El borrador pretende que se amplíen las patologías autorizadas para su tratamiento, se cree un registro para el autocultivo privado con fines terapéuticos y se garanticen tratamientos gratuitos. Argentina da un paso más hacia la reglamentación de la investigación y producción de cannabis medicinal y sus derivados. La cartera sanitaria nacional confirmó que se elaboró un nuevo marco legal más inclusivo que el diseñado por el Gobierno anterior. Tiene el aval de las organizaciones de la sociedad civil que reclaman desde hace años la legalización de la marihuana como paliativo para ciertas enfermedades y dolencias. "Se está trabajando con el Ministerio de Salud una nueva reglamentación de la ley 27.350. Trabajamos con legisladoras, científicos y las madres de las organizaciones una propuesta que elevamos. Cuando la ley se sancionó, el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) reglamentó de manera restrictiva y no garantizó el acceso al tratamiento", dijo a Spuntik Carolina Gaillard, diputada nacional por el oficialismo. La Ley 27.350 fue publicada en el Boletín Oficial de Argentina en abril de 2017 y en septiembre de ese año se creó un marco regulatorio limitado a la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor que tienen la planta y sus derivados. En aquel momento, el autocultivo y la venta minorista no fueron incorporados pese al pedido de las organizaciones sin fines de lucro. "Hoy, si necesitás hacer un tratamiento con aceite no tenés dónde conseguirlo. El nuevo borrador de reglamentación establece un registro para que las farmacias estén habilitadas para hacer recetas magistrales, contempla el autocultivo como una forma de acceder al aceite y amplía el tratamiento para todas las patologías ya que no lo restringe solamente a la epilepsia refractaria", elaboró la legisladora de la provincia de Entre Ríos (noreste). La ley establece que pueden cultivar instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y laboratorios vinculados al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), además de cualquier municipio o gobierno provincial que tenga convenio con estas instituciones. La nueva reglamentación ampliaría los permisos para el cultivo de plantas y producción de derivados a la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap) y se estimulará la investigación científica en las universidades estatales. El acceso a los productos será vía el Banco Nacional de Drogas Oncológicas y las farmacias podrán acceder a la materia prima, por lo que los pacientes podrán eventualmente comprar directamente óleos, cremas y tinturas derivados. Acceso y descriminalización A través del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, dependiente del Ministerio de Salud nacional, se busca además garantizar el acceso gratuito al cannabis medicinal a pacientes que carezcan de cobertura médica privada. También contempla la posibilidad de que se puedan además importar los productos medicinales derivados que estén incluidos en el registro del programa, un beneficio que será ampliado para todas las patologías. En la actualidad, tener plantas de marihuana en el ámbito privado sigue penalizado por la ley de estupefacientes vigente, incluso si se destinan a un uso terapéutico, cuya eficacia ha sido comprobada por la ciencia en casos de epilepsia, dolores neuropáticos y síntomas del cáncer. La nueva reglamentación permitirá que los pacientes y sus familiares, que conforman las organizaciones de la red solidaria de cultivadores medicinales, hasta ahora perseguidos por la falta de reglamentación, puedan inscribirse en un registro que los incluya en un marco de legalidad, lo que significará el fin de su criminalización. "Cuando asumió el nuevo Gobierno, escribimos una carta pública y al mes siguiente de haber asumido nos convocó el Ministerio de Seguridad, que se paró en la vereda de enfrente de la gestión anterior", dijo a Sputnik Valeria Salech, referente de Mamá Cultiva, organización autogestionada creada en 2016 por madres de niños con diferentes enfermedades, que realiza talleres de concientización y puja por una reglamentación adecuada. Salech comentó que las autoridades del Conicet y del Ministerio de Salud convocaron durante los primeros meses de 2020 a las organizaciones no gubernamentales y la red de científicos que vienen trabajando a espaldas de la reglamentación en la investigación y cultivo medicinal para la redacción de un nuevo marco normativo. "En esta etapa no hay que pensar que la ley va a generar un acceso nuevo o que va a haber más posibilidades de conseguir cannabis que antes sino que lo único que está haciendo es reconocer el trabajo de las organizaciones sociales que durante estos cuatro años nos tuvimos que poner al hombro la tarea de acompañar, orientar, informar y abrazar a todas esas personas que no sabían adónde ir. Este es el primer paso hacia la formación de la sociedad y todos los estratos de la esfera pública en materia de cannabis", remarcó.