Mirando de frente a los padres y familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que en los próximos días se ejecutarán 70 órdenes de aprehensión contra diversas personas, entre ellas elementos del ejército y de la Policía Federal que presuntamente estuvieron involucrados en este violento episodio que ha marcado al país desde entonces. El mandatario, durante un acto en Palacio Nacional en el sexto aniversario de los hechos, aseguró que, en la administración de su antecesor, Enrique Peña Nieto, “se decía que si estaba involucrado el Ejército” se tenía que cuidar su imagen y “proteger” a dicha institución. López Obrador aseguró que su gobierno no cederá a presiones, afirmando que habrá cero impunidad, por lo que “el que haya participado y se demuestre va a ser juzgado”, de acuerdo con EFE. Al asumir la presidencia, López Obrador creó una Comisión de la Verdad junto a las familias y la Fiscalía que reinició la investigación contra los responsables de la desaparición y contra las autoridades que crearon un falso relato de los hechos gracias a diversas torturas a los supuestos implicados. Según la versión de la administración de Peña Nieto, durante aquella noche en 2014, los 43 estudiantes que se preparaban para ser profesores fueron detenidos por policías corruptos en Iguala, Guerrero (al sur del país) para después ser entregados al cártel Guerreros Unidos, grupo criminal que los torturó, mató e incineró en un tiradero de basura en Colula, una localidad cercana, y después sus restos fueros arrojados a un río. Esta descripción de los hechos, establecida como la “verdad histórica” por parte del gobierno de Peña Nieto, fue duramente criticada y puesta en evidencia por parte de la investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Ambos estudios dejaron claro que no había evidencia biológica de que los cuerpos hubieran sido incinerados en dicho sitio, según la BBC. El fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, valoró que se haya logrado vincular la participación de la policía federal en los hechos porque “deberá recordarse que por mucho tiempo se negó que hayan estado involucrados otros cuerpos policiacos en esta desaparición”. Por su parte, el subsecretario mexicano de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien dirige la Comisión para la Verdad, dejó claro que “la verdad histórica se ha colapsado”, tras la identificación de uno de los estudiantes muy lejos del basurero donde supuestamente habían quemado sus cuerpos. Incluso, Encinas aseveró que los estudiantes nunca estuvieron juntos, conclusión basada en el análisis de 80 millones de registros de comunicación telefónicas que se registraron en la zona entre 2014 y 2018, recalcando la poca “evidencia científica verificable” de lo relatado por la versión oficial de la administración pasada, según el portal Animal Político. Además, precisó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ha mostrado participativa al otorgar información sobre los batallones 27 y 35 Batallón en Iguala, Guerrero, para que se investigue el supuesto involucramiento de sus elementos en la desaparición de los estudiantes, todos entre 17 y 24 años y que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana inició procesos administrativos en contra de 14 elementos de su corporación. Durante el acto en el Palacio Nacional, el funcionario dio a conocer que desde marzo se han arrestado a 34 nuevos involucrados, por lo que hasta la fecha ya son 80 arrestos de diversas personas de grupos delictivos, oficiales de la policía y agentes del Ministerio Público. Mediante una intervención a distancia, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, aseguró que Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal y el conductor de la investigación de la desaparición en la administración pasada, no hizo su trabajo gratis sino que se robó mil millones de pesos (unos 45 millones de dólares). Gertz Manero precisó que Zerón está en Israel por lo que el gobierno mexicano ya se contactó con las autoridades de dicho país para pedir su extradición. Además, el fiscal general acusó a Jesús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) de encubrir al expresidente Peña Nieto, a quien se encargó de criticar durante su intervención achacándole la culpa de “saquear a Pemex (…) por ser una administración profundamente infiltrada por la delincuencia y por la corrupción”. Lamentó que los restos encontrados en el Río San Juan fueran sembrados ilegalmente “para ocultar su verdadero origen, y tratar de justificar lo injustificable, manipulando evidencias y encubriendo tanto delitos, como a delincuentes”. “No nos defrauden" Durante el acto, María Martínez, madre de Miguel Ángel, uno de los estudiantes desaparecidos, le pidió a López Obrador que tuviera empatía con su causa porque “lo que estamos exigiendo no es nada material, son nuestros hijos y tenemos el derecho, no nos defrauden, necesitamos confiar en alguien, tener a alguien que nos ayude”, dijo. Tras pedirle al mandatario que acelerara las investigaciones y que detuviera a los posibles militares y policías involucrados, la mujer lamentó que en 2019 se hayan liberado a varias personas presuntamente involucradas en los hechos, reportó Animal Político. “No es posible que los delincuentes sean más poderosos que usted, señor presidente, dicen que a nuestros muchachos se los entregaron a la delincuencia, a nosotros no nos interesa eso, se los llevaron los policías, participaron los militares”, apuntó. (Univisión)