quien simula no ser subordinado del Jefe de Gabinete y le firmó una autorización en plena cuarentena a una empresa privada propiedad del Jefe de Gabinete Leonardo Álvarez para que transporte cianuro desde Chile a las mineras, quien a su vez simula no tener nada que ver con la transportadora y mira para arriba mientras silba bajito, pretendiendo simular que todo fue “por lo canales administrativos correspondientes”, cuando no pueden disimular los delitos cometidos al ceder en beneficio de una empresa propiedad de un alto funcionario provincial, un contrato directo sin licitación ni oposición para cumplir con una tarea de valor millonario en un mercado cautivo de la minería provincial transformándose en un proveedor monopólico de empresas que el Estado tiene bajo su control y al funcionario como controlante. Como mínimo, en el informe que publicamos ayer, per se podrían incurrir en al menos 7 delitos, transgresiones y hasta una falta ética. Vamos a repasar, a partir del Decreto 00937/20 el salto a los Códigos que hace el gobierno provincial, principalmente el Jefe de Gabinete de la provincia, Leonardo Álvarez y luego el Ministro de Salud de la provincia, Dr Juan Carlos Nadalich y la gobernadora Alicia Kirchner. Incompatibilidad: funciones que no pueden cumplirse al mismo tiempo desde el Estado y como privado. Tal es el caso de Leonardo Álvarez quien se desempeña como Jefe de Gabinete y dueño del Transporte Álvarez e Hijos SRL autorizado por Decreto provincial. - Publicidad - Administración fraudulenta. El delito de administración fraudulenta se encuentra tipificado por el artículo 173, inciso 7, del Código Penal de la Nación Argentina. Dicha norma está inserta en el Capítulo 4 de los delitos contra la propiedad (Título 6 del Libro Segundo), destinado a la agrupación de las estafas y otras defraudaciones. Cuando se trata de funcionarios públicos la Administración fraudulenta se concreta en la malversación de caudales públicos, en las exacciones ilegales y en las negociaciones prohibidas. El delito de exacción ilegal: consiste en abusar del cargo exigiendo o haciendo pagar o entregar contribuciones o emolumentos no debidos o en cantidad que excede a la tarifa legal. Es decir, el funcionario o servidor público desborda el margen legal o de sus atribuciones públicas para cobrar indebidamente Las Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos están expresados en el Título XIX del Capítulo IX del Código Penal bajo el título “De las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en ejercicio de la función”. Conflicto de intereses: Un conflicto de intereses es cuando un interés laboral, personal, profesional, familiar o de negocios de la persona servidora publica pueda afectar el desempeño imparcial, objetivo de sus funciones. Los servidores públicos deben presentar su declaración anual de intereses, donde consta que no se vulnera este principio. Abuso de poder: Transparencia Internacional la define como “El abuso de poder para beneficio propio”. El Banco Mundial, como “el abuso de un puesto público para ganancia privada”. El Banco Internacional de Desarrollo la define como “actos realizados por funcionarios que usan su posición con fines propios, o bien lo hacen a pedido de otros, a fin de obtener beneficios para sí o para terceros” El Economista Robert Klitgaard creó la fórmula de la corrupción C = M + D – R (T) Corrupción es igual a Monopolio más Discrecionalidad menos Responsabilidad(Transparencia). El abuso de poder o abuso de autoridad se da cuando una autoridad, superior o dirigente sobrepasa el ejercicio de sus funciones exigiéndole a un subordinado, a partir de amenazas como ser la pérdida del empleo o de cualquier otro beneficio, que realice determinadas acciones o actividades que no se encuentran entre las que debería desarrollar. Tráfico de influencias: consistente en utilizar la influencia personal en ámbitos de gobierno o incluso empresariales, a través de conexiones con personas e instituciones, con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial. Más lejana está la falta ética, porque cuando hablamos del kirchnerismo expreso, esta palabra suena lejana y hasta excluida de su diccionario. El funcionario lobista y empresario