Turquía puso en marcha el juicio contra veinte ciudadanos saudíes con el objetivo de aclarar el asesinato de Jamal Khassoggi. Será un proceso in absentia ya que Riad se negó a extraditar a los acusados de matar y descuartizar al colaborador de ‘The Washington Post’ el 2 de octubre de 2018 en el consulado saudí de Estambul. La lista la encabezan el exjefe adjunto de la Inteligencia, Ahmed al Asiri, o Saud al Qahtani, exasesor del príncipe heredero, Mohamed Bin Salman (MBS), dos altos funcionarios que perdieron sus cargos, pero a los que no imputaron en el proceso judicial realizado en Arabia Saudí, que concluyó en diciembre con cinco condenados a muerte. El posterior perdón de la familia Khassoggi les libró de la pena capital, pero cumplirán cadena perpetua. Esta es la condena que solicita ahora la fiscalía turca, que acusa a Al Asiri y Qahtani de «instigadores» y a los otros dieciocho de «ejecutores del monstruoso crimen». En un primer momento, Arabia Saudí negó cualquier vinculación con el asesinato, pero con el paso de los días y de las pruebas que aportaban fuentes turcas, admitió la muerte del periodista dentro de la legación a manos de sus funcionarios. Riad trató de pasar página lo antes posible con un juicio marcado por el «secretismo» y la «falta de transparencia», según la ONU, y desde el primer momento eximió de cualquier responsabilidad a MBS, la persona a la que se dirigían todas las miradas como cerebro de la operación. Khassoggi, de 59 años y una voz crítica con la monarquía, entró al consulado para realizar un trámite personal relativo a su divorcio y fuera se quedó esperando su prometida turca, Hatice Cengiz, quien comparecerá en este nuevo proceso. Otra de las voces que se podrá escuchar es la de la relatora especial de Naciones Unidas sobre asesinatos extrajudiciales, Agnes Callamard, autora de un informe en el que recogió pruebas «creíbles» para pedir que se investigara a MBS y se aplicaran sanciones a sus bienes fuera del país por su papel en el asesinato. Esto nunca ha ocurrido. Reporteros Sin Fronteras (RSF) emitió un comunicado en el que señaló que espera que el juicio «abra no solo una nueva ruta hacia la justicia, sino que sirva como una llamada de atención a la comunidad internacional sobre la urgente necesidad de poner fin a la impunidad». Casi dos años después, el cuerpo del periodista sigue sin aparecer. (ABC)