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“¡Joe! ¡Despierta Joe!”, gritaba Kristina.
Como era estudiante de enfermería, Emily empezó a practicarle las maniobras de reanimación a su hermano. Cada vez que presionaba el pecho de Joe, por su boca salía espuma blanca, que le chorreaba sobre su pijama de Batman, su favorito.
La madre de Joe, que había regresado a toda velocidad a su casa desde su trabajo en una sucursal de la cadena de supermercados regional Piggly Wiggly en Garland, Carolina del Norte, entró al sótano y se recostó al lado de su único hijo varón.
“Está todo bien, hijo, ya puedes seguir durmiendo”, dijo Susan Williams. “¿Quieres un cigarrillo? ¿Tienes frío en el cuerpo?”.
“Creí que mi madre había perdido la razón”, recuerda Emily. “Por supuesto que tenía el cuerpo frío, porque estaba muerto”.
En la familia de Joe, nadie sabía qué lo había matado. No tenían ni idea de que era uno de los primeros de decenas de miles de estadounidenses que caerían víctimas del fentanilo, el narcótico más letal del mundo . Cuando les dieron el informe de la autopsia, tampoco conocían —tardarían meses en saberlo— cuáles eran las fuerzas responsables a nivel global de la muerte de Joe.
Para que los opioides diseñados en laboratorio llegaran hasta esa zona rural de Carolina del Norte y el resto de Estados Unidos , fue necesaria una red de traficantes que puede ser rastreada hasta China y que puede operar gracias a la fácil circulación de dinero sucio a través de instituciones financieras conocidas en todo el mundo.
BuzzFeed News obtuvo un conjunto de documentos financieros secretos con detalles sobre cómo circuló por todo el mundo el dinero que movía la red de narcotráfico de fentanilo y otros casi $2 billones de fondos sospechosos, y compartió toda esa información con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Los archivos, conocidos como informes de actividades sospechosas (SAR), ofrecen una visita guiada al mundo del delito, la corrupción y la desigualdad, con papeles protagónicos desempeñados por políticos, oligarcas y estafadores con buena labia, y el rol crucial de los banqueros que atienden a cada uno de ellos. Los SAR demuestran que el fracaso de los bancos y otras instituciones financieras para desbaratar el flujo de dinero ilícito fomenta el delito y causa sufrimiento a escala planetaria.
Las historias de la serie a ser publicadas en los próximos días incluyen algunos individuos de Venezuela y el Sur de Florida, cuyas actividades quedaron plasmadas en los reportes al FinCen. Estos incluyen:
▪ Un corredor del mercado de dinero de Venezuela que terminó convirtiéndose en informante de las autoridades de Estados Unidos que habría lavado cientos de millones de dólares de fondos de la corrupción. Hoy está en libertad y ayuda a los fiscales a armar casos contra sus antiguos socios.
▪ Un magnate de la construcción venezolana que amasó su fortuna construyendo proyectos para el régimen socialista mientras disfrutaba de la gran vida en Davie, Florida.
▪ Un abogado corrupto de Coral Gables declarado culpable de facilitar un negocio de criptomonedas operado por una misteriosa mujer búlgara que las autoridades describen como un esquema piramidal.
▪ Una compañía del condado Palm Beach con una cuenta bancaria en nombre de un fallecido agente inmobiliario que canalizó substanciales montos de dinero a aliados del dictador sirio Bashar al-Assad, incluyendo a un esbirro vinculado al programa de armas químicas del país.
En un mundo asolado por crisis que acaparan los titulares de los diarios, incluida la pandemia de coronavirus que destruye vidas y medios de subsistencia, el movimiento sin control alguno de dinero sucio puede parecer una amenaza remota.
Pero sus consecuencias son profundas: narcotraficantes y estafadores “Ponzi” mueven sus ganancias más allá del alcance de las autoridades. Los déspotas y los corruptos capitanes de la industria amasan fortunas ilícitas y consolidan su poder. Y acuciados por la falta de fondos, los gobiernos no pueden pagar el tratamiento para los enfermos.
El centro de estas historias hay personas reales afectadas de maneras reales: familias que perdieron sus ahorros en artimañas financieras predatorias, atletas olímpicos despojados de sus victorias por funcionarios corruptos, padres que lloran a hijos e hijas caídos en batalla, una madre trabajando a destajo y un hermano consumido por las drogas.
La familia de Joe Williams y otras víctimas con frecuencia no saben que parte de su dolor es producto del delito financiero, o violación del Título 18 del Código de Estados Unidos, Sección 1956 , “lavado de instrumentos monetarios” .