En pocos lugares se debe dar con tanta impunidad un caso paradigmático como el de Leonardo Álvarez, ex diputado, hoy Jefe de Gabinete y por cuatro años Ministro de la Producción de Alicia Kirchner, a la vez se desempeña como empresario de transporte de carga, directamente beneficiado por el Estado del cual es funcionario y ejerce la función de control. Tampoco tenemos conocimiento de alguna presentación judicial hecha por la oposición política o algún organismo de control público en la provincia, sobre este claro proceso irregular del gobierno. Álvarez (recordemos) en el 2012 fue denunciado por la Cámara Minera, precisamente acusándolo de extorsionar a las empresas para que contrataran los servicios de su transportadora, quejándose las operadoras que les cobraba varias veces más que lo normal por el mismo trabajo. Fue Presidente de la Agencia de Desarrollo de San Julián y como diputado armó un escándalo para integrar la “Comisión de minería”, dado que sus pares (debido a lo absurdo del planteo) le habían marcado la incompatibilidad para incorporarse a esta comisión donde se decide sobre cuestiones que hacen a su propio negocio. Hizo tanto lío, que finalmente, su amigo, el entonces Vicegobernador Fernando Cotillo, a su vez Presidente del Cuerpo legislativo, “autorizó” que Álvarez se “agregara” a los 10 miembros y con voz y votos para decidir sobre cuestiones de minería, nicho donde siempre tuvo, depositados sus negocios empresariales. OPI tiene en su archivo el derrotero de Leonardo Álvarez, desde cuando como diputado oficiaba de lobista en la Legislatura, poseía la empresa de transporte Álvarez e Hijos SRL y equipos de perforación en Cerro Moro y Cerro Vanguardia. No les cobremos… pobres mineras El 5 de julio de 2012 los diputados provinciales de FPVS: Selsa Esther Hernández, Rubén Contreras, Roberto Ignacio Fernández, Héctor Pedro Vinett y Silvio Rubén Suárez, presentaron un proyecto para “establecer un canon extraordinario único a todo productor minero metalífero que se encuentre en etapa de “explotación o producción” con registro en la provincia de Santa Cruz”. Dicha norma pretendía aplicar un canon extraordinario único de un diez por ciento (10%) sobre el monto que resulte a la transferencia de la propiedad minera de primera categoría, a todo Productor Minero Metalífero que adquiera dicha propiedad con los fines de explotación o producción con registro en la provincia de Santa Cruz, expresaba en su artículo primero. En Santa Cruz Cerro Negro fue vendida por 3.400 millones de dólares y Cerro Moro en 400 millones de dólares. La provincia por ese “pase manos” no vio ni un peso. La iniciativa para reportarle a Santa Cruz un beneficio por estos meganegocios, fue abortado por La Cámpora, con Leonardo Álvarez, Matías Bezi y Mauricio Gómez a la cabeza y el Vicegobernador Fernando Cotillo. Nadie, excepto nosotros desde nuestro espacio periodístico, se preguntó por qué y por cuánto, Álvarez, Cotillo, Bezi, Gómez, otros y el gobierno nacional (en ese momento de CFK), le pusieron freno a una exigencia lícita: que Santa Cruz reciba un porcentaje de las empresas que ponen en la timba financiera, los recursos naturales no renovables de la provincia. La Cámara de Diputados sepultó este proyecto para deleite de las mineras, el gobierno, el sindicato y muchos funcionarios que, obviamente, jamás fueron investigados. Un espía en mi placard El 30 de noviembre de 2012 en OPI publicamos una nota titulada “Las puertitas del señor Álvarez” donde contrarrestábamos el ataque de Leonardo Álvarez a este medio de información, tras haber puesto de manifiesto la trama del poder que dio lugar a la anulación del proyecto para cobrarle a las mineras por el negocio de los recursos naturales de la provincia y señalarlo al entonces diputado, como dueño de una empresa de camiones e integrante de la Comisión de Minería en la Legislatura, desde donde se sepultó el proyecto. La reacción de Álvarez, fue exacerbada por una nota cuya autoría fue del colega Héctor Barabino, quien en OPI tituló “La Cámpora asesorado por ex agente de inteligencia” en relación a que el diputado Álvarez poseía entre sus asesores a un participante del staff del Batallón 601 de nombre Roberto Pierotti. Por