El proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas que finalmente vio la luz en el Congreso se cobrará por única vez a personas físicas que tengan declarado al menos 200 millones de pesos. Deberán pagar una alícuota que comienza en el 2 por ciento y aumenta cuanto mayor es el patrimonio personal de las personas, dado que no recae en las empresas. En otros países del mundo se propone avanzar en impuestos progresivos para paliar la crisis histórica del coronavirus y hasta el FMI se alejó de la ortodoxia para pedir por este tipo de impuestos. Alcance El aporte alcanzará a un universo potencial de 9298 personas, según datos de AFIP. Así, con el aporte del 0,02 por ciento de la población el Estado buscará recaudar 307 mil millones de pesos. Se trata del 1,1 por ciento del PBI de este año, y es equivalente a más de tres rondas de IFE, que beneficiaría a 9 millones de personas con 10 mil pesos. Solamente la mitad de esa recaudación (150 mil millones) la pondrían 253 personas humanas que tienen bienes declarados por una suma mayor a los 3000 millones de pesos. La recaudación de ese aporte se destinará en un 20 por ciento a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria, 20 por ciento a las pymes, 15 por ciento a los programas para el desarrollo de los barrios populares, 20 por ciento a becas al programa integral de becas Progresar y 25 por ciento a programas de exploración y desarrollo de gas natural. Se fija que la tasa se elevará al 2,25 por ciento en casos de fortunas entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50 por ciento entre 400 y 600 millones y al 2,75 por ciento en la franja de 600 a 800 millones. La tasa subirá al 3 por ciento cuando los patrimonios oscilen entre 800 y 1.500 millones, al 3,25 por ciento para fortunas de 1,500 millones de pesos a 3.000 millones y, a partir de esa cifra, será del 3,5 por ciento. El total de bienes en el exterior tributará un recargo del 50 por ciento sobre la alícuota que le correspondiera; pero si la persona trae el 30 por ciento de las tenencias financieras que tiene declaradas afuera, el diferencial se elimina y paga por todo como si lo tuviera en el país. Experiencias mundiales Durante todo este año, los oficialismos y las oposiciones de decenas de países de todo el mundo tuvieron propuestas para gravar a las grandes fortunas, ante la necesidad de financiar los gastos del Estado en una de las crisis más severas del capitalismo. Inclusive, hace tan sólo un año cuando todavía no había emergido la pandemia, Elizabeth Warren, una de las precandidatas demócratas para las elecciones de Estados Unidos, lo había planteado. En el último mes, el gobierno de España avanzó en una medida de este tipo. Durante la presentación del presupuesto 2021, plantearon una hoja de ruta expansiva en el gasto público. Subieron tres puntos porcentuales las rentas del capital a partir de 200.000 euros y dos puntos las rentas del trabajo a partir de 300.000 euros. El impuesto de patrimonio subió un punto para las fortunas de más de 10 millones de euros. Las subas podrían alcanzar a 36 mil contribuyentes, el 0,17 por ciento del conjunto, según datos de Ministerio de Hacienda español. En tanto, quienes siguieron de cerca el debate en Argentina fueron las autoridades de Bolivia. El presidente, Luis Arce, quien asumió recientemente, anunció que a partir de 2021 habrá un impuesto para las fortunas superiores a los 4,3 millones de dólares. Estiman que recaerá en 150 personas, el 0,01 por ciento de la población. La diferencia con el caso argentino es que quedará como parte de la base tributaria del país, y no será por única vez. La similitud es que recaerá sobre personas físicas y no empresas. En tanto, cada país busca distintas alternativas para aumentar la progresividad tributaria. Desde la Unión Europea hace meses que buscan que los gigantes digitales tributen, y será uno de los temas de debate a tratar con el flamante presidente, Joe Biden. Hasta el FMI Incluso el Fondo Monetario Internacional se alejó de los paradigmas del Consenso de Washington. La directora gerente del FMI había planteado que los estados gasten “todo lo que puedan”, y ahora muestra preocupación porque “retiren la ayuda” demasiado pronto. El organismo propuso impuestos progresivos para afrontar la desigualdad y reducir la evasión fiscal para acompañar la recuperación económica ante el desplome de la recaudación. “Los Gobiernos deben tomar medidas para mejorar el cumplimiento tributario, y evaluar la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables”, aseguró en octubre el director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, Vitor Gaspar. “Los ingresos resultantes contribuirían a pagar servicios críticos, como las redes de salud y de protección social, en una crisis que ha afectado de manera desproporcionada a los segmentos más pobres de la sociedad”. (Página 12)