“La gente tal vez no toma dimensión de cuestiones como el lavado de dinero y las sociedades ‘offshore’, pero siente sus efectos todos los días, porque eso es lo que hace que el delito a gran escala rinda, desde los opioides hasta el tráfico de armas, pasando por el robo de los seguros de desempleo relacionados con el COVID-19”, dice Jodi Vittori, experto en corrupción en Carnegie Endowment for International Peace .
Pero las redes delictivas y los agentes policiales y judiciales que intentan detenerlos saben que un flujo descontrolado de dinero sucio es el requisito más importante para que un emprendimiento delictivo sea exitoso.
Brandon Hubbard , que cumple cadena perpetua por participar de la importación del fentanilo que terminó con la vida de Joe , recuerda que el policía que lo arrestó parecía menos interesado en el polvo conocido como “china blanca” que en saber adónde había ido a parar el dinero . “Esa es lo primero que me preguntaron cuando entraron a mi casa”, dice Hubbard en una entrevista desde la cárcel . “¿Dónde está el dinero?”. Hubbard asegura no haberle vendido drogas a Joe Williams ni saber quién lo hizo.
Los documentos filtrados, conocidos como “FinCEN Files”, incluyen más de 2,100 informes de actividades sospechosas redactados por bancos y otros actores financieros, y enviados a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos . Según BuzzFeed News, algunos de los documentos fueron reunidos para el comité de investigaciones del Congreso de Estados Unidos sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, mientras que otros fueron compilados por pedido de agencias de seguridad ante la FinCEN.
Los informes —boletines con densa información técnica— son los documentos filtrados más detallados de la historia del Tesoro de Estados Unidos. Revelan pagos procesados por grandes bancos, como HSBC, Deutsche Bank, JPMorgan Chase y Barclays . Describen “viajes” de dinero sucio que zigzaguean inexplicablemente a través del mundo; desde botines de cleptócratas o de alguna empresa pantalla en la costa del Atlántico, por ejemplo, a través de un banco de Wall Street , hasta algún paraíso fiscal bañado por el sol del Caribe, un edificio torre en Singapur o una financiera en Damasco .
No todos los SAR son necesariamente evidencia de un ilícito. Reflejan las observaciones de “vigilantes” internos dentro de los bancos, conocidos como “autoridades de cumplimiento”, que informan sobre transacciones pasadas que llevaban la marca del delito financiero, o que incluían a clientes con perfiles de alto riesgo o con antecedentes de pleitos ante la ley.
Cuatrocientos periodistas de casi 90 países hurgaron en los documentos filtrados, y con frecuencia salían solamente con la pista de un nombre o una dirección. Dedicaron 16 meses a peinar documentos de fuentes adicionales , y a leer voluminosos archivos y expedientes judiciales , entrevistando a quienes luchan contra el delito y a las víctimas del mismo, y revisando datos de millones de transacciones que tuvieron lugar entre 1999 y 2017.
Animados por el contenido de esos archivos secretos, los periodistas siguieron el rastro de los dólares de un narcotraficante de Rhode Island hasta el laboratorio de un químico en Wuhan, China ; exploraron escándalos que perjudicaron a economías en África y en Europa del Este ; rastrearon a profanadores de tumbas que saquearon antiguos artefactos budistas que luego fueron vendidos en galerías de Nueva York; investigaron a magnates venezolanos que malversaron dinero de viviendas y hospitales públicos , y analizaron en detalle la mayor refinería de Oriente Medio, motivo de una investigación de lavado de dinero en Estados Unidos extendida y nunca revelada .
Entre las decenas de figuras políticas que aparecen en los documentos se encuentra Paul Manafort, ex jefe de campaña de Donald Trump y quien fue condenado por fraude y evasión fiscal . JPMorgan informó que movió dinero entre Manafort y las empresas fantasmas de sus socios hasta septiembre de 2017, mucho tiempo después de que se revelaran sus vínculos con funcionarios ucranianos conectados con Rusia y el sospechoso lavado de dinero.
Con frecuencia, la persona vinculada con una transacción sospechosa es suplantada por otra persona con la que tiene vínculo directo o indirecto: un nene, un socio o, como en el caso de Atiku Abubakar —ex vicepresidente nigeriano acusado de desviar $125 millones de un fondo de desarrollo petrolero—, la esposa . Años después de que se conocieran las acusaciones de corrupción contra su marido, Rukaiyatu Abubakar movió más de $1 millón del dinero de su esposo a través del Banco Habib a una empresa de los Emiratos Árabes Unidos para comprar un departamento en Dubái . (Atiku Abubakar no ha sido enjuiciado y niega cualquier ilícito.)
Decenas de casos de la investigación de los archivos de la FinCEN rastrean transferencias de dinero similares —desde capitales extranjeros a empresas que solo existen en papeles— manejadas por bancos de alcance global que desde hace mucho tiempo consienten a oligarcas y déspotas, y hasta ahora casi no han enfrentado presiones reales para dejar de hacerlo. Este sistema tiene consecuencias duraderas que arruinan la vida de personas que no conocemos.
