Consejero Emilio Archila asegura que se está cumpliendo al pie de la letra con lo que se acordó. Semanas antes de que se decretara la cuarentena obligatoria en el país, representantes del movimiento campesino del Catatumbo y del pueblo indígena Barí le enviaron una carta al consejero para la Estabilización, Emilio Archila, fechada el 4 de marzo, en la que le pidieron una reunión en Cúcuta el 19 del mismo mes para que sus voces fueran tenidas en cuenta en la discusión de la hoja de ruta del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de esa región del país. La respuesta, que no llegó de la Consejería sino de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), decía que el encuentro no se podía agendar en esa fecha y que, dada la coyuntura de salud pública, programar una nueva fecha quedaba dependiente de las decisiones que tomara el Gobierno. Luego, el país entró en cuarentena estricta y hasta hoy ese encuentro quedó en el aire. La hoja de ruta del PDET del Catatumbo que en esa carta se pedía discutir había sido aprobada en enero de este año, siendo la primera en el país para una de las 16 regiones priorizadas en los PDET. Se trata de la estrategia que este Gobierno creó para implementar cada uno de esos 16 programas pactados en el Acuerdo de Paz y articularlos con otras estrategias que también se implementan en esos territorios, los más afectados por la guerra y el abandono institucional. Una de las organizaciones que envió la carta al consejero Archila es la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), que desde el principio ha reclamado haber quedado al margen del PDET de esa región. Pero aun quienes sí hicieron parte del proceso en un principio reafirman que hoy están desconectados de esa política. “En las fases veredales, municipales y regionales, a nosotros como dirigentes campesinos nos llamaron y nos dijeron que invitáramos a nuestras comunidades a participar de ese espacio y así lo hicimos. Lo grave es cuando viene ya la elaboración de la hoja de ruta, ya no nos tuvieron en cuenta”, denuncia Olger Pérez, líder campesino del Catatumbo. En enero de este año, por su parte, los pueblos afrodescendientes y los resguardos indígenas de los municipios de la subregión del Pacífico Medio (Buenaventura, Timbiquí, López de Micay y Guapi) enviaron al procurador general, Fernando Carrillo, una solicitud de acompañamiento urgente a la implementación del PDET en esa región del país. En esa solicitud, las comunidades expresaron que “a partir de la firma del PDET-PATR de la subregión se evidencia una falta de interés por parte de la ART y operadores seleccionados para iniciar la estructuración de iniciativas de implementación, donde se cuente con la participación de las comunidades y sus autoridades”. La solicitud iba firmada por 36 consejos comunitarios y 25 resguardos indígenas de esa región. En la solicitud, detallaron los motivos que los llevaron a pedir acompañamiento a la Procuraduría, entre los que se encuentran la ruptura en la comunicación con la ART y la modificación de manera unilateral por parte de esa agencia de acuerdos previamente alcanzados con las comunidades. Los casos del Catatumbo y del Pacífico Medio no son los únicos en los que las comunidades reclaman estar excluidas de la implementación de esos programas, que algunos sectores consideran el pilar de la reforma rural integral. Un reciente documento elaborado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que analizó el momento que enfrentan los PDET en medio de la pandemia, encontró que esa sensación también se ha registrado en otras regiones. “Una percepción generalizada entre los actores que se vincularon al ejercicio de planeación participativa de los PDET es que, una vez firmados los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), el proceso se detuvo y se interpretó que el papel de la ciudadanía finalizaba allí. El Gobierno continuó en interlocución con las autoridades locales, pero el trabajo con las comunidades y sus delegados se paró, lo cual generó desconfianza”, se lee en ese documento. Esto ocurre con los programas del Acuerdo de Paz que más contaron en principio con la participación y la legitimidad de las comunidades. Tanto, que el consejero Archila ha dicho que “el nivel de participación comunitaria que ha habido en los PDET es gigantesco, absoluto, y es algo nunca antes visto en la historia no solamente de Colombia, sino del mundo”. Por eso es grave que hoy quienes habían respaldado esos programas sientan que les están dando la espalda. Una lectura diferente tiene el consejero Emilio Archila, quien ha abanderado la implementación de esos programas. Consultado sobre los reclamos de las comunidades, sostuvo que en la manera como se viene ejecutando el proceso “no hay ni una coma de desvío del cumplimiento respecto a las comunidades”. Según dijo, “una parte muy importante era diseñar el sueño, diseñar cómo querían las comunidades ver su propio territorio, y ese sueño está en las iniciativas que están comprendidas dentro de los ocho pilares de los PDET; después de eso viene el tema de cumplirles a las comunidades”. Fue enfático en que la totalidad de lo que hoy se está ejecutando “es el pedido de las comunidades. Ahí no hay ni una sola imposición de parte del Gobierno nacional, ni ha habido una sola iniciativa que la Consejería haya escrito”. En el caso concreto de la hoja de ruta del Catatumbo, el consejero sostuvo que una parte importante es “una metodología muy sofisticada que desarrolló Deloitte (la firma que contrató el Gobierno para construir las hojas de ruta) que en ningún caso excluye alguna de las iniciativas, sino que las organiza en categorías. En la etapa definitoria se oye a las comunidades y dentro de ellas están los que fueron los grupos motores”. En ese sentido, de la Consejería remitieron las actas de asistencia de dos jornadas de trabajo de varios días en Cúcuta entre enero y febrero que dan cuenta que efectivamente el pueblo Barí, particularmente el cabildo Catalaura y Ñatubaiyibarí —las dos organizaciones que firmaron la carta al consejero— estuvo presente en esos espacios de discusión de la hoja de ruta del Catatumbo con al menos cinco delegados. Espacios en los que participaron delegados de la ART, de la firma Deloitte, de alcaldías de los municipios de la zona, de la Gobernación, y varias agencias