En aquel sexenio, recuerda el periódico, el entonces mandatario militarizó la guerra contra las drogas y desplegó al Ejército para combatir a los cárteles. Cuando las desapariciones comenzaron a resurgir, se sospechó de las fuerzas de seguridad; no obstante, los narcotraficantes también estaban secuestrando a las personas. El medio indicó que si bien es fácil culpar a los grupos criminales por esta situación, la verdad puede ser más complicada. En el 2000, cuando los mexicanos salieron a votar por un Gobierno de transición, la joven democracia mexicana no logró construir un sistema de justicia profesional con policías y fiscales bien especializados. También señaló que actualmente solo alrededor del 1 por ciento de los delitos son denunciados y resueltos. Además, de acuerdo con el diario, en México son encontradas dos fosas clandestinas al día en promedio. Las madres de los desaparecidos, apuntó Washington Post, fueron quienes lograron que los funcionarios tomaran medidas ante la situación, lo cual llevó a que a finales del gobierno de Enrique Peña fuera creada la Comisión de Búsqueda. Y fue el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador el que se comprometió a realizar un esfuerzo más serio con respecto a las desapariciones, teniendo como primera promesa la resolución del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. Karla Quintana llegó a la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda en esta administración, y desde ahí contrató a programadores, analistas de datos y abogados con el fin de consolidar y actualizar los datos sobre desaparecidos, indica el periódico. No obstante, se encontró con que muchas fiscalías estatales no enviaron las cifras, pues en algunos casos los sistemas informáticos no se comunicaron con los del Gobierno federal, mientras que en otros los registros eran desastrosos. También se topó con funcionarios corruptos y con la indiferencia burocrática, apuntó el periódico. Pero la comisionada, agregó el Post, ha logrado dar algunos pasos como la creación de comités de búsqueda gubernamentales en los estados, así como el reconocimiento de México a la autoridad de Naciones Unidas para investigar las desapariciones, y el financiamiento para la identificación de cuerpos. Por su parte, familiares de los desaparecidos han manifestado que si bien hay un avance en la búsqueda por parte del Gobierno, no hay una estrategia de Estado que involucre a todas las instituciones. El 13 de julio de este año Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, informó que desde la década de los años 60 y hasta ese momento continuaban como no localizadas 73 mil 201 personas. Pero esta cifra ha venido aumentando conforme avanza el tiempo, puntualizó el Post. (The Washington Post)