Un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) destaca que la expansión fiscal juega un papel central en la mitigación del impacto humano y económico en el corto plazo y, al mismo tiempo, proporciona el impulso necesario para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo en un mundo post COVID-19. "La política fiscal debe jugar un papel central en la mitigación del impacto humano y económico en el corto plazo y, al mismo tiempo, proporcionar el impulso necesario para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo en un mundo post COVID-19", resume el Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe elaborado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal). El informe analiza la respuesta fiscal frente a la crisis y destaca la rapidez con la que los países de la región reaccionaron con paquetes de medidas fiscales que representan, en promedio, un 3,2 por ciento del PIB de 2019 de Latinoamérica. La cobertura de estos paquetes varía ampliamente en los distintos países: Uruguay destinó 0,2 por ciento, Argentina 3,9 y Chile 5,7, según informa la Cepal. Debido a la pandemia, los países se enfrentan a un entorno macroeconómico muy desfavorable: por un lado, enfrentan caídas en la recaudación tributaria como consecuencia de la contracción en la actividad económica y menores precios de los productos básicos, mientras que las necesidades de gasto aumentan. Sumado al aumento de endeudamiento público durante la última década, la capacidad de hacer políticas vía instrumentos fiscales se complejiza. Entre 2000 y 2018, el crecimiento del gasto público en América latina se debió a mayores erogaciones destinadas a financiar políticas sociales. En particular, el gasto en salud, educación y protección social pasaron de representar 1,5 por ciento, 2,9 por ciento y 3,2 por ciento del PBI en 2000, al 2,3 por ciento, el 3,9 por ciento y el 4 por ciento del PBI en 2018, respectivamente. Evasión fiscal A pesar de estos avances y ante la necesidad de recursos fiscales, el informe remarca que “una de las principales barreras para una mayor movilización de recursos internos en la región es el elevado nivel de evasión fiscal”. Si bien la magnitud exacta no se conoce, según las últimas estimaciones de la Comisión Económica el incumplimiento tributario fue de 325.000 millones de dólares en 2018, equivalente al 6,1 por ciento del PIB. La pérdida tributaria por IVA, principal instrumento de recaudación a lo largo y ancho de América latina y el Caribe, se estimó en 2017 de 3,7 por ciento del PIB de Argentina. Este porcentaje es de los más altos estimados en la región, solo superado por Bolivia (3,8 por ciento). De los 16 principales países seleccionados en el estudio, México fue el que menor evasión de IVA presentó: 0,9 por ciento de su PIB en 2016. Una oleada de reformas que comenzó desde mediados de 2000 hizo que el impuesto sobre la renta se consolide como el segundo pilar de los sistemas tributarios a nivel regional. En 2017, este impuesto aportó alrededor del 6,1 por ciento del PIB de la carga tributaria promedio de la región (25 países), mientras que en 1990 representaba el 3,3 por ciento. Si bien resulta aún más complejo calcular el nivel de evasión de este impuesto, un estudio de la Cepal, aunque desactualizado, es referencia regional para estos temas. Calculaba en 2005 una tasa de evasión para Argentina de casi 50 por ciento del PIB en este tipo de impuestos, y bastante más baja para Perú (32,6 por ciento del PBI), Chile (27 por ciento) y México (18,7 por ciento). En términos generales, los niveles de incumplimiento estimados fueron mayores que las tasas de evasión calculadas en el caso del IVA. Esta es una mala noticia dado que este tipo de impuestos en general se destacan por ser más progresivos en términos de distribución de ingresos, que el del impuesto al consumo que se cobra a toda la población por igual. Cooperación Históricamente fue difícil medir el registro de las transacciones económicas realizadas en el mercado interno de los países latinoamericanos. Uno de los principales obstáculos son los altos grados de informalidad que se manejan. El cambio tecnológico ha jugado a favor del sistema fiscal: la implementación de la facturación electrónica en los países de la región permite tener un mejor conocimiento de las operaciones nacionales de cada contribuyente y lo coloca automáticamente bajo el control de las autoridades tributarias nacionales. Chile fue el primer país que introdujo esta herramienta, en 2003, aunque inicialmente lo hizo solo con carácter voluntario. Argentina fue el primer país que introdujo la factura electrónica obligatoria, en 2007, para un grupo acotado de contribuyentes que luego extendió su alcance. En este mismo sentido, la tecnología permitió el desarrollo de cruces de datos entre entidades gubernamentales y del sistema financiero, la implementación de un registro único tributario, la introducción de sistemas satelitales de trazabilidad de mercaderías para evitar fraudes fiscales y la consolidación de regímenes de retención automática. Para mitigar la evasión de los impuestos a la renta, los acuerdos de cooperación internacional en materia fiscal, con especial énfasis en el desarrollo de instrumentos de control y, sobre todo, en el intercambio de información financiera y tributaria entre distintos países, son un instrumento valioso. También algunos programas de regularización de activos no declarados con el fin de identificar patrimonios e ingresos que no estaban pagando los correspondientes impuestos y así incrementar sus recursos tributarios. Argentina y Brasil fueron los primeros países de la región en hacerlo, y sus resultados superaron ampliamente las expectativas (un 1,8 por ciento y un 0,8 por ciento del PIB, respectivamente). Desafíos El organismo propone seguir avanzando en este camino, que "abrirá una oportunidad para reconstruir una mejor realidad para los países de la región, con sociedades más inclusivas e igualitarias", asegura. La estrategia de lucha contra la evasión y la elusión en el ámbito nacional e internacional requiere un enfoque multidimensional, cooperativo, proactivo y de constante adaptación al cambio tecnológico que tiene que comenzar con la capacidad de cuantificar los niveles de evasión y elusión fiscal de cada país. Una vez conocido el nivel, se pueden planificar políticas para mitigar el fenómeno. Mientras tanto, profundizar en las medidas que facilita la era digital y apostar a la cooperación internacional resultan un buen paliativo. (Página 12)