entonces, la nota se enmarcaba en un flagrante ataque de quien gobernaba el país (Cristina Fernández) hacia esta Agencia. El gobierno nacional había denunciado por C5N que OPI “la espiaba” cuando llegaba a la provincia. A partir de allí todos los actores de la Cámpora (incluyendo Álvarez), los medios de Rudy Ulloa y los operadores K repetían la consigna. Leonardo Álvarez (diputado) planteó públicamente un desafío para que demostráramos que Priotti era su asesor. Periotti estaba en la nómina de los ñoquis de la Cámara de Diputados publicada por OPI en ese momento, dado de alta por Expte 028701/10, a partir del 19 de abril de 2010 en lugar de quien estaba en ese cargo, Noelia Ayelén Ríos. “No lo conozco, jamás compartí un café con ese señor”, dijo Álvarez, pero en una entrevista realizada en el programa “Periodismo sin pauta” de Fm Abril (Río Gallegos) había reconocido previamente que tenía cuatro asesores, entre ellos a Periotti. En ese momento, publicamos el audio de la incontrastable verdad. No siempre atacar es saludable Fue en mayo del año 2016 cuando el entonces Ministro de la Producción dijo en la reunión del bloque en la legislatura “no hay que guiarse por medios destituyentes como OPI”, en relación a nuestros informes sobre el alto nivel de incompatibilidades en los cuales ha incurrido e incurre el eterno funcionario K desplegando su doble rol como controlante y empresario. Álvarez reaccionaba así a nuestros artículos de análisis e información donde dábamos cuenta de cómo se había urdido en el año 2015 el rechazo de los diputados K con él al frente, para “pisar” la Ley del Impuesto Minero, enviada por el entonces Gobernador Daniel Peralta con el fin de aplicarle un canon de explotación a las empresas en la provincia, la cual fue anulada por los legisladores camporistas por decisión de CFK y la propia Alicia Kirchner. Álvarez fue muy proclive a sepultar la discusión sobre “La renta minera”, en una clara señal de favorecer a las empresas multinacionales y totalmente alineado con el principio de la gobernadora de no exigirles a las mineras que abran los números y declaren cuánto ganan, cuánto giran al exterior, cuál es el margen de utilidad, la reinversión y los cumplimientos impositivos, entre otra información puntual que transparentaría la actividad en la provincia. En cambio, el actual Jefe de Gabinete fue impulsor de la firma del “Acuerdo de Responsabilidad Empresaria”, por el cual las mineras vuelcan migajas en los municipios para hacer una plaza, un gimnasio o sostener alguna actividad deportiva y/o cultural, a cambio del “manos libres” en el cual se transforma la actividad en plena connivencia entre gobierno, sindicato (AOMA) y las empresas transnacionales. No me pisen los negocios En diciembre de 2017, tras la apertura del proyecto Don Nicolás, el Ministro de la Producción Leonardo Álvarez dijo publicamente “En Santa Cruz la minería no se discute si minería si o no, síno minería cómo”, toda una frase robada a un chubutense para demostrar que no importa de qué manera se lleva a cabo la minería, lo importante es que se lleve a cabo, sin que el gobierno haga respetar normas de seguridad ambientales, por ejemplo, ni se preocupe demasiado por la post-minería y un ejemplo de la desidia oficial y empresaria, es Cerro Vanguardia. Se puede decir que a Leonardo Álvarez la política pro-minera de Mauricio Macri le sentó excelentemente bien y le afianzó los negocios privados en la provincia, favorecido por la posición dominante que tiene con su doble rol desde el poder (concedente, controlante) y desde el sector privado (beneficiario). Un guiño para el amigo Hace una horas OPI publicó el documento oficial, donde por un decretazo de un subordinado suyo, el Ministro de Salud de la provincia Dr Juan Carlos Nadalich, autorizó a la empresa Transporte Álvarez e Hijos SRL de su superior, el jefe de Gabinete Leonardo Álvarez, a realizar el transporte de cianuro desde Chile a las mineras de la provincia, lo cual no es nuevo, solo se trata de la revalidación anual de la autorización que el gobierno de Santa Cruz le viene otorgando desde hace 15 años a la fecha para monopolizar el servicio millonario que realiza la empresa privada de su propiedad. (Opi Santa Cruz)