Los soldados regulares del Ejército Nacional que desertaron del servicio militar están incluidos como desaparecidos dentro del registro que tienen las oficinas de talento humano de las unidades militares. Así lo alertó el informe “Los soldados regulares víctimas de secuestro y desaparición forzada. El servicio militar obligatorio 1996-1998”, elaborado por el Ejército y entregado el pasado 2 de julio a la Comisión de la Verdad. ¿Por qué se juntó la deserción con la posible desaparición forzada de soldados? ¿Y por qué esto es problemático? Lo primero, es que el cruce de ambos fenómenos infla la cifra de desaparecidos que tendría que encontrar la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidos (UBPD) por mandato del acuerdo de paz. Pero, además, complejiza esa labor, ya que el cruce no permite identificar cuáles soldados fueron efectivamente desaparecidos por grupos armados y cuántos desertaron del conflicto. De acuerdo con la Unidad de Víctimas, el Ejército cuenta con un registro de 4.526 militares víctimas de desaparición forzada, de los cuales 2.057 son soldados regulares. La investigación encontró que solo entre 1996 y 1998 se registraron 227 soldados regulares desaparecidos, 41 adjudicados a las guerrillas, 29 a los paramilitares y de 157 no se tiene información del autor, de lo cual “podría inferirse que son desertores”. La deserción está contemplada como un delito en el código penal militar. El soldado que deserte de su unidad podría ir a prisión desde los seis meses hasta los dos años y luego debe continuar con su servicio militar. Por eso muchos de ellos no vuelvan a aparecer en el radar, ni sus familias le responden al Ejército cuál es el paradero del joven. Una aproximación al tema nos la dio Joan Moreno, director jurídico de la Corporación Mil Víctimas, que acompaña y asesora a miembros de la Fuerza Pública víctimas del conflicto. Según Moreno, “las Fuerzas Militares sí tienen protocolos para establecer si a un soldado se le da de baja por acción directa del enemigo o cuando deserta. En el primero de los casos es claro porque pudo haber sido objeto de una emboscada o de secuestro, pero cuando hay deserción, tienen que iniciar todo un proceso de investigación interno o trasladarlo a la justicia penal militar para determinar qué pasó”. Pero, si existe ese protocolo, ¿por qué los desertores quedaron en el mismo registro que los desaparecidos de manera forzada y los secuestrados? Un miembro del Ejército, que prefirió no dar su nombre, le contó a este medio que en muchos casos, sobre todo en la década de los noventa y en batallones muy alejados de centros urbanos, era común la deserción de muchachos que estaban prestando servicio militar y para algunos comandantes era más sencillo “darlos de baja” argumentando malos resultados en los exámenes médicos o dejando eso en manos de la justicia penal militar, pero establecer lo que pasó con cada uno era muy complicado o no se seguía su rastro. “El Ejército tendría que hacer una depuración de esas bases de datos, pero ese trabajo no se ha hecho. Una de las maneras de facilitarlo es dándoles una amnistía a estos jóvenes, así como la hubo como los remisos”, declara el militar, argumentando que de esta manera, tal vez, muchos se sentirían con mayor tranquilidad de reportar su paradero. Para Moreno, otra de las razones por las que el Ejército no tiene desagregada la cifra de desaparecidos y desertores es porque antes “era una herejía hablar de que el desertor pudiera haber desaparecido”. Al ser un delito y una afrenta en la institución se mantuvo en silencio. No obstante, afirma, con los diálogos que han empezado a tener con la Comisión de la Verdad y la UBPD este subregistro sale a la luz y se empieza a cuestionar el asunto. La situación es mucho más compleja. Emerson Rojas, miembro de Acomides, otra organización de familiares de víctimas de la Fuerza Pública cuenta casos donde los muchachos salían en sus días de permiso y eran secuestrados o desaparecidos. Al no volver a su batallón, los registraban como desertores. Entonces, puede ser que durante el trayecto a su destino sí hayan sido desaparecidos y la institución los declaró desertores, o que se hayan ido de manera voluntaria y sin ninguna relación con el conflicto armado, pero quedaron registrados como desaparecidos. También señala los casos en los que a oficiales o suboficiales se les declaró la muerte tras varios años de desaparecidos para darles a las familias su derecho a la pensión, a diferencia de los soldados rasos, que no cuentan con estos beneficios. En ese caso, dentro del Ejército estas personas no están reportadas como desaparecidas sino como muertas, así que también habría que hacer esa depuración. Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, sostiene que desde hace más de un año empezaron a dialogar con las Fuerzas Militares para esclarecer el número de desaparecidos de la institución. Les pidieron expedientes judiciales y cifras claras para empezar a definir si las familias los siguen reclamando como desaparecidos. La respuesta de la entidad es que ya están revisando esos registros. Hasta el momento, según el Ejército, han relacionado 137 casos de soldados que se encuentran desaparecidos, pero administrativamente están reportados como desertores. Para seguir trabajando en esa depuración está trabajando con la Fiscalía, la Unidad de Búsqueda y la Justicia Penal Militar para esclarecer las investigaciones en los casos de deserción y adelantar la toma de muestras de ADN a los familiares de soldados desaparecidos. El acceso a las familias de estos soldados, según Monzón, es lo primordial para comprender las circunstancias en las que dejaron de tener el rastro de su ser querido. Eso es lo que les permitirá decantar la información y cruzarla con otras fuentes para determinar cada caso. “Un punto importante es poder tener comunicación directa con los familiares, pero hay gente que no confía porque esta institución los ha abandonado, se los hemos dicho muchas veces a la Fuerza Pública. Estamos haciendo un trabajo de generación de confianza, capacitación y pedagogía a través de una organización que se llama Funvides, pero no es un contacto amplio”, señala. Mil Víctimas y Acomides están de acuerdo en que para avanzar en la búsqueda se necesita un trabajo articulado entre la Fuerza Pública, las entidades que nacieron del acuerdo de paz, la Unidad de Víctimas y las organizaciones de familiares, para que la justicia llegue a todos los sectores e incluso sean reparadas familias que años atrás no fueron reconocidas por el Estado como víctimas del conflicto. (El Espectador)