La realidad demuestra entonces que es necesaria la participación de actores privados que aporten experiencia y recursos en la apuesta por optimizar la economía rural. Esta premisa resulta controversial, sobre todo porque después del colapso del programa Agro Ingreso Seguro quedó la sensación de que cualquier alianza con grandes productores iría en detrimento de los pequeños y medianos. Sin embargo, el país no puede condenar para siempre las alianzas público privadas para mejorar la productividad del campo ni negarse a estructurar nuevos programas por el miedo que produce repetir errores del pasado. La Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) es una actividad que requiere de un delicado equilibrio de condiciones sociales, ambientales y de mercado para que provea sustento digno a quienes se dedican a ella; y lo cierto es que tal equilibrio no puede ser garantizado solo con intervención pública. Las alianzas con actores privados son determinantes para desarrollar programas de extensión agropecuaria[2], garantizar la comercialización adecuada de las cosechas, regular volúmenes de producción que eviten disminuciones abruptas de precios por sobreoferta, entre otros aspectos que permiten obtener el mayor provecho de la agricultura campesina. En este sentido, el Estado debe empezar a llevar a un siguiente nivel los Programas de la ACFC, combinando los proyectos de asistencialismo puro-entrega de semillas e insumos, construcción de infraestructura básica, sustitución de cosechas por plagas, etc.-, con iniciativas que mejoren la productividad del campo en su conjunto, mediante procedimientos que tecnifiquen la labor agropecuaria y optimicen las condiciones de comercialización. Este propósito solo puede concretarse si se trabaja de la mano con el mercado, lo que implica para el Estado asumir un papel de coordinación, regulación y vigilancia que asegure que los esquemas de participación entre grandes, medianos y pequeños productores realmente generen ganancias para cada uno de los actores y, además, que dichas ganancias sean repartidas atendiendo parámetros progresivos, es decir, que los pequeños y medianos productores reciban beneficios que no solo les permitan recuperar costos, sino que contribuyan a la construcción de valor -tanto en activos como en capital- en lo que sería un real esquema de redistribución de la riqueza. Es precisamente en la estructuración de programas, que involucren a todos los actores del sector agropecuario y que corrijan las distorsiones del mercado mediante la intervención efectiva y eficiente de las entidades públicas, que es posible empezar a solucionar de manera consistente la inequidad rural del país. El gran reto en este caso es que las entidades públicas funcionen realmente como reguladores objetivos e imparciales, que protejan a los pequeños y medianos productores de la posición dominante que ejercen los grandes, es decir, que el Estado cumpla su función natural, que se ha difuminado con los años y que se ha confundido con la adopción de programas que apenas resuelven de manera superficial los dilemas de la productividad rural. Es necesario anotar que apuestas de este tipo ya se están dando en el país. Por ejemplo, en el Departamento del Atlántico se inició la titánica labor de recuperar los Distritos de Riego del embalse del Guajaro, inutilizado durante años pese a ser el cuerpo hídrico más importante del Atlántico en dónde las lluvias escasean la mayor parte del año, para crear condiciones que permitan mejorar la productividad de la región y generar esquemas asociativos, en los que los grandes productores juegan un importante papel en el jalonamiento de la agricultura de pequeña y mediana escala. Esta iniciativa pública departamental busca aprovechar la experiencia y fortaleza de aliados privados para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los campesinos atlanticenses. Vale decir que este es un esfuerzo que hasta ahora inicia y que solo el pasar de los años permitirá evaluar, pero se resalta la intención de pensar la agricultura como una actividad que abarca mucho más que el simple desarrollo de programas asistencialistas y que reivindica el papel del campesino, que pasa de ser un beneficiario de ayudas puntuales a una pieza clave en el engranaje económico del país y en cualquier apuesta que se haga por mejorar la vida y la economía rural. (El Espectador)