Un panel de jueces ratificó por unanimidad la decisión de un tribunal inferior el año pasado de inhabilitar a Quim Torra en cargos públicos durante año y medio y multarlo con 30.000 euros (35.000 dólares), anunció el máximo tribunal. El proceso comenzó cuando Torra se negó a retirar una pancarta que decía “Libertad a presos políticos y exiliados” durante un período de campaña previo a las elecciones de 2019 donde los funcionarios públicos tenían prohibido utilizar edificios del gobierno para exhibir propaganda política. Torra, un político independentista que llegó a ser presidente regional impulsado por la ola secesionista de 2017 en Cataluña, ha declarado que el caso en su contra es un acto de represión contra el mandato democrático de los votantes en la región del noreste de España. La decisión desencadena un nuevo período de incertidumbre en Cataluña. De acuerdo con la ley, el subalterno de Torra deberá asumir la presidencia hasta que se celebren nuevas elecciones en la región. (AP)