"Participar en una protesta hoy en Francia conlleva el riesgo de exponerse a gases lacrimógenos, balas de goma y otras armas peligrosas, recibir una multa, pasar un día o dos en detención preventiva, y enfrentarse a cargos penales sin haber cometido actos violentos", dice en su informe Amnistía Internacional, el cual fue inspirado en las protestas de los chalecos amarillos. Entre noviembre de 2018 y 2019, 11.203 manifestantes fueron detenidos, lo que constituye un récord en este país. Las autoridades francesas han "recurrido a leyes demasiado amplias para detener y procesar a miles de manifestantes que no cometieron actos violentos", sostiene también la ONG en el informe revelado este martes. Más de 40.000 personas, entre ellas manifestantes, fueron condenadas "sobre la base de leyes vagas" en 2018 y 2019 por delitos que incluyen "desacato a funcionarios públicos", "participación en un grupo con el fin de cometer actos violentos" y "organizar una protesta sin cumplir con los requisitos de notificación". En el informe se cita el caso de Frédéric Vuillaume, chaleco amarillo y delegado sindical en la ciudad de Besançon, según el cual desde hace dos años las autoridades hacen todo lo posible por impedir que la gente salga a manifestarse. "(con Macron) el cambio ha sido la violencia policial, la intimidación. (los policías) nos echaron gases lacrimógenos, nos golpearon con porras. Tengo 48 años, fui arrestado seis veces. Es evidente que es una represión para asustarnos. Es decir, para tratar de que la gente deje de manifestarse", dice Vuillaume en el informe de AI. La ley se utiliza para llevar a cabo una "represión draconiana" con los manifestantes, según la ONG. Numerosos manifestantes han sido multados, arrestados y procesados, algunos por el solo hecho de llevar gafas de protección en una protesta. Ente abril y octubre de 2019, 210 personas fueron detenidas en virtud de una nueva prohibición de llevar cubiertas las caras a las protestas, lo que muchos hacen para protegerse de los gases lacrimógenos de la policía. El delito se castiga con una multa de hasta 15.000 euros y una pena de prisión de hasta un año. El año pasado se dictador 41 condenas. (RFI)