El juez Mauricio Zabala amplió la querella en la investigación por las ordenanzas cajoneadas a los concejales Ana Servidio y Marcelo Zúñiga, por considerar que es el criterio que primó los últimos años en el Tribunal de Impugnación en la provincia. Zabala revocó el planteo de la fiscalía que había reconocido la validez de la municipalidad para ser querellante en la causa, pero no el de los concejales del Frente de Todos y había rechazado su inclusión como querellantes en el proceso. Zabala dijo que "corresponde revocar la decisión de la fiscalía y tener por querellante a Ana Servidio y Marcelo Zúñiga", a pesar, dijo el juez, que su criterio era coincidente con el de la fiscalía. Explicó que en los últimos años, en al menos dos causas diferentes y con integraciones disímiles del Tribunal de Impugnación, cuando los querellantes apelaron, lograron imponer un criterio más amplio sobre quién puede ser querellante; y en función de esta jurisprudencia en Neuquén y la condición de concejales e integrantes de otro poder del estado Municipal, accedió a la apelación presentada por el abogado Bruno Vadalá. "Es un acto de estricta justicia, a partir de ahora somos parte de la causa de las ordenanzas cajoneadas y esperamos aportar a la investigación para llegar al fondo del proceso: para saber de la responsabilidad en la no aplicación de al menos 53 ordenanzas, la aplicación de cada una de ellas, y en el caso de la del anexamiento, la restitución de las 8 hectáreas a la ciudad y la defensa del patrimonio público para percibir la multa, ya sea de $150 millones o $1.500 millones como cifró el Ejecutivo", sostuvo Zúñiga, presidente del bloque. Evaluó como importante que el juez indicara "que somos parte de otro poder y representantes del interés público", respecto a la no publicación selectiva de las ordenanzas sancionadas desde el 2016 a la fecha. La investigación de las ordenanzas cajoneadas involucró la sumatoria de dos pedidos de investigación presentados a la fiscalía: cuando se radicó la no publicación de la ordenanza 13.618 de 2016 que le fijaba multas a los privados que se anexaran indebidamente tierras fiscales, y el hallazgo posterior de que e había más de 52 ordenanzas en la misma condición: habían sido sancionadas por el Concejo Deliberante, pero selectivamente no publicadas por la anterior gestión. (Diario Río Negro)