La titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, aseguró que el proyecto de ley de moratoria ampliada que el gobierno envió al Congreso es una medida de "alivio" ante una crisis "sin precedentes". Como en el plan de pagos que rige actualmente, podrán sumarse pymes, pero la novedad es que se amplía a grandes empresas y a personas humanas. El proyecto que ingresó este martes en la Cámara de Diputados amplía el alcance de la moratoria lanzada a partir de la sanción de la ley de solidaridad social, aprobada en diciembre pasado. "La iniciativa se aprobó en ese momento por unanimidad", recordó Marcó del Pont en diálogo con radio AM750. Por este motivo, anticipó: "Confiamos en que genere un gran consenso cuanto se discuta en el Congreso". Como el plan incluye quita de intereses, tiene que salir por ley y no puede decirirlo la AFIP por si misma. La moratoria que rige actualmente está focalizado en pymes, por tratarse del sector más afectado después de cuatro años de "discriminación" y caída del mercado interno, opinó la economista. Sin embargo, con la irrupción de la pandemia, dijo que la situación actual es "muy grave, y no alcanza con esa moratoria, porque la deuda que se acumuló es muy grande". Tras la crisis profundizada por el coronavirus, la deuda tributaria se incrementó un 50 por ciento en todo el universo de contribuyentes, según datos publicados en el proyecto de ley. Por otro lado, la deuda exigible y regularizada de personas físicas y jurídicas con AFIP asciende a 500 mil millones de pesos. "La ampliación de la moratoria va a ser un alivio", aseguró Marcó del Pont. "La irrupción de la Covid-19 hizo que todo el entramado productivo acumule nuevas deudas que la ampliación de la moratoria busca abordar", aseguró. Por ese motivo, la nueva moratoria incluirá no sólo a pymes, sino también a grandes empresas, autónomos, monotributistas y asociaciones civiles sin fines de lucro. "Es una herramienta para amortiguar una crisis sin precedentes”, agregó Marcó del Pont. La inclusión de grandes empresas tiene una condiciones. “A las empresas grandes les estamos pidiendo ciertos compromisos como por ejemplo no distribuir utilidades por 24 meses, no hacer pagos al exterior entre las mismas empresas, y estamos impidiendo que utilicen mecanismos de elusión a través de la compraventa de bonos”, detalló la economista. “Se introducen estos causales de caducidad, consistentes con el objetivo central de promover la inversión productiva”, explica el proyecto de ley. También habrá diferencias en los beneficios, en término de cantidad de cuotas: para deuda previsional y tributaria serán 96 cuotas para las grandes y 120 para personas y pymes. Para obligaciones referidas a la seguridad social, serán 48 para las grandes y 60 para las pymes. El proyecto, que será tratado en las próximas semanas por el Congreso, tiene un detalle clave: contemplará obligaciones hasta el 30 de junio, es decir que tendrá en cuenta las deudas que se hubieran generado durante la cuarentena. La inscripción es hasta el 31 de octubre, y recién el primer pago se realizará a partir del 16 de noviembre. (Página 12)