Los proyectos que requerirán mayor trabajo parlamentario van a quedar para el mes que viene. Por eso dos de los asuntos importantes para el kirchnerismo duro, como la Reforma Judicial y la Ley de la Procuración General, recién comenzarán a negociarse en febrero en las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación. Mientras tanto, a partir de la reunión de comisiones que se efectuará el lunes próximo, 19 de enero, la bancada peronista en Diputados privilegiará ciertos temas económicos y alimenticios incluidos en las sesiones a las que convocó Alberto Fernández, y después buscará consensos con la oposición para lograr que la Reforma Judicial y las modificaciones a la Procuración puedan ser sancionadas antes del comienzo de la campaña electoral. Tal lo anunciado por Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados, en los últimos días de diciembre, las sesiones extraordinarias se iniciarían formalmente con el tratamiento de la Ley de Biocombustibles. Ese proyecto fue aprobado por unanimidad en el Senado y dispuso una prórroga del “Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles en el territorio de la Nación Argentina”. Es una iniciativa que fija beneficios impositivos para los productores de las 54 plantas de Biodiesel y que por unanimidad en la Cámara Alta se postergarán hasta fines de 2024. Se cree que en Diputados este proyecto será sancionado sin mayores inconvenientes. El segundo tema a considerar será el proyecto que el ministro de Economía, Martín Guzmán, apoya para fomentar nuevas construcciones a través de incentivos fiscales. Y el tercer asunto parlamentario al que se dará prioridad es el “Financiamiento del Sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina: inversión en recursos humanos, infraestructura, proyectos y desarrollos”. Se trata de una ley que busca acordar el financiamiento del sector científico-tecnológico. En este último proyecto se pretende que mediante una escala progresiva en 2032, el 1% del PBI esté destinado a la Ciencia. Otra de las iniciativas que tienen que ver con lo económico es la que pretende establecer un aumento del 35,3% tanto en las cuotas como en las escalas del Monotributo. Mientras esta agenda legislativa se va cumpliendo, Massa y los titulares de todas las bancadas definirán si continúan las sesiones presenciales o si hay un retroceso hacia las sesiones virtuales como se hizo desde abril y casi hasta fines de 2020. Todo dependerá de si se produce un aumento significativo en el número de los contagios y los muertos causados por el COVID-19 y su probable segunda ola en la Argentina. Además de los proyectos de carácter económico, y los vinculados a la Reforma Judicial, Alberto Fernández habilitó otras iniciativas referidas al etiquetado frontal de alimentos para advertir sobre el consumo de los azúcares y una propuesta de reforma de artículos a la ley de Defensa de la Competencia. También está previsto en la Cámara Baja analizar un proyecto que otorga por única vez un beneficio extraordinario a los familiares de los 44 tripulantes del Submarino ARA San Juan que murieron tras su abrupto hundimiento en el Océano Atlántico Sur. Por último, los legisladores podrán discutir el proyecto de ley por el cual se aprueba el régimen de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes y el de presupuestos mínimos para la implementación de la Educación Ambiental. La primera sesión extraordinaria está prevista en Diputados para el 20 de enero. La bancada oficialista apunta a lograr un consenso político con los bloques de opositores que permita aprobar -en el mayor número posible- las iniciativas enviadas por Balcarce 50. Esa búsqueda de consenso incluye la posibilidad de tratar -antes del 28 de febrero- la Reforma Judicial y las modificaciones introducidas en la ley de la Procuración General. Desde la bancada de Juntos por el Cambio ya replicaron que sólo apoyaran iniciativas que impliquen beneficios para empresas que sufren las consecuencias económicas del COVID-19. En un año electoral, la oposición parlamentaria no hará nada que pueda otorgarle un beneficio político al Gobierno vinculado al Poder Judicial y sobre todo a las causas que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, tiene abiertas en Comodoro Py. (Infobae)