El Gobierno aumentó este martes la distancia con el rey emérito y dejó en manos de la Casa Real la posible salida de Juan Carlos I del Palacio de la Zarzuela tras el goteo de informaciones sobre las investigaciones judiciales que rodean al padre del actual Jefe de Estado. La prioridad del Ejecutivo es evitar el desgaste de Felipe VI, que en marzo privó a su antecesor de su asignación anual y renunció a su herencia. “Celebramos todas las medidas pasadas y las futuras que se puedan impulsar para que se incremente la transparencia o se garantice la ejemplaridad de la Jefatura del Estado respecto al desarrollo de sus funciones”, dijo María Jesús Montero. Con sumo cuidado y escogiendo cada término empleado con precisión de cirujano, el Gobierno agrandó la brecha con el rey emérito. Las continuas revelaciones sobre el presunto movimiento de fondos opacos hicieron que el Ejecutivo invitase a la Corona a la adopción de medidas más drásticas. Y pocas mandarían un mensaje tan contundente y simbólico como que La Zarzuela dejara de ser la residencia de Juan Carlos I. La Casa Real tendrá la última palabra, aunque fuentes gubernamentales trasladaron que quizás no sería necesario aguardar a las pesquisas de la justicia española y suiza ante la “preocupación ciudadana”. El Ejecutivo insiste en que cualquier decisión “le corresponde al Rey y no al Gobierno”. Pero deslizó que es partidario de medidas más severas que no explicitó. Pero se sobrentienden e implican la revisión del papel del rey emérito. “La opinión del Gobierno es obvia, no deja lugar a dudas sobre la valoración de la información que ha ido apareciendo (...) Adivinan la predilección y preferencias de este Ejecutivo”, deslizó Montero. EL PAÍS adelantó el lunes la investigación de la fiscalía helvética de una transferencia de 3,5 millones de euros desde la cuenta suiza del ex jefe del Estado, a nombre de la fundación panameña Lucum en la banca privada Mirabaud, a una cuenta en el paraíso fiscal de Bahamas del abogado Dante Canónica. El fiscal Yves Bertossa rastrea si el dinero terminó en otras cuentas cuyos titulares se desconocen. Este diario también adelantó a principios de julio la declaración a la justicia suiza de Corinna Larsen, que aseguró que el rey emérito le transfirió 100 millones de dólares (64,8 millones de euros) en 2012 que a este le había donado previamente el rey Abdalá de Arabia Saudí. Según la consultora alemana, Juan Carlos I lo hizo “no para deshacerse del dinero”, sino “por gratitud y por amor” y para garantizar “su futuro y el de sus hijos”. “El Gobierno va a apoyar y va a colaborar con todas las actuaciones que se le requieran. Todas las instituciones tienen que responder ante la ley. La justicia es igual para todos”, insistió la portavoz. El Ejecutivo espera que Felipe VI marque todavía más la distancia con el anterior monarca dada la gravedad de las informaciones de los últimos diez días. La Moncloa ya endureció su discurso la semana pasada y lo elevó a niveles desconocidos. En un gesto sin precedentes, Pedro Sánchez agradeció a Felipe VI que “ponga distancia” con Juan Carlos I ante unas “informaciones inquietantes que nos perturban a todos”. El presidente del Gobierno llegó a resucitar unos días después la propuesta de reformar la Constitución para eliminar la inviolabilidad del jefe del Estado. O al menos para limitarla a las actividades vinculadas a su cargo. Montero valoró la “rendición de cuentas de la Casa Real” e instó a “preservar a la institución de cualquier ruido mediático. Seguimos en esa dirección”, sentenció la portavoz. A lo que se niega el PSOE es a que se constituya una comisión de investigación en el Congreso sobre las actuaciones del rey emérito en relación a la adjudicación del contrato del AVE a La Meca. Unidas Podemos persistió este martes en su apertura, que los últimos meses ha sido rechazada de manera reiterada por los socialistas, el PP y Vox en la Mesa del Parlamento. Gerardo Pisarello, miembro de la dirección del grupo parlamentario de Unidas Podemos, insistió en una comisión de investigación que indague sobre “la verdad de las relaciones de España y Arabia Saudí y el papel de comisionista del rey emérito”. (El País)