El Gobierno decidió curarse en salud y ya de entrada decidió mostrar las cartas con las que piensa jugar el 2021. El objetivo de Martín Guzmán es que no le pase lo del año pasado, cuando una mezcla de inexperiencia y fuerte crisis desatada por la pandemia lo hizo correr todo el tiempo detrás de los acontecimientos. La economía lo terminó pagando con una fuerte crisis cambiaria, una recesión de más del 10% y un gran deterioro social. Además, la inflación empezó a ganar velocidad en el último trimestre. Con la tonelada de soja a 500 dólares y tasas de interés en los valores más bajos de la historia, la lógica indicaría que es momento de aflojar el cepo cambiario y favorecer el ingreso de capitales. Pero la desconfianza de los inversores no permite semejante lujo. Por las dudas, Miguel Pesce tomó el camino contrario y terminó derribando el último “bastión” de acceso al mercado cambiario oficial: las importaciones. El mensaje es claro: se va a un cierre total de la economía y los dólares a precio oficial quedan reservados estrictamente para las importaciones de bienes vinculados a los procesos productivos. No se trata sólo de una decisión totalmente lógica de impedir el acceso a productos como jets privados, barcos o autos importados de lujo. Es más, llama poderosamente la atención que no se haya resuelto hace ya varios meses. Suena increíble que haya algunos privilegiados que pudieron llevar adelante estas importaciones a lo largo del 2020, pagando casi la mitad del precio en dólares real de estos bienes suntuarios. Más extraño aún que tanto en el Central como en la AFIP hayan hecho la vista gorda. A fines del año pasado, el Gobierno enfrentaba un dilema de hierro. O aceptaba una devaluación más acelerada del tipo de cambio oficial o debía imponer más restricciones para cuidar las reservas. Eligió este último camino porque supone que es el más indoloro para llegar a las elecciones de octubre Pero las restricciones al ingreso de productos importados fue mucho más allá e involucró a un “conjunto de bienes finales”, tal como lo definió el propio Central. El monto que representan estos productos suma -siempre según las cifras oficiales- unos USD 300 millones mensuales, a lo que deben sumarse otros USD 25 millones adicionales por los bienes suntuarios. La cifra representa alrededor del 8% de todas las importaciones por mes, es decir un volumen significativo. Una de las razones que llevó a Pesce a endurecer todavía más las restricciones cambiarias está relacionada con lograr un superávit comercial algo más holgado, luego de la caída de los últimos meses. Es el efecto de la brecha cambiaria, que alienta las importaciones y al mismo tiempo desalienta a los exportadores, que se ven obligados a liquidar al tipo de cambio oficial. Con una brecha que sigue arriba del 90%, tarde o temprano el superávit comercial tiende a desaparecer. Para prolongar un poco más la agonía directamente se prohíbe el ingreso de determinados productos. “Vivir con lo nuestro” Pero la otra razón está vinculada con una política estrictamente local. Quien estuvo detrás de las restricciones para importar bienes finales fue el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en lo que se encamina a convertirse en una nueva edición del famoso “vivir con lo nuestro”. Aquella máxima del economista Aldo Ferrer se intentó una y mil veces, siempre con el mismo final: un estrepitoso fracaso. ¿Qué llevaría a que esta vez esa política de sustitución de importaciones funcione? Nadie aún ensaya una respuesta. El mayor proteccionismo favorecerá una vez más a los fabricantes de Tierra del Fuego, a expensas de los consumidores, que tendrán menos oferta para elegir y precios más altos. A la larga también se resienten las reservas, por el alto componente de insumos importados de esta industria A partir de ahora ya no se podrán importar lavavajillas, ni heladeras, freezer, hornos eléctricos, microondas o celulares y computadoras de alta gama. No alcanzó con el impuesto interno del 17% que se impuso antes de fin de año para los productos finales importados. Ni siquiera así es competitiva la industria nacional, por lo que directamente se optó por prohibirlos. Mirando al Sur El guiño a los fabricantes de Tierra del Fuego es clarísimo. Fueron los grandes aliados de Cristina Kirchner durante su gestión hasta el 2015 y ahora vuelven con sus privilegios. La excusa será, por supuesto, cuidar el empleo nacional, aunque difícilmente una medida de estas características esté enfocada en el consumidor. Las consecuencias ya empiezan a ser notorias. La oferta de línea blanca y electrónicos es mucho más escasa y los precios no tardarán mucho en subir sostenidamente ante la falta de producto. Es la historia que se repite en la Argentina una y mil veces. Pero los números nunca cierran. Este tipo de industria es altamente ineficiente por la distancia del puerto de Buenos Aires (más de 3.000 kilómetros) y además demanda un enorme volumen de insumos importados para la producción. En otras palabras, lo que se ahorra prohibiendo el ingreso de productos finales se terminará perdiendo por el lado de los insumos. En el medio, como siempre pierden los consumidores. En el corto plazo, el Gobierno puede ser más o menos exitoso para evitar una megadevaluación o que la inflación no pegue un salto exagerado. Pero sin señales para atraer inversiones, todas estas victorias serán de corto plazo. A la larga, los desequilibrios acumulados terminan pasando grandes facturas A fines del año pasado, el Gobierno enfrentaba un dilema. O avanzaba hacia una devaluación del tipo de cambio oficial o estaba obligado a endurecer drásticamente los controles cambiarios para proteger a las reservas. La decisión es más que obvia. No habrá devaluación brusca del tipo de cambio oficial al menos hasta las elecciones de octubre, pero el costo será una economía cada vez más aislada del mundo y con restricciones crecientes. El cierre de la economía va acompañado, además, con fuertes decisiones tendientes a controlar de cerca los precios. El objetivo para 2021 es alinear salarios, jubilados e inflación en torno al 30%, en línea con lo establecido en el Presupuesto. Pero eso es imposible sin pisar un año más las tarifas, admitiendo subas casi intrascendentes y regulando también precios de servicios como telefonía móvil, internet y prepagas. También se está terminando de negociar con las grandes alimenticias cómo será el descongelamiento gradual de precios que permita salir en forma ordenada del programa Precios Máximos. Evitar una nueva pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones es imperioso para mejorar las chances electorales del Gobierno en octubre. Luego de tres años de fuertes pérdidas contra la inflación, otro golpe a los ingresos tendría consecuencias muy duras sobre el electorado, especialmente en la clase media, pero también entre los sectores más vulnerables. Pero los desafíos que enfrenta la Argentina van más allá del cepo o de la inflación. Tal como lo señaló ayer el Foro de Convergencia Empresarial, el problema de fondo está vinculado con la intromisión del Estado en la economía y la dificultad para invertir en un contexto de alta incertidumbre. Sin inversiones y sin crecimiento genuino, tanto el “perfeccionamiento” del cepo como las maniobras para frenar el fuerte proceso inflacionario tienen patas cortas. Tarde o temprano los desequilibrios emergen y generan impactos peores de los que se quieren evitar. (Infobae)