y sistémico y la discriminación racial », dijo Baroud, también investigador principal no residente del Centro para el Islam y Asuntos Globales, al igual que en el Centro Afro-Medio Oriente. Hasta el 3 de enero de 2021, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 159 034 palestinos en los TPO, incluida Jerusalén Oriental, han dado positivo hasta ahora de covid-19 desde que se confirmó el primer caso en marzo de 2020. Como las autoridades palestinas en Cisjordania y la administración de facto de Hamas en la Franja de Gaza no pueden financiar de forma independiente las vacunas y su distribución entre la población palestina, dependen de mecanismos de cooperación mundial, como la alianza de inmunización Covax, que aún no ha comenzado a distribuir vacunas, dijo Amnistía Internacional. “Israel debe proporcionar un apoyo financiero completo para garantizar que la vacuna se distribuya rápidamente a la población palestina sin discriminación. Israel también debe levantar el bloqueo en la Franja de Gaza para permitir el correcto funcionamiento de su sistema de salud frente a la pandemia”, insistió Higazi El sistema de atención médica de Gaza, sometido a medio siglo de ocupación y más de una década de bloqueo, ya no puede satisfacer las necesidades de su población. La pandemia y la falta de un acceso justo a las vacunas solo han magnificado la discriminación y la desigualdad que enfrenta la población palestina, planteó la organización humanitaria. Mientras tanto, 10 oenegés de derechos humanos instan a las autoridades israelíes a que cumplan con sus obligaciones legales y garanticen que se proporcionen vacunas de calidad a los palestinos que viven bajo la ocupación y el control israelíes en Cisjordania y la Franja de Gaza también. Las 10 organizaciones incluyen Adalah (Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel), el Centro Al Mezan de Derechos Humanos, Amnistía Internacional Israel, B’Tselem (Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupado), el Centro Legal de Gisha para la Libertad de Movimiento, Abogados por los Derechos Humanos Palestinos, Red Médica de Derechos Humanos, Médicos por los Derechos Humanos, y el Centro Israelí y Palestino por los Derechos Humanos. Baroud afirmó que Israel ha manejado muy mal desde el comienzo de la pandemia la atención sanitaria en los TPO y ahora Tel Aviv suma el acceso discriminatorio de las vacunas. En Cisjordania, aseguró, los soldados israelíes demolieron repetidamente las clínicas improvisadas palestinas, cuyo objetivo era realizar pruebas de detección de covid, confiscaron equipos y restringieron el movimiento esencial para que las pruebas sobre contagios estuvieran disponibles en las áreas más afectadas. En Gaza, que ha estado bajo asedio israelí durante muchos años, añadió, el problema fue aún más grave, ya que la población de dos millones de personas tuvo que hacer frente a los estragos de la enfermedad sin contar con pruebas sobre el contagio y, menos todavía, medidas y tratamientos para contenerlo. Baroud destacó que el comportamiento del gobierno israelí también es negativo para sus propios ciudadanos porque estos están en constante contacto con los palestinos, mediante la ocupación militar y otras interacciones. No se puede contener la pandemia en Israel si continúa propagándose en Palestina. El coronavirus no respeta los controles israelíes, con muros, puestos de control y otras medidas coercitivas, autor de cinco libros sobre el conflicto árabe-israelí y la situación de la población palestina. “Las opiniones de los grupos marginados deben estar a la vanguardia de cualquier toma de decisiones, para garantizar que las políticas nacionales de vacunas no sean excluyentes ni discriminatorias. Todos los Estados deben enfrentar las desigualdades existentes para garantizar que todos tengan acceso a las vacunas”, subrayó por su parte Higazi, de AI. A principios de diciembre, Israel llegó a un acuerdo con la compañía farmacéutica Pfizer para adquirir ocho millones de dosis de su vacuna anticovid, suficiente para inmunizar con la doble dosis necesaria a casi la mitad de la población, que no llega a los nueve millones. Además, el gobierno de Tel Aviv llegó a un acuerdo con la farmacéutica Moderna adquirir otras seis millones de dosis de su vacuna, suficiente para inmunizar a otros tres millones de personas, destacó Amnistía Internacional. A medida que se acelera la carrera para poner las vacunas, AI pide a los Estados y laboratorios farmacéuticos que se aseguren de que a nadie se le niegue el acceso a la atención médica, incluidas las vacunas, por su lugar de residencia, quiénes son o lo que ganan. (IPS)