"Sufrimos las nefastas consecuencias de un modelo económico, impuesto por un régimen y una ideología de corte comunista que nos ha empobrecido a todos, especialmente a los más débiles. Vemos un grupo minoritario que se va enriqueciendo en detrimento de la mayoría", advirtió este lunes la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV). El clero católico, que cuenta con el respaldo del Papa Francisco, reclama cambios urgentes en materia política, económica y social pese a la puesta en marcha de la nueva hoja de ruta promovida por Nicolás Maduro, que incluye represión, elecciones al estilo chavista y el falso diálogo bolivariano, ya sufrido por el Vaticano: en 2016 el chavismo no cumplió uno solo de los acuerdos alcanzados con la oposición y con la Iglesia como mediadora. "La instalación de una Asamblea Nacional que carece de fundamento democrático en medio de un revanchismo, de una descalificación hacia líderes de la oposición, de amedrentamientos y de amenazas de persecución no ayuda a resolver los problemas del pueblo ni crea confianza para la recuperación del país", denunciaron los obispos tras los acontecimientos de la semana pasada, durante los cuales el chavismo impuso el Parlamento fraudulento salido de las elecciones del 6-D (con "serias irregularidades, poco concurrido, desconocido por un vasto sector internacional, que no expresan el querer del pueblo ni reflejan el pluralismo social"). La Iglesia Católica también destaca la consulta popular promovida por el gobierno interino y el Parlamento legítimo, que contó con una "muy significativa participación", aunque no se avizora "en un futuro inmediato la concreción de los resultados". Para la CEV es imprescindible la puesta en marcha de una transición democrática "que nos lleve cuanto antes a unas elecciones presidenciales y parlamentarias en condición de libertad e igualdad". "Es notorio cómo se han deteriorado la calidad de vida, educación, salud y servicios básicos. Padecemos una inflación indetenible y una devaluación que ha empobrecido a toda la población", recuerdan los obispos ante el empeño gubernamental y de sus socios internacionales de culpar a las sanciones de EEUU y al desafío del Parlamento y de Juan Guaidó el colapso nacional que sufre Venezuela. El país con mayores reservas de petróleo del planeta y de las principales en oro, diamantes, gas y coltán inicia su octavo año en recesión económica y cumple 38 meses en hiperinflación, cuando la presidencia encargado se proclamó hace casi dos años. Los obispos no dudan en señalar al "Plan de la Patria" de la revolución como causante de buena parte de los males nacionales. El cardenal Baltazar Porras, arzobispo de la capital, se adelantó unas horas a la exhortación pastoral, suscrita por sus compañeros para criticar la andanada del poder bolivariano contra ocho medios independientes, que ha provocado el cierre del canal VPI TV, el único que emitía información que no está bajo control del régimen. La Iglesia Católica es la institución más respetada en el país, según las encuestas. Los obispos no se olvidan de los derechos humanos y quienes lo defienden, "víctimas de persecución y descalificación violenta y opresora, del acoso y la extorsión", sin olvidar las torturas y asesinatos "presuntamente cometidos por funcionarios del actual gobierno". La CEV reclama que las ONG puedan trabajar sin el habitual hostigamiento revolucionario. "Todo esto ha llevado al aumento de la migración forzada, que en vez de ser protegida es objeto de vejación por los agentes policiales y militares a lo largo del camino. Esta migración es la prueba del gran fracaso de las políticas públicas (económicas y sociales) ejecutadas por el gobierno", añaden. Los obispos defienden en su pastoral el derecho a no emigrar como un nuevo derecho humano, tal y como ha propuesto el papa Francisco en la encíclica "Fratelli Tutti", tanto para los miles de caminantes que ya están en la carretera buscando un mejor futuro como para los balseros de la costa de Güiria. La Organización de Estados Americanos (OEA) teme que durante 2021 la diáspora venezolana rompa el techo de los siete millones de emigrantes y se convierta en la mayor del siglo. (Reuters)