El final agónico de las negociaciones entre la UE y el Reino Unido sobre las relaciones comerciales después del Brexit ha entrado este viernes en la fase de las amenazas de veto, por parte de Francia, y la descarga de responsabilidades ante un posible fracaso. Las dos partes siguen reunidas en Londres donde mantienen “una intensa ronda de contactos” y confían en alcanzar un acuerdo en los próximos días, a tiempo para que sea ratificado por el Parlamento Europeo y el británico antes de final de año. Pero las capitales de la UE, en particular París, advierten al equipo negociador europeo, liderado por Michel Barnier, que cualquier concesión de más a los británicos se topará con el rechazo de los socios europeos. El Gobierno de Emmanuel Macron exige garantías de que el Reino Unido no se embarcará en una competencia desleal una vez fijado el acuerdo y reclama un acceso de los pescadores europeos a las aguas británicas similar al disfrutado antes del Brexit. Si no se cumplen esas condiciones, Francia vetará el acuerdo, lo que abocaría a una ruptura comercial abrupta el próximo 31 de diciembre, cuando expira el período transitorio que mantuvo el statu quo tras la salida del Reino Unido de la UE el pasado 31 de enero. “Hay que prepararse para el riesgo de un escenario de no acuerdo”, ha advertido este viernes Clement Beaune, secretario de Estado francés para Asuntos Europeos y mano derecha de Macron en todo lo relacionado con la agenda de Bruselas. Beaune avisa de que si el acuerdo no es bueno, se opondrán. Y París se reserva el derecho a hacer su propia valoración más allá de la recomendación a favor que pueda hacer el negociador europeo sobre el texto final. “Haremos nuestra propia evaluación del proyecto de acuerdo, se lo debemos a los franceses, a los pescadores y a otros sectores económicos”, ha añadido el secretario de Estado francés. La amenaza de veto francés obliga al equipo de Barnier a extremar la cautela en la letra pequeña de un acuerdo que será revisado con lupa por todas las capitales europeas. La inquietud en algunas de ellas es evidente, aunque, de momento, ninguna parece compartir el aparente disgusto de Francia. “Los negociadores han llegado a posarse en algunas de las líneas rojas de su mandato, pero no se han cruzado esas líneas rojas”, concluye un diplomático europeo. La amenaza de veto francés marca un simbólico broche final a más de seis décadas de turbulenta relación entre el Reno Unido y el continente. La Francia del general De Gaulle fue el país que en 1967 impidió la entrada del Reino Unido en la entonces llamada Comunidad Económica Europea. Y mantuvo la puerta cerrada hasta 1973, cuando finalmente se permitió su ingreso. Ahora París amenaza con impedir una relación comercial privilegiada, que permitiría al país vecino colocar sus productos en el mercado europeo (más de 450 millones de habitantes) sin cuotas de exportación ni arancel alguno. A cambio de ese privilegiado acceso, Francia exige contrapartidas, entre otras cosas, en política pesquera. Londres desea restringir al máximo el acceso a sus aguas de los barcos europeos, que suponen más del 50% de capturas en esos caladeros. Johnson quiere, además, que las cuotas de pesca europea se negocien año a año, lo que sembraría la incertidumbre en el sector pesquero europeo. Entre los ocho países afectados (Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Irlanda, España y Portugal), la flota francesa sería la más perjudicada porque le corresponde casi un 30% del valor total de las capturas europeas. Para flotas más pequeñas, como la de Bélgica, el impacto también sería brutal porque obtiene el 50% de su facturación en aguas británicas. El regate en ese intercambio de concesiones mutuas entró el pasado domingo en una recta final tan larga como minada. El equipo de Barnier llegó a Londres, tras una pausa provocada por un caso de covid, dispuesto a limar los últimos contenciosos, relativos al control de las ayudas de Estado, el alineamiento regulatorio del Reino Unido con la UE, el sistema de vigilancia de cumplimiento de los acuerdos y, el más simbólico y tangible: las cuotas pesqueras en aguas británicas. Fuentes de la negociación aseguran que se ha avanzado en todos esos terrenos polémicos, aunque falta un tramo final tan difícil como incierto. El Gobierno de Boris Johnson ha aceptado, según fuentes europeas, una cláusula de no regresión, que comprometería a Londres a no rebajar los estándares laborales, sociales o medioambientales por debajo del nivel en que se encontraban en el momento del Brexit. Pero el Reino Unido no se compromete a mantener un alineamiento regulatorio a partir del 31 de diciembre, cuando la legislación comunitaria dejará de aplicarse en su territorio. Bruselas también reclamaba el compromiso de Londres con un control a priori de los subsidios públicos, como el que se aplica en la UE, para evitar que las empresas británicas puedan beneficiarse de ayudas del Estado anticompetitivas. Pero Londres se resiste y solo ofrece una vigilancia a posteriori, lo que expone a las empresas europeas a una competencia potencialmente dopada hasta que se detecte el problema. Bruselas ve difícil que Johnson vaya a cambiar de opinión en ese terreno. “Hay que reconocer que ningún país fuera de la UE tiene un control a priori de las ayudas de Estado”, El equipo negociador europeo parece centrar su énfasis en los mecanismos de vigilancia a ambos lados del canal de la Mancha sobre el cumplimiento del futuro acuerdo comercial. Bruselas reclama un mecanismo riguroso, fiable y con aplicación expeditiva para garantizar que Londres no se desmarca de lo pactado después del 1 de enero. Esa exigencia ha ganado fuerza tras el anuncio de Johnson, a principios de verano, de una ley de mercado que, según la Comisión, viola los acuerdos del Brexit en cuanto a las relaciones entre la provincia británica de Irlanda del Norte e Irlanda. Esa presunta violación ha disparado la desconfianza comunitaria hacia Londres y, en particular, hacia la imprevisibilidad del Ejecutivo de Johnson. Tanto Macron, como su secretario de Estado, Clement Beaune, han endurecido el tono desde que las negociaciones volvieron a encarrilarse tras rozar la ruptura durante el verano por el proyecto de ley británico que afectaba a Irlanda. Francia, a ojos de los negociadores británicos, se presenta como el último gran obstáculo para el acuerdo. Fuentes europeas matizan, sin embargo, que la gran incógnita sobre el desenlace final es el cálculo político de Johnson. “El primer ministro británico aún no ha sopesado del todo el rédito que puede obtener de un acuerdo o de una ruptura”, señala una fuente involucrada en la negociación. Johnson no puede permitirse que el acuerdo provoque ninguna fisura entre las fuerzas conservadoras, un riesgo que ya paralizó en su día el pacto del Brexit y que podría costarle muy caro al líder británico. “Johnson no olvida que los cuatro últimos líderes conservadores –Thatcher, Major, Cameron y May–cayeron como consecuencia de la relación con la UE y casi siempre por una revuelta interna de los tories”, afirma dicha fuente. Si Johnson atisba ese peligro, podría optar por romper la negociación y echar la culpa a la UE y a la República francesa, el enemigo recurrente de la monarquía británica. Bruselas espera que el primer ministro británico no se vea en esa tesitura y que, en cambio, prefiera pasar a la historia como el líder que consumó el Brexit y logró convertirse, con permiso de París, en el único país del mundo con un acceso ilimitado al mercado europeo. (AFP)