La Resolución 303 determinaba las Áreas de Conservación Permanente (APP) en las franjas costeras, protegiendo toda la extensión de los manglares y delimitando las franjas de restinga “cubiertas de vegetación con función de fijación de dunas o estabilizadora de manglares”. Su revocación beneficia al sector inmobiliario de playas de descanso y camaronicultura (cultivo del camarón), especialmente en la costa de Rio Grande do Norte. La resolución 302, por su parte, establecía una franja mínima de protección de 30 metros alrededor de embalses artificiales, como los embalses Billings, Guarapiranga y Cantareira, en São Paulo. La revocación libera estas áreas para usos habitacionales y económicos, lo que podría poner en peligro la seguridad de las áreas y también la calidad del agua. El consejo también revocó la resolución 284, que sometía los proyectos de riego al proceso de licencia ambiental. Entre las implicaciones ambientales del riego, está la competencia del suministro de agua y también el riesgo de contaminación por plaguicidas. La agricultura utiliza el 72% del agua que se consume en Brasil, según datos de la FAO, la agencia de la ONU para la alimentación y la agricultura. La reunión también aprobó una nueva resolución que permite la quema de residuos de contaminantes orgánicos persistentes, como pesticidas, insecticidas y fungicidas utilizados en la agricultura, en hornos de producción de cemento. Altamente tóxicos, persistentes en el medio ambiente y son bioacumulativos (es decir, no son eliminados por nuestro organismo), estos contaminantes están ligados a trastornos hormonales, inmunológicos, neurológicos y reproductivos. Según la Organización Mundial de la Salud, su combustión incontrolada, a temperatura inadecuada o con combustión incompleta puede generar subproductos aún más tóxicos. Las revocaciones fueron ampliamente aprobadas por el órgano colegiado, formado principalmente por representantes del Gobierno Federal y asociaciones del sector privado, las confederaciones nacionales de industria (CNI) y agricultura (CNA), que también fueron proponentes de las revocaciones. El estado de Piauí y las dos ONG presentes en la reunión registraron el voto en contra de todas las revocaciones: el Instituto Internacional de Investigación y Responsabilidad Social y Ambiental Chico Mendes y la Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico. También el domingo (27), los parlamentarios interpusieron una demanda colectiva ante la Justicia Federal solicitando, con carácter de amparo urgente, la suspensión de la reunión o, si no hay tiempo suficiente para la decisión, la nulidad de las decisiones tomadas por el colegiado. (Folha)