Juan Schiaretti reiteró su apoyo al presidente y al ministro Guzmán en su estrategia para la renegociación de la deuda externa, que el ministro insiste deberá hacerse cuidando los criterios de sostenibilidad y capacidad de pago del país. Su apoyo ya había sido manifestando antes de la presentación de la primera propuesta de reestructuración, que fue rechazada por más del 80% de los bonistas. "En el contexto de la crisis económica que veníamos atravesando y que se agudizó por la pandemia del coronavirus, reitero el respaldo a la posición del gobierno nacional del presidente @alferdez expresado por el ministro @Martin_M_Guzman en la renegociacion de la deuda externa argentina con los acreedores. La misma expresa una voluntad de alcanzar un acuerdo responsable , cumplible y sostenible en el tiempo", expresó en su cuenta de twitter el cordobés. No es el único gobernador que recientemente se ha manifestado en favor de la estrategia del gobierno nacional: Uñac, Perotti, Manzur y Kicillof también. Es que la solvencia de las provincias está en juego. Cuanto más deuda se ahorre Guzmán, más fondos habrá para el interior del país. Y cuanto mejor le vaya a Guzmán, mejores son las posibilidades de llegar a un mejor acuerdo con los acreedores por las deudas provinciales. Este mes, cuatro provincias comenzaron a buscar bancos y asesores legales para llevar a cabo sus propias reestructuraciones: Mendoza, Neuquén, Río Negro y, desde ya, Córdoba. Se trata de provincias cuyas deudas se ubican entre el 23 y el 26% de los ingresos provinciales, y entorno al 8% de su producto bruto geográfico, es decir estaban dentro de lo razonable hasta que se vieron incrementadas por las oleadas devaluatorias y se volvieron impagables con la crisis económica e infinanciables con el default nacional. De esta forma ya son seis las provincias que esperan el resultado de la reestructuración nacional. A las cuatro anteriores hay que sumarles Chubut -que anunció su reestructuración el año pasado y cuyo desmanejo fiscal viene de larga data- y Buenos Aires que entró en default días antes que la Nación. Juan Schiaretti en enero fue el primero en diferenciarse de Axel Kicillof cuando el gobernador bonaerense dijo que no estaba en condiciones de seguir pagando deuda y les pidió a los bonistas una extensión del vencimiento de un pago del Bono BP21. En ese momento el cordobés aseguró que su provincia seguiría con los pagos. En