Alberto Fernández emitió en pocas horas dos fuertes mensajes de presión sobre la Corte Suprema, con foco personalizado en su presidente, Carlos Rosenkrantz. El primero cosechó una mala respuesta también en velocidad. El segundo tiene final abierto. Y los dos en conjunto, terminaron de colocar al tribunal máximo en el centro de una batalla política con eje en el desplazamiento de tres jueces apuntados antes que nadie por Cristina Fernández de Kirchner. No es todo, porque cualquiera sea el desenlace, las pinceladas de conflicto o daño institucional serán ya inocultables. El martes próximo, la Corte tiene cita para tratar los planteos de los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y del juez Germán Castelli. Los tres refieren a causas por corrupción, incluido como cartel principal el caso de los cuadernos de la coima. Hasta hace apenas una semana, las versiones indicaban que la respuesta del tribunal sería una nueva versión de “cronoterapia”, según el término que solía usar un extinto juez, prestigioso, al describir con acidez el camino de los largos trámites para desandar presiones y enfriar problemas. Pero algo cambió en el pronóstico y esa versión inquietante habría llegado de inmediato a Olivos. Surgieron dudas sobre la solidez de la salida mayoritaria a favor de extender en el tiempo la resolución sobre el reclamo de los tres jueces removidos de sus cargos. Todo, en un cuadro complejo. Difícil incluso para allegados al circuito de la Justicia establecer corrientes internas: se habla de cierta atomización registrada desde que Rosenkrantz asumió la presidencia de la Corte, desplazando a Ricardo Lorenzetti, y agudizada con el recambio de poder político. Hasta ese momento, la especulación más firme apuntaba al rechazo del per saltum, abriendo el sendero –en principio, lento- para volver a reclamar con un recurso extraordinario, con el añadido de algún gesto menor frente a los planteos más funcionales de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Después, se puso en duda la existencia de una mayoría sólida que siguiera sosteniendo esa estrategia. Conocedores del paño judicial recomiendan no perder de vista el juego interno, pero prestan atención además y de manera creciente al contexto externo. Al habitual rechazo que produce en la Corte el hecho de quedar expuestos en la resolución de “conflictos políticos”, se añadiría malestar frente a la trascendencia pública que fue tomando este caso, con fuerte presencia en las consignas de los últimos “banderazos”, en los cruces políticos y en las redes sociales. La convocatoria de Rosenkrantz a la reunión del martes próximo fue leída también con ese registro en el oficialismo. Y la movida de Olivos –más allá de otras consideraciones sobre el nivel de pericia- terminó colocando a Alberto Fernández en la primera línea de presión sobre otro poder. Eso mismo tiñe de antemano y de manera inquietante cualquier resolución que tome la Corte. Será una respuesta interpretada en blanco y negro: alineamiento con Olivos o potencial conflicto de poderes. Tal vez el Presidente haya buscado no dejar espacio para los matices o las diagonales. La primera carga contra Rosenkrantz produjo un resultado inesperado o mal calculado. El Presidente le achacó desinterés en la capacitación de la estructura judicial con perspectiva de género, como dispone la ley Micaela. Sin mencionarlo directamente, la Corte le respondió con una exposición de sus pasos concretos en ese terreno. Y lo hizo mediante un informe elaborado por Elena Highton. Una señal. La jueza está a cargo de esas políticas en el principal escalón de la Justicia, pero además sólo ella asistió hace dos meses al acto de presentación de la “reforma judicial”, en la Casa Rosada. La segunda andanada presidencial fue directa. “¿Qué está buscando?”, apuntó contra Rosenkrantz en declaraciones radiales. A esa sugerencia sobre una operación conspirativa, agregó dos elementos. Rechazó las críticas al proyecto de reforma del fuero federal. Y defendió con énfasis el desplazamiento de los tres jueces decidido por el Senado y refrendado sin demoras por decreto. Para completar, descalificó de antemano cualquier interpretación en sentido contrario como fruto de desconocimiento del Derecho. El efecto aumentado de esta ofensiva, que podría ser el prólogo de una disputa mayor, está definido a la vez por el conjunto de movimientos en el plano judicial. No es un hecho aislado. Y potencia de hecho el signo inicial del consejo consultivo creado por decreto presidencial y bautizado de inmediato como “Comisión Beraldi”. Esa junta analizará y propondrá reformas sobre la Corte, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público. Las tensiones se van expandiendo en todos los frentes. Y otro caso potente involucra a los mismos protagonistas: la poda de recursos a la Ciudad de Buenos Aires, que también llegó a la Corte, que comenzó a escribir un segundo capítulo en el Congreso y que provocó el quiebre más profundo en la relación del Gobierno con la oposición. Son decisiones presidenciales, con marca CFK. (Infobae)