A mediados de julio se profundizó una oleada de toma de terrenos en distintos puntos del país pero cuyo principal foco se desató en el conurbano bonaerense. Si bien dirigentes oficialistas y opositores, y los propios vecinos afectados, vienen denunciando que detrás de las usurpaciones operan organizaciones sociales y de izquierda, además de un potencial negocio inmobiliario ilegal, la pandemia de coronavirus y la cuarentena dejaron en evidencia el déficit habitacional que afecta a millones de argentinos. En este contexto, mientras el Gobierno Nacional y las autoridades provinciales de las distintas zonas afectadas intentan llegar a un acuerdo con los usurpadores para evitar desalojos violentos, un decreto que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y de todos sus ministros oficializa el traspaso del área encargada de la urbanización de los barrios populares del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat al Ministerio de Desarrollo Social. En efecto, el Decreto 777/2020 modifica dos artículos de la Ley de Ministerios permitiendo el traspaso de los programas de integración sociourbanos de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP). El Artículo 23 bis del Título V de la Ley N°22.520, compete a la cartera conducida por Daniel Arroyo en todo lo inherente a la política social orientada a la asistencia, promoción, cuidados e inclusión social y el desarrollo humano, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el desarrollo de igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables, la protección de las familias y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, así como en lo relativo al acceso a la vivienda y el hábitat dignos y a la integración sociourbana. Con la decisión comunicada este lunes en el Boletín Oficial, Desarrollo Social también estará facultado para “entender, en coordinación con las demás áreas de la Administración Pública Nacional con competencia específica, en la ejecución de las gestiones y obras relativas a la implementación de los programas de integración socio urbanos de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana”. Por ende se oficializó la quita de esta competencia a la cartera dirigida por María Eugenia Bielsa, una ministra que quedó en el ojo de la tormenta en las últimas semanas. A medida que empezaron a correr reproches internos, comenzó a circular en redes sociales una grabación vieja de 2018 en donde se podía ver a la funcionaria hablando de la corrupción kirchnerista. Ayer, en un repaso realizado por Infobae entre los nombres del gabinete de Fernández que están en una situación incómoda, se informó que la dirigente santafesina había mostrado dificultades para relacionarse con funcionarios de organizaciones sociales. “María Eugenia Bielsa, la ministra de la Vivienda, que era una esperanza para Alberto Fernández. Mujer de carácter, como a él le gustan, honesta, estaba seguro de que ella podría hacerse cargo de impulsar una de las deudas pendientes más gravosas para con los sectores populares. No contaba con su obcecación, las dificultades de trato con sus colegas, tampoco con las dificultades que ella tiene para convivir con funcionarios de organizaciones sociales”, planteó la periodista Silvia Mercado. Este lunes, en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red, Bielsa le bajó el tono a la pérdida de competencias. “Esto fue un acuerdo, no es una pérdida de poder; el mecanismo está más adecuado al área de Desarrollo Social y aquellos que crean que esto es un distanciamiento sepan que es todo lo contrario”, aseguró. El Artículo 23 decies que establece las competencias del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat fue modificado en el apartado que hace referencia a las políticas vinculadas al desarrollo urbano. En efecto, esta área de Gobierno continuará abocada a “la formulación, desarrollo y coordinación de políticas de regularización de suelo, mejoramiento y construcción de viviendas e integración urbana, destinadas a los sectores populares con excepción de los Barrios Populares identificados en el RENABAP”. Desde que floreció nuevamente el conflicto, María Eugenia Bielsa se encargó de ratificar que el Gobierno “no avala las tomas”. Y si bien admitió que “hay un aprovechamiento de mafias que terminan vendiendo esos terrenos”, planteó que la necesidad habitacional existe. Estima que “hay un déficit de 3.600.000 unidades de vivienda faltantes” en todo el país. En diálogo con Infobae, Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio Urbana, área que hasta hoy pertenecía a Desarrollo Territorial y Hábitat, advirtió que habrá un mayor número de asentamientos al finalizar la pandemia: “La problemática de las ocupaciones se sigue extendiendo ante la imposibilidad de pagar un alquiler”. En este contexto, en las últimas semanas comenzaron las obras de urbanización en algunos de los barrios contabilizados en el RENABAP. Los fondos destinados a estas obras provienen del Impuesto País que se recauda a través de la compra de dólares para atesoramiento y el consumo de bienes en el exterior. Al problema de las usurpaciones en medio de la pandemia de coronavirus, en 10 meses de gestión a Bielsa se le sumaron las dificultades que tiene para tratar en el día a día con funcionarios de organizaciones sociales. En contraposición, Arroyo mantiene un diálogo constante con los referentes que militan las problemáticas de los barrios populares y asentamientos. Al igual que Bielsa, el titular de Desarrollo Social denunció que las usurpaciones son “hechos ilícitos” en los que se dan por un lado situaciones vinculadas al déficit habitacional y por otro a “vivos” que buscan hacer de la toma un negocio. Está previsto que el próximo jueves 1 de octubre se avance con el desalojo de la toma de Guernica. El operativo había sido postergado por pedido expreso del Gobierno de Axel Kicillof mientras continúan las negociaciones para que el desalojo se lleve a cabo de forma pacífica. Sin embargo, hubo un momento de tensión este domingo cuando funcionarios de la Provincia intentaron llevar asistencia. Funcionarios y trabajadores de los ministerios de Desarrollo de la Comunidad; de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual; de Justicia y Derechos Humanos; y de Seguridad; así como también por representantes de los municipios de Presidente Perón, Lomas de Zamora, Almirante Brown Florencia Varela, Esteban Echeverría, San Vicente y Ezeiza intentaron llevar agua potable, comida y ropa para las familias pero no pudieron ingresar al predio. Las organizaciones prendieron fuego gomas y exigieron que la mercadería sea depositada en el sector de ingreso para su posterior reparto. “Un grupo de organizaciones lamentablemente está haciendo una utilización política del conflicto y de la necesidad que tienen miles de personas. Fue una situación bastante violenta”, denunció el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque en diálogo con Radio 10. (Infobae)