Un exsecretario de Defensa mexicano fue arrestado el jueves por la noche después de llegar al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles con su familia, según el gobierno mexicano, convirtiéndose en el primer oficial militar de alto rango en ser detenido en Estados Unidos en relación con la El exfuncionario, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue el secretario de Defensa de México de 2012 a 2018, fue arrestado por funcionarios estadounidenses a pedido de la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) y enfrentará cargos por drogas y lavado de dinero en Estados Unidos, según un funcionario federal de la policía de Nueva York. La noticia no solo arroja una sombra sobre la lucha de México contra el crimen organizado, sino que también pone de relieve las fuerzas de la corrupción que alcanzan los niveles más altos del gobierno. El general Cienfuegos fue secretario de Defensa durante todo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, quien dejó el cargo hace dos años. Es difícil exagerar el daño causado a México. El arresto del general Cienfuegos se produce solo diez meses después de que otro alto funcionario mexicano —que una vez dirigió el equivalente mexicano del FBI— fuera acusado en Nueva York de aceptar sobornos mientras estaba en el cargo para proteger al cártel de drogas de Sinaloa, una de las mafias criminales más poderosas de México. El funcionario, Genaro García Luna, se desempeñó como jefe de la Agencia Federal de Investigación de México de 2001 a 2005 y durante los seis años siguientes fue secretario de Seguridad Pública de México, un cargo a nivel de gabinete. En esa posición, tuvo la tarea de ayudar al presidente de entonces, Felipe Calderón, a crear su estrategia para combatir los cárteles de la droga de su país. Tanto García Luna como el general Cienfuegos tuvieron cargos en los niveles más altos del gobierno mexicano en un momento en que los homicidios alcanzaron niveles históricos, los cárteles de la droga libraron una guerra y, durante el gobierno de Peña Nieto, se ampliaron las operaciones militares. Si los hombres son finalmente condenados, significa que dos de los comandantes de mayor rango y más respetados que supervisaron la guerra contra las drogas en México fueron corrompidos por la delincuencia organizada, al servicio de los mismos cárteles que siguen matando a un número récord de mexicanos. “Nunca ha habido un secretario de Defensa en México arrestado”, dijo Jorge Castañeda, un exsecretario de Relaciones Exteriores. “El secretario de Defensa en México es un tipo que no solo dirige el ejército y es un militar, sino que informa directamente al presidente. No hay nadie por encima de él excepto el presidente”. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, confirmó el arresto en una publicación en Twitter. Dijo que el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, le había dicho el jueves por la noche que el general Cienfuegos había sido detenido. Los cargos exactos a los que se enfrentará el general Cienfuegos no han sido claramente expuestos, y los funcionarios de la DEA no respondieron a las solicitudes de comentarios. “Esto es algo muy grande”, dijo Alejandro Madrazo, profesor del CIDE, una universidad en México. “Los militares se han vuelto mucho más corruptos y mucho más abusivos desde que se declaró la guerra contra las drogas, y por primera vez pueden no ser intocables. Pero no por el gobierno mexicano, sino por el gobierno estadounidense”. El ejército mexicano ha desempeñado un papel fundamental en la seguridad pública desde que comenzó la represión de los cárteles de la droga en 2006, al desplegar soldados en regiones invadidas por la delincuencia organizada. El secretario de Defensa supervisa ese esfuerzo. Las sospechas de corrupción en el ejército mexicano han surgido durante mucho tiempo en conversaciones privadas, pero los militares tienen una extraordinaria cantidad de autonomía, rara vez ceden a las presiones políticas y disfrutan habitualmente de la protección del presidente, quien depende de ellos para la defensa interna de la nación. Con el ejército al frente y en el centro de la lucha contra el narcotráfico, el gobierno mexicano nunca ha construido una fuerza policial efectiva. El uso de soldados entrenados en combate pero no en mantener el orden ha generado sus propios problemas. En diciembre de 2017, México aprobó una ley de seguridad que afianzaba el rol del ejército en la guerra contra las drogas, algo que indignó a las Naciones Unidas y a grupos de derechos humanos tanto a nivel local como internacional, que advirtieron que la medida causaría abusos, dejaría a las tropas en las calles por tiempo indefinido y terminaría por militarizar las actividades policiales en el futuro próximo. El general Cienfuegos defendió al ejército en repetidas ocasiones y dijo que era la única institución que enfrentaba eficazmente al crimen organizado. Al dispararse la violencia por las drogas en años recientes, volvió a pedir una y otra vez que el gobierno otorgara un marco legal que protegiera a las fuerzas armadas al decir que era más necesario que nunca. “Hoy los delitos son de otro nivel e importancia, involucran a muchas personas, a veces hasta familias, y nosotros estamos sin un marco legal”, dijo el general Cienfuegos en marzo de 2018. “Así, nos impiden ayudar”. Pese a ello, el ejército ha sido señalado en repetidas ocasiones por el uso excesivo de la fuerza y abusos de derechos humanos que incluyen acusaciones de ejecuciones extrajudiciales que persiguieron al general Cienfuegos mientras fue secretario de Defensa. Pero ningún alto oficial del ejército mexicano ha sido acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Dichos cargos representarían un nuevo frente en el combate a la corrupción y el extraordinario poder que ejerce el crimen organizado en México. El arresto de Cienfuegos no parece ser producto de una operación conjunta con el gobierno mexicano. El caso contra García Luna, fue resultado directo de las declaraciones presentadas en el juicio en Nueva York del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, más conocido como el Chapo, líder del Cártel de Sinaloa. La mañana del viernes no estaba claro si el arresto del general Cienfuegos estaba relacionado al caso contra Guzmán, quien fue condenado en febrero de 2019 después de un juicio que duró tres meses en la Corte de Distrito Federal en Brooklyn. El juicio contra Guzmán exhibió el funcionamiento interno de su extenso cártel, que durante décadas envió toneladas de drogas a Estados Unidos y aquejó a México con una incesante ola de corrupción y derramamiento de sangre. En 2016 y 2017, cuando Guzmán fue arrestado por última vez y enviado a Nueva York a ser enjuiciado —años en los que el general Cienfuegos era el secretario de Defensa— la producción mexicana de heroína aumentó en 37 por ciento y las incautaciones de fentanilo en la frontera suroeste se duplicaron, de acuerdo con la DEA. La DEA observó durante el desarrollo del caso contra Guzmán que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación “continúan siendo la mayor amenaza criminal de drogas” para Estados Unidos. El caso contra Guzmán se preparó durante años y su juicio se basó en el trabajo de investigación del FBI, la DEA, la Guardia Costera de Estados Unidos, Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional y fiscales federales en Chicago, Miami, San Diego, Washington, Nueva York y El Paso (Texas). El juicio también recurrió a una multitud de agentes de las policías locales estadounidenses y funcionarios en Ecuador, Colombia y República Dominicana. Testigos han declarado que se le pagaron sobornos a García Luna y a una serie de agentes policiacos y generales mexicanos, y a casi todo el congreso de Colombia. “Una de las cosas más importantes de esta condena es que manda un mensaje rotundo”, dijo en ese entonces Ángel Meléndez, agente especial a cargo de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional. “No eres inalcanzable, no eres intocable y te llegará el día”. (The New York Times)