Un aromaterapista australiano envió $50,000 en una estafa con criptomonedas realizada desde Estados Unidos, Bulgaria y Tailandia . Un jubilado de Texas pensó que había encontrado el verdadero amor con una estudiante universitaria de Austin a la que conoció por internet, y le transfirió dinero a una cuenta del Bank of America perteneciente a un político nigeriano venido a menos. Padres rusos que necesitaban transportar en un ferri a su hijo enfermo para llegar a un hospital de San Petersburgo le transfirieron $15,000 a un vendedor de autos usados de Nueva Jersey que les había prometido un Honda de segunda mano, que nunca les entregó .
Y un hombre de Carolina del Norte que estaba tratando una adicción secreta pagó unos dólares por un polvo blanco que cruzó tres países y terminó costándole la vida.
En 2017, fiscales estadounidenses se refirieron a Williams —utilizando solo sus iniciales, “J.W.”— como el primer norteamericano víctima de una trama global para distribuir drogas letales. El año que viene, un juez federal de Fargo, Dakota del Norte, sentenciará a Anthony Gomes , quien se declaró culpable de conspirar para lavar dinero y distribuir drogas que mataron al joven y otros estadounidenses.
Las autoridades arrestaron a Gomes cerca de Fort Lauderdale, Florida, en 2017 , no lejos de su cabaña estilo Tudor de seis habitaciones valuada en $850,000 y comprada, según los fiscales, con dinero del tráfico de drogas . Los investigadores incautaron $150,000, el auto deportivo Maserati de Gomes y un vehículo todo terreno.
Durante años, Gomes y su novia, Elizabeth Ton , enviaron transferencias bancarias y giros de dinero a China y Canadá, donde el líder de la banda operaba desde su celda en la cárcel.
Los fiscales dijeron que para ocultar sus operaciones, Gomes, Ton y otros miembros de la “conspiración” de lavado de dinero y tráfico de drogas utilizaron cuentas en el exterior, transferencias de dinero, una cuenta en el Bank of America y comunicaciones encriptadas.
En una planilla sin fecha de los FinCEN Files, Gomes y otras ocho personas están vinculadas con pagos por más de $403,000 realizados entre 2012 y 2017 vía MoneyGram International, una empresa de transferencia de dinero con sede en Dallas que pagó $125 millones en 2018 en penalidades a las autoridades estadounidenses por violar un acuerdo con las autoridades estadounidenses destinado a detener el lavado de dinero y el fraude.
La planilla de los FinCEN Files, una lista que contiene básicamente 1,500 informes de actividades sospechosas, fue titulada “VTB Bank Export” [“Exportación del VTB Bank”], en referencia a la institución perteneciente al Estado ruso y conocida como la “alcancía” del presidente ruso Vladimir Putin. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al VTB Bank en 2014 en respuesta a la anexión de la península ucraniana de Crimea por parte de Rusia. No queda claro qué conexión tenía el VTB Bank con las transferencias de MoneyGram, ni por qué fue creado el documento.
El VTB Bank dijo que “opera en conformidad estricta con las leyes locales e internacionales y cumple íntegramente con todos los estándares regulatorios a nivel local y global”. El banco “no ha recibido ninguna queja sobre nuestras actividades de parte de las autoridades estadounidenses” y es “incapaz de emitir comentarios al respecto, ya que no se nos ha concedido el acceso a la documentación relevante a la que se refiere la pregunta”.
Tres de las ocho personas cuyos nombres aparecen junto al de Gomes en la planilla han sido acusadas o condenadas por tráfico de drogas . Una de ellas, Xiaobing Yan, es el primer fabricante de fentanilo imputado de la historia de Estados Unidos . Yan, de 43 años , operaba desde Wuhan, China, y todavía es buscado por las autoridades estadounidenses. Yan niega haber infringido las leyes chinas o haber vendido a sabiendas sustancias prohibidas en Estados Unidos .
Las otras dos personas eran Ton —la novia de Gomes— y Darius Ghahary . Ambos fueron acusados de delitos vinculados con el fentanilo en 2017 . MoneyGram informó transferencias sospechosas en relación a Ghahary más de una década después de que las autoridades de Nueva Jersey lo multaran en un caso de fraude por internet que obtuvo mucha cobertura mediática .
No queda claro quién le pagó a quién y la ruta exacta que emprendió el fentanilo para llegar hasta Garland. Los fiscales de Estados Unidos que tratan el caso de Gomes se negaron a responder las preguntas del ICIJ aduciendo que existe un litigio en curso. (El Nuevo Herald)