Unas treinta plantas productoras de biodiésel repartidas en todo el país, en situación de crisis y paradas desde finales de julio pasado -con suspensión y licencia del personal-, aguardan en breve una respuesta de la Secretaría de Energía, a cargo de Darío Martínez, para definir un esquema de precio y restablecer el corte en el diésel con un 10% de biocombustible, algo que hoy no se cumple. La propuesta presentada por las pymes que elaboran biocombustibles fue establecer un acuerdo con metas de producción y precio para que en un plazo de tres meses reanudar la actividad del sector. Francisco Jáuregui, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), reconoció en diálogo con Infobae que “la crisis se profundiza, y estamos lejos de resolverla: sí hemos logrado entrar en contacto con la Secretaría de Energía, algo que no sucedía desde hace diez meses. Eso cambia drásticamente el panorama, por lo menos en las formas, ya que es positivo que las autoridades nos atiendan y reciban”. “Hoy las empresas que forman parte de CEPREB estamos en producción cero, ya que hace más de tres meses las Pymes productoras de biocombustibles no están produciendo nada. El incumplimiento de la ley de biocombustibles por parte de las autoridades llevó a un parate en toda la industria. Lo que se incumple en la ley es la obligatoriedad de mezcla, actualmente en torno al 10% del diésel, y hoy este nivel es cero”, agregó. En el encuentro con los funcionarios del área de Energía, los directivos de CEPREB presentaron un par de cuestiones que consideran vitales para reanudar la actividad de las plantas de biocombustibles. En primer término es rever el tema precios: desde el 14 de octubre, la Secretaría de Energía, autorizó un aumento del 10% en los biocombustibles destinados a naftas en el mercado interno. Así el biodiésel para su mezcla obligatoria con gasoil, se fijó en $48.533 por tonelada, mientras que para el bioetanol en base a maíz y caña de azúcar –empleado en naftas– quedó en $32,80. Para CEPREB, el valor del biodiésel debería contar con un piso de $75 mil, y estimaron que el ajuste dispuesto del 10%, un período de casi doce meses sin ajustes, acorta la distancia en la relación precio-insumos-producción, sin embargo, no permitió operar a las industrias, ya que no obedeció a ningún cálculo de efectividad. Uno de los mayores costos que deben enfrentar las plantas de biodiésel está dado por el aceite de soja. Este subproducto oleaginoso refiere el 85% de los costos del sector. Hoy los precios de la soja en la Bolsa de Chicago rondan los 438 dólares para los contratos con vencimiento en enero próximo. Así el precio disponible para el poroto en el mercado local se ofrece a 27.840 pesos por tonelada en noviembre, mientras que en diciembre de 2019, dicho valor se situaba en torno a los 14.626 pesos. Plan Las empresas nucleadas en CEPREB le presentaron un plan a la Secretaría de Energía para volver a operar en un plazo de tres meses. Allí además de reiniciar la producción y contar con un precio de mercado, también piden que se reestablezca el corte progresivo del biodiésel, para pasar en este período del actual nivel de cero en el corte a un porcentaje del 10% como dispone la normativa vigente. Según Jáuregui, “insistimos en un precio que nos permita volver a operar y reestablecer una producción sustentable. Hoy esto no está resuelto. Trabajamos en un esquema de transición para el corto y mediano plazo. Aguardamos ahora la respuesta de Energía. El desfasaje en los precios e insumos es enorme. Hay que darle un marco legal de excepción a la ley. Un tema a discutir es cuál es la fórmula actualizada que permita recomponer el valor de mercado del biodiésel”. A comienzos de noviembre, el Senado de la Nación otorgó media sanción a la prórroga por cuatro años más a la Ley 26.093, que estableció por el término de quince años un Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, y que alcanza al biodiésel, bioetanol y biogás. Dicha norma data de mediados de 2006 y en consecuencia debió decidirse por su continuidad o no. Ahora deberá ser confirmada o no por la Cámara de Diputados. La ley, a la que se le extendería su vigencia, dispone una serie de beneficios impositivos. (Infobae)