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Así, buscará cerrar un año marcado por las reestructuraciones de los títulos en dólares, el inicio de la negociación con el FMI, las presiones devaluatorias, una emisión monetaria récord para fondear el rojo generado por la pandemia y la reconstrucción del mercado de deuda en pesos.
La Secretaría de Finanzas, a cargo de Diego Bastourre, saldrá en busca de al menos $125.000 millones a través de cuatro letras: una Ledes, una Lepase y dos Lecer. Aunque el monto es ampliable. La intención es rollear los vencimientos del miércoles y jueves próximo por $125.304 millones de una Ledes y por $16.140 millones de intereses de los bonos Cuasipar y Discount en pesos.
Desde comienzos de noviembre acumula financiamiento neto en sus colocaciones de deuda de unos $65.000 millones, lo que equivale a un roll over del 114%. De esta forma, se ubica muy cerca del objetivo de al menos el 110%: el 10% de fondeo neto por sobre los compromisos del bimestre se usarán para cubrir una parte del rojo primario y de haber un excedente adicional irá a cancelar AT.
La intención de Martín Guzmán es mostrar de cara al mercado y el FMI el inicio de un proceso de menor dependencia de la asistencia del BCRA para cubrir el agujero fiscal. La reducción de la emisión monetaria, junto al recorte del déficit, es una de las principales exigencias del organismo. Hasta noviembre, los giros de la entidad que preside Miguel Pesce financiaron casi el 90% del rojo primario de 5,3% del PBI derivado del desplome de la recaudación y el paquete de emergencia para paliar la coronacrisis, que en los últimos meses comenzó a ajustarse.
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La principal carta que exhibe el Palacio de Hacienda ante el mercado es la reconstrucción del mercado de deuda en pesos, tal como destacaron Guzmán y Bastourre en los últimos días. Luego del reperfilamiento que hizo el Gobierno de Cambiemos en agosto de 2019, tras la derrota en las PASO, el acceso al crédito en moneda local estaba prácticamente cerrado. “La curva de rendimientos de instrumentos en pesos se encontraba completamente desarbitrada, con tasas insostenibles con la producción y el nivel de actividad”, señaló un reciente informe de Finanzas.
A lo largo del año, la normalización de la curva implicó un crecimiento sostenido del ratio de refinanciamiento, que pasó del 61% en el primer trimestre del año a alcanzar un máximo de 246% en el mes de octubre y al 105% en noviembre. Para el próximo año, el objetivo oficial –si se concreta el incremento buscado de los préstamos de bancos multilaterales- es conseguir en el mercado los fondos suficientes para cubrir el 60% del déficit primario, previsto en 4,5% del PBI.
El otro punto sobre el que busca apoyarse el Gobierno es la incipiente tregua cambiaria. Luego de una corrida que implicó fuertes presiones devaluatorias y una sangría de reservas de cerca de USD4.000 millones entre julio y noviembre, en diciembre el Central volvió a comprar dólares (acumula USD400 millones). Para ello, se apoyó en los controles cambiarios, la estacionalidad favorable y cierta contención de las expectativas reflejadas en el retroceso de la brecha entre el CCL y el mayorista al 68%, un nivel aún muy elevado pero lejano al pico de 132% de fines de octubre.
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El gran eje de la política económica de los primeros tres trimestres fue la reestructuración de la deuda en moneda extranjera con acreedores privados por USD107.000 millones en total. En particular, la negociación del canje de títulos bajo legislación extranjera con los grandes fondos de Wall Street liderados por BlackRock. Luego de una dura pulseada, que incluyó la concesión de más de USD10.000 millones desde la oferta original de abril, en septiembre se concretó la operación con una adhesión del 93,5%. El golpe de efecto buscado duró poco producto de las fuertes tensiones cambiarias desatadas.
Como resultado, el 99% de la deuda quedó reestructurado, con una quita pequeña en el capital y un recorte superior al 50% en intereses, más un año de gracia para el pago de los cupones y cuatro para el de capital. Hasta 2025, implicó un alivio en los compromisos en moneda extranjera de USD42.500 millones, que el Gobierno buscará usar para ganar tiempo para la recuperación de una economía que acumula tres años de recesión y acumular reservas antes de que comiencen a crecer los vencimientos anuales de deuda.
Para lograrlo, será clave el resultado de la negociación con el FMI. Tanto para posponer el pago de los USD45.000 millones del stand by firmado en 2018 por Mauricio Macri, que se concentran entre 2021 y 2023, como para determinar cuáles serán las condicionalidades finalmente impuestas ya que un mayor ajuste fiscal podría complicar la propia reactivación pospandemia. (BAE)