Ante las fuertes advertencias de los principales tributaristas de la Argentina, el oficialismo decidió introducir algunos cambios en el proyecto conocido como impuesto a la riqueza. El texto que tendría dictamen de comisión el viernes dispondrá que la fecha que se tendrá en cuenta para el cálculo del patrimonio será la de la posible sanción de la ley y no el 31 de diciembre de 2019. Los expertos en cuestiones tributarias venían indicando que tomar en cuenta una base de cálculo previa, que es la que se utiliza para Bienes Personales, implicaba aplicar el gravamen en forma retroactiva. Por lo tanto, para el Gobierno el peligro era que llovieran los amparos y la aplicación del gravamen quedara congelada. Claro que esta modificación podría ayudar a ganar tiempo a muchos de los contribuyentes que quedan dentro del gravamen para eventualmente reducir su exposición patrimonial. Por otra parte, quienes tienen cuentas en el exterior y son alcanzados por el nuevo impuesto podría verse beneficiados. Sobre todo si el estado de las cuentas sufrió la caída de acciones locales, internacionales y también de los bonos argentinos. Es decir que el patrimonio que entra bajo consideración podría caer significativamente respecto a la base de cálculo del 31 de diciembre. Quien tiene a su cargo darle impulso al proyecto es el diputado Carlos Heller, que además preside la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja. También genera muchas críticas la posibilidad que se aplique una una tasa confiscatoria entre Bienes Personales y el impuesto a la riqueza. En los casos extremos podría llegar al 7,5% del patrimonio, un nivel inédito para este tipo de gravámenes, sin antecedentes a nivel internacional. Otro de los temas que genera ruido pero que ya no será modificado es que se estaría cobrando dos veces el mismo impuesto, es decir Bienes Personales y el nuevo gravamen sobre los contribuyentes de mayor poder adquisitivo. Estas críticas relacionadas con la “doble imposición” del impuesto seguramente también será uno de los argumentos que lo terminen judicializando. Para la AFIP resultaría mucho más engorroso empezar a cobrarlo. Esto se debe a que los contribuyentes que podrían verse alcanzados tendrán que realizar una nueva declaración jurada sobre sus bienes en la Argentina y en el exterior, ya no con base al 31 de diciembre de 2019, sino a la fecha que se sancione la ley. “¿No sería más fácil aumentar por única vez la alícuota de Bienes Personales, en vez de inventar un impuesto?”, se preguntaba ayer un especialista. La base que se tomaría en cuenta para calcular quiénes superan los $ 200 millones es más extensa: bonos argentinos y vivienda familiar, por ejemplo, están incluidos, mientras que no entran en el cálculo de Bienes Personales. Algo parecido sucede con las acciones en sociedades. El oficialismo quiere evitar el peligro de que se judicialice el impuesto a la riqueza por aplicarse en forma retroactiva, por lo que avanzará con modificaciones en el texto del proyecto. Sin embargo, hay muchas críticas por considerarse que la alícuota que se quiere aplicar sobre el patrimonio es confiscatoria También genera muchas críticas la posibilidad que se aplique una tasa confiscatoria entre Bienes Personales y el impuesto a la riqueza. En los casos extremos podría llegarse a una presión fiscal total del 7,5% del patrimonio, un nivel inédito para este tipo de gravámenes, sin antecedentes a nivel internacional. Esto implica que aún salvada la cuestión de la retroactividad, subsisten varios elementos de importancia que podrían generar una ola de demandas judiciales si finalmente se transforma en ley. Según los cálculos de AFIP, tomando como base la declaración del 31 de diciembre de 2019 para Bienes Personales, este nuevo gravamen debería ser pagado por un total de 9.289 personas, que debería contribuir con una suma de $ 307.000 millones. Pero lo más sorprendente es que hay 253 personas (las de mayor patrimonio en la Argentina) que pagarían alrededor de $ 150.000 millones, es decir el 49% de total del gravamen. (Infobae)