Será para obligaciones vencidas hasta el 31 de mayo, es decir, que incluirá los meses de cuarentena, donde la actividad económica se vio muy resentida. Habrá hasta 120 cuotas, con una tasa menor a la actual, y el primer pago deberá realizarse recién en noviembre. El Gobierno avanza en una moratoria recargada. A diferencia del actual plan de pago, incluirá no sólo a personas y pymes, sino también a grandes empresas. Será para obligaciones vencidas hasta el 31 de mayo, es decir, que incluirá los meses de cuarentena, donde la actividad económica se vio muy resentida. Habrá hasta 120 cuotas, con una tasa menor a la actual, y el primer pago deberá realizarse recién en noviembre. Así se desprende del proyecto de ley que ingresó en la Cámara de Diputados el viernes, presentado por el diputado Marcelo Casaretto, del Frente de Todos, y que ya cuenta con estado parlamentario. Pero, además, el oficialismo analiza otro anteproyecto de ley de ampliación de la moratoria. Este no fue presentado oficialmente, pero lo dan por hecho en la city. Contiene un agregado no menor al proyecto de Casaretto: las grandes empresas que accedan a la moratoria no podrán distribuir dividendos ni acceder al mercado de cambios para algunas operaciones. Tratamiento “Cuando empiece el tratamiento formal en el Congreso se definirá el texto final”, aseguró Casaretto a PáginaI12. De aprobarse, el proyecto modificará la Ley de Solidaridad Social, sancionada en diciembre pasado, que en uno de sus artículos planteaba una amplia moratoria. Todavía no está en la agenda parlamentaria del presidente de la Cámara, Sergio Massa, ni tampoco se conformaron las comisiones a tratarlo. Por lo que se espera que sea tratado en el recinto recién a partir de la semana que viene, según pudo saber este diario de fuentes parlamentarias. El proyecto de ley de Casaretto ya se encuentra en la mesa de entrada de la Cámara Baja. Previamente, el documento pasó por las manos de Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete, Mercedes Marcó del Pont, titular de la Afip, y Roberto Arias, secretario de Políticas Tributarias del Ministerio de Economía. En los fundamentos, el texto considera que fue clave la moratoria para liberar a las empresas de la carga fiscal, “generada por la larga recesión sufrida por la economía en 2018 y 2019”. Y considera que es necesario ampliar esa moratoria dado que debido a la pandemia, “se generaron obligaciones debido a la falta de operaciones, que significaron el desfinanciamiento, a tal punto de no poder cumplir con obligaciones mínimas”. Proyecto Así, el proyecto de ley amplía la moratoria de la ley 27.541. Entran todos los contribuyentes, dado que se sumarán las grandes empresas. La clave está en la “fecha de corte” de las deudas: antes era para deudas vencidas hasta el 30 de noviembre de 2019, y ahora será hasta el 31 de mayo. Otro detalle relevante tiene que ver con el primer pago cancelatorio de las cuotas, que pasa del 16 de julio al 16 de noviembre, por lo que extiende el período de gracia para comenzar a pagar. En tanto, la posibilidad de ingresar al plan se extiende hasta el 30 de septiembre, mientras que actualmente sólo era posible hasta fin de este mes. Por otro lado, habrá distintas cuotas según el tributo y el tamaño de la empresa. Para cargas sociales, 60 cuotas para pymes y 48 para las grandes. Para los impuestos, 120 cuotas para pymes, y 96 para las grandes. Apoyo Las cámaras empresarias manifestaron públicamente el apoyo al proyecto del oficialismo. Sin embargo, piden que la moratoria incluya también a las deudas vencidas durante el período de cuarentena, que se espera que se extienda hasta julio, al menos en el AMBA. Sobre este punto, Casaretto, quien fue ministro de Economía de Entre Ríos, aseguró: “No se puede prorrogar un plan de pagos de algo que no venció. Estamos a junio, y lo último que podemos disponer es mayo. Lo que no quita que en unos meses se pueda disponer una ampliación, pero hay que marcar un corte”. Otro de los reparos a las ideas del oficialismo tiene que ver con el anteroyecto de prórroga de la moratoria, de iguales características al del diputado, pero con el agregado de las limitaciones para las grandes empresas. Plantea que para que el plan de moratoria no caduque, las firmas no podrán distribuir dividendos a sus accionistas, desde el momento en que se adhieren y por los 24 meses siguientes. Tampoco podrán acceder al mercado de cambios para operaciones como el pago de intereses por préstamos. Si bien no forma parte del proyecto que ingresó al Congreso, desde el sector empresarial consideran que estos requerimientos serán incluidos, porque así ocurrió con los requisitos para las grandes empresas que quisieran acceder al programa ATP del pago de sueldos del Estado al sector privado. (Página 12)