involucradas en el proceso. Sin embargo, también se da cuenta de que no estuvieron presentes representantes de las organizaciones campesinas más importantes de la región, como Ascamcat, Cisca y Asuncat. Para Paulo Tovar, investigador de la FIP que participó en la elaboración del documento, las objeciones que han manifestado las comunidades se deben a un cambio de enfoque en la manera como se venían trabajando los PDET. “No creo que haya una decisión del Gobierno de hacer una cosa a puerta cerrada y excluir intencionalmente a distintas organizaciones, pero sí se ha privilegiado un ejercicio más técnico y distintos sectores lo han interpretado como una intención de no continuar con el proceso participativo”. Hace referencia, por ejemplo, a la contratación de la firma Deloitte para la elaboración de las hojas de ruta, que ya entregó la del Catatumbo y tiene en sus manos las de las otras quince subregiones. Frente a ese escenario, desde la FIP han planteado algunos caminos que permitan garantizar la participación de las comunidades en la implementación de lo que esas poblaciones priorizaron cuando se formularon los PDET. Entre esas propuestas está —además de divulgar con mayor transparencia la información de la Consejería para la Estabilización y la ART que esté relacionada con la implementación de esos programas— asegurar la participación a través de instancias formales, como los Consejos Territoriales de Paz, los Consejos Territoriales de Planeación y los Comités Territoriales de Justicia Transicional, entre otros. “El ejercicio de una o varias de estas instancias antecede el proceso PDET en los respectivos municipios, por ello son plataformas a la espera de su lugar en el proceso”. Pero la coyuntura actual le agrega nuevos desafíos a la participación de las comunidades en esta etapa del proceso, pues el aislamiento “afecta la manera tradicional en la que se han desarrollado los ejercicios participativos en el país”, dice la FIP. Si bien se pueden desarrollar ejercicios de participación a través de medios virtuales, lo cual disminuye los costos operativos de los encuentros, la ruralidad no tiene tampoco la infraestructura de conectividad necesaria para garantizar que su participación va a ser efectiva en esos canales. “Para mitigar el riesgo de excluir a la población rural de los procesos participativos —en particular de la implementación de los PDET— será fundamental que combinen momentos de encuentro presencial y herramientas virtuales”, advierte esa fundación. Por ejemplo, citaron los casos de los Consejos Territoriales de Planeación de algunos municipios que incluso han discutido el borrador del Plan de Desarrollo a través de medios virtuales. ¿Y las transformaciones estructurales? La incertidumbre de las comunidades frente al curso de esos programas se alimenta además con la sensación de que han quedado reducidos a un listado de iniciativas desconectadas (más de 32.000 quedaron recogidas allí), en intervenciones de pequeña envergadura, que el Gobierno denomina “obras PDET”. Según la información oficial de la ART, se han intervenido alrededor de 1.190 obras con una inversión de más de $220.000 millones. “Esas intervenciones antes se denominaban obras de Pequeña Infraestructura Comunitaria, que eran las que abrían la puerta para que la ART llegara a los territorios; eso tenía que hacerse antes de la puesta en marcha de los PDET. Hoy lo denominan obras PDET y eso es lo que se viene entregando, pero eso no es lo que va a transformar el territorio”, dijo José David Ortega, vocero de la Asociación de Campesinos del sur de Córdoba. En igual sentido habló Yuly Artunduaga, integrante de la Coordinadora de Mujeres Andino Amazónicas y de la Instancia Especial de Mujeres. “Esos proyectos se refieren, por ejemplo, a ponerle el techo a una caseta comunal, pintarla y, por supuesto que la necesitamos en la vereda, o intervenir la escuela, y claro, han sido de ayuda; pero la transformación territorial que se esperaba con la formulación de los PDET, eso no se ha dado.” Según el documento producido por la FIP “es natural que se genere una tensión entre insistir en la necesidad de transformar estructuralmente la ruralidad y reconocer que, con esta coyuntura, solo se podrán priorizar e implementar proyectos del proceso PDET de escala y alcance limitados”. Sin embargo, por ello no se debe perder de vista que “los ejercicios de participación que acompañen el proceso deberían mantener como referente el propósito de la transformación profunda de la ruralidad y preguntarse continuamente por el grado en que las iniciativas que se prioricen e implementen en el corto plazo contribuyen a ese propósito”. Sobre ese punto, el consejero Archila sostuvo que es un tema de tiempos y resaltó los avances en la implementación de estos programas a la fecha: “En veinte meses (del gobierno Duque) hemos terminado los 16 programas, los tenemos estructurados, tenemos las planeaciones para los ocho pilares en las 16 zonas, se logró que se adoptara el PDET como política de largo plazo en todos los municipios, hemos entregado 880 obras de pequeña y mediana envergadura, focalizamos los recursos de OCAD Paz y Obras por impuestos, donde hay comprometidos $3 billones, y en el marcador presupuestal del Gobierno tenemos más de $2,5 billones”. Si bien es cierto que la implementación de los PDET está pensada para entre diez y quince años, estos debían ir de la mano con otras estrategias también pactadas en el Acuerdo de Paz, como el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito y los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral. En el caso del primero, el tiempo que se había proyectado para su ejecución era de dos años desde la firma de los acuerdos de sustitución con las familias, pero hoy, a tres años de que se suscribieran los primeros acuerdos, se están terminando de girar los pagos de $1 millón mensual estipulados para el primer año y están empezando a llegar los proyectos de sostenibilidad alimentaria. Sobre los planes nacionales, a la fecha se han aprobado solo cinco de los 16 contemplados: promoción de la comercialización de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria; construcción y mejoramiento de vivienda social rural, el de vías para la integración regional, el de conectividad rural y el de electrificación rural. (El Espectador)