Los dos movimientos especulativos que más presionan en este momento en el mercado de cambios involucran a fondos de inversión que están rematando bonos en el país para pasarse a dólares y sacarlos del país, a un valor que llegaron a reconocer de 150 pesos por dólar en el contado con liquidación, y la resistencia de grandes exportadores del complejo agropecuario para liquidar las divisas por ventas al exterior. La acción combinada de una mayor demanda y una disminución de la oferta de dólares, señalan en el gabinete económico, es lo que deberá neutralizar el Gobierno con nuevas regulaciones de ser necesario, y todo indica que será necesario. “Devaluar en el fondo es una decisión política. Antes de eso hay muchos instrumentos e incentivos que el Estado puede aplicar para evitar la depreciación de la moneda, que en este momento además nadie necesita, porque el valor del dólar ya es muy competitivo. Una suba de la divisa solo agravaría los problemas en medio de una crisis muy profunda, por lo que dejó el macrismo y lo que trajo la pandemia”, definen en despachos oficiales. La primera preocupación es por la escalada de precios que generaría un salto abrupto del dólar oficial. El traslado de la devaluación a la inflación suele ser veloz en la Argentina, pero en las actuales circunstancias, con un escenario político enrarecido y en medio de una pandemia que no da tregua, la presión para subir los precios sería todavía más intensa. Los instrumentos de regulación como precios máximos y Precios Cuidados lograron administrar esa presión. La inflación bajó respecto a los niveles del año pasado y se proyecta un alza para todo 2020 del 32 por ciento, según el Gobierno, y del 37,8 por ciento para las consultoras que participan del relevamiento del Banco Central. En 2019, Juntos por el Cambio había dejado un IPC de 53,8 por ciento. Sin embargo, una devaluación elevaría los costos de insumos importados y barrería con esas estimaciones. El Gobierno asegura que la decisión política es evitarla y que en las próximas semanas seguirá dando pelea para frenar el drenaje de reservas que generan especialmente fondos de inversión extranjeros. Algunos de ellos son Pimco, Templeton, Blackrock y Fidelity, que llegaron para participar del festival de endeudamiento que produjo Macri y luego no pudieron salir por el reperfilamiento de vencimientos que dispuso su último ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. En el paquete de medidas que tomó la semana anterior el Banco Central se intentó justamente bloquear el acceso de esos fondos al mercado de contado con liquidación (CCL), para que no sigan fugando divisas mediante el remate de títulos públicos. La evaluación que hacen a esta altura en el directorio de la autoridad monetaria es que el objetivo no se consiguió. Las miradas apuntan como responsables a los Agentes de liquidación y compensación (Alyc), lo que antes se conocía como sociedades de bolsa, que habrían encontrado una grieta en las normativas para realizar esas operaciones a nombre de aquellos fondos extranjeros. La Comisión Nacional de Valores (CNV) quedó en el centro de atención porque se espera que tome medidas para reforzar las acciones del Banco Central en pos de terminar con ese canal de salida de divisas. La especulación que se genera en el mercado de contado con liquidación llevó a que alguno de los fondos de inversión extranjeros aceptara dolarizar parte de su cartera, supuestamente mediante intermediarios, a un valor de 150 pesos por dólar. “Estos fondos son los que hacen subir el CCL y propagan las versiones más disparatadas”, afirman economistas del gobierno. “Los fondos del exterior deberían permanecer en pesos y esperar a salir del país con la suscripción de un nuevo bono en dólares por parte del Ministerio de Economía, pero en este contexto es imposible lanzar un título así por el alza del riesgo país y el clima tan negativo”, indican. De acuerdo a los cálculos oficiales, esos fondos generan a través de terceros la mitad de la demanda diaria en el CCL. Sobre ese clima especulativo se monta la intencionalidad política de sectores del poder económico que aprovechan para esmerilar al gobierno, analizan en el Ejecutivo. Inestabilidad cambiaria, embestidas de la oposición con marchas y cacerolazos y crisis económica por la pandemia son factores que se retroalimentan. El Gobierno observa que uno de los problemas más urgentes a resolver dentro de esa dinámica es que las grandes exportadoras de cereales y oleaginosas, que son las que aportan el mayor caudal de divisas para abastecer al mercado, juegan a favor de la devaluación. Ese sector fue un actor clave que operó en contra del intento de intervención y expropiación de Vicentin, que tenía entre los objetivos ayudar a transparentar sus actividades, el modo en que liquidan las divisas y el pago de impuestos. No haber logrado avanzar con ese proyecto muestra ahora la pérdida de capacidades de regulación que asumió el Estado. En el balance cambiario que publicó este viernes el Banco Central se aprecia ese comportamiento de las exportadoras en cifras concretas. “En agosto, el principal vendedor neto de moneda extranjera en el mercado de cambios, ‘Oleaginosas y Cereales’, registró ingresos netos por 1.503 millones de dólares. Esas ventas representaron una reducción del 31 por ciento respecto a las registradas en el mismo período del año anterior, y una baja de 27 por ciento en la comparación interanual de los primeros ocho meses del año”, precisa. “Es importante destacar –agrega-, que el sector continuó cancelando deuda por anticipos y prefinanciaciones contraída en períodos anteriores, cuyo stock se encuentra en un nivel mínimo histórico”. Lo mismo sucede con los importadores, que anticipan compras para cubrirse de una eventual devaluación y colaboran en generar el escenario para que se produzca. En el gobierno hay malestar hasta con pymes que tendrían esa actitud. El Gobierno sostiene que en las próximas semanas tomará nuevas medidas para frenar la fuga de capitales y apurar la liquidación de exportaciones. También recuerda que está la opción de subir las tasas de interés y generar instrumentos de inversión en pesos, como los bonos de YPF al público minorista y las cédulas hipotecarias que se proyectan para su lanzamiento al mercado. Las opciones de activar el swap con China o apurar un acuerdo con el FMI que acerque divisas, dicen los funcionarios, no están en la agenda por el momento. La Cámara de la Construcción, por su parte, insiste con su proyecto para blanquear capitales que vayan al financiamiento de obras privadas, pero en el Ejecutivo todavía no hay aprobación. En la pulseada por el dólar, cada cual atiende su juego. (Página 12)