El veto del Gobierno a que el Rey asistiera, como ha sucedido durante los últimos 20 años, a la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces en Barcelona, el acto judicial más importante que se desarrolla en Cataluña, aumenta a cada paso la polémica y la tensión entre el Ejecutivo y la Corona. Pablo Iglesias y Alberto Garzón han vertido gasolina al incendio desatado, acusando a Felipe VI de romper su "neutralidad política" y de "maniobrar contra el Gobierno". Una acusación que explicitan después de que se conociera que el monarca ha telefoneado este viernes a Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para transmitirle que que le habría gustado asistir al acto. Un gesto que certifica la existencia del veto por parte del Gobierno a su asistencia. El ataque ha sido al unísono desde todas las vertientes de Unidas Podemos: Podemos, IU, los comunes, Galicia en común... El más duro y grave, el de Garzón. El ministro de Consumo considera que la Monarquía está "incumpliendo la Constitución que impone su neutralidad". Garzón, que ya hace una semana, en la Asamblea Político y Social de IU, extendió la acusación de corrupción al hilo del escándalo por los negocios opacos de Don Juan Carlos -"La corrupción dentro de la Casa Real no es obra de una sola persona, sino que precisa de la ayuda de otras de alta cualificación"-, considera que la situación de la Corona "es sencillamente insostenible" y sólo es "aplaudida por la extrema derecha". Una falta de neutralidad que también ha vertido como crítica Pablo Iglesias. El vicepresidente segundo del Gobierno, de manera sibilina, ha querido acusar también al Jefe del Estado de no cumplir con este precepto. "Respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado -en alusión a la llamada del Rey a Lesmes-, renovación de los órganos judiciales en tiempo y forma -en alusión a la posición de PP de no negociar-, actuaciones de la fuerza pública proporcionales -en alusión a las cargas policiales en Vallecas-." La grave acusación de Garzón y la de Iglesias entran en contradicción con lo expuesto sólo unas horas antes por la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha agradecido "la neutralidad política" del Rey. "Le agradecemos mucho a Felipe VI que sepa estar siempre en su sitio, que es el de la neutralidad política. Y son razones que ocupan al día a día, y que en este caso se han convertido en novedad política por una razón desde luego ajena al Rey y al Gobierno de España", ha asegurado en un desayuno informativo en Andalucía. La acusación vertida por los miembros de Podemos del Gobierno tiene lugar cuando Unidas Podemos ha elevado los grados de su campaña contra la Monarquía. Pablo Iglesias ya fijó como "tarea fundamental" de Podemos acabar con la Monarquía en España. El toque de corneta en Unidas Podemos para atacar, una vez más, al Rey ha llevado también a cargos de esta formación a poner en duda la legimitidad de la institución, uno de los argumentos que siempre esgrimen, aludiendo al signo hereditario de la condición de Rey o Reina y no al de ser elegidos por los ciudadanos. "Añadamos la legitimidad democrática de cada uno. El Rey (no le ha votado nadie) llama a Lesmes (mandato caducado hace dos años) para quejarse juntos del gobierno de coalición (fruto de la mayoría parlamentaria tras elecciones generales)", ha expuesto Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos. "Un Rey anticonstitucional indica el mismo el camino de una República necesaria", fue la aportación del diputado y portavoz de Galicia en Común Antón Gómez Reino. Así se ha expresado Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos: "Un presidente de los jueces con mandato caducado, en nombre de un rey que no ha votado nadie, carga contra un gobierno salido de las urnas". El encontronazo entre Zarzuela y Moncloa con la nueva promoción de jueces como rehén ha llevado a Asens a considerar, al hilo de la ausencia de Felipe VI en Barcelona, que es "una buena noticia" que no acuda y que sería "fantástico" que el Rey "no vuelva más". "Cada vez que viene, abre una herida que todavía no está cerrada. Mucha gente hace responsable de todo lo que sucedió en aquel periodo -octubre de 2017- al Rey. Aquel discurso marca un antes y un después, es un discurso que no salió de la Moncloa, es un discurso que salió de Zarzuela", ha señalado en Ràdio 4. También desde dentro del PSOE han querido restar importancia a una ausencia que se produce por primera vez en la historia. La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha acusado a Carlos Lesmes de "sobredimensionar" la ausencia del Rey en la entrega de despachos a jueces en Barcelona. "A veces, en política, hay que elegir entre lo malo y lo peor, o entre lo malo y y lo menos malo", ha añadido en una entrevista en Antena 3. Y ha situado la exclusión de Felipe VI en el marco de la seguridad: "Esta decisión responde a asegurar la seguridad del Rey". Las acusaciones vertidas desde Unidas Podemos, en especial desde sus ministros, han llevado al PP a pedir a Pedro Sánchez que desautorice las palabras de Iglesias y Garzón, haciéndole responsable de las mismas en caso contrario. "Los ataques del Gobierno al Rey son intolerables. Si Sánchez no desautoriza inmediatamente a su vicepresidente y ministros será responsable de la más grave crisis institucional de nuestra historia reciente", ha señalado Pablo Casado. El líder del PP avanza que su formación actuará con "firmeza contra esta subversión del orden constitucional". Por su parte, la vicesecretaria de Política Social y ex presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha afirmado que las palabras del titular de Consumo "exigen que presente su dimisión o que se cese de forma inmediata". "El colmo de este Gobierno es que pretende destruir las instituciones del Estado, desde dentro", ha enfatizado. Sánchez no ha realizado ninguna manifestación al respecto este viernes, ni tampoco Moncloa. Los ministros del PSOE guardan silencio. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también ha exigido al presidente del Gobierno que desautorice a los miembros de su Consejo de Ministros."Lo que daña verdaderamente a la democracia son estos ataques del populismo a las instituciones que son de todos. Unas palabras inadmisibles e impropias de miembros del Gobierno de España. Sánchez debe desautorizarlas de inmediato y defender al Jefe del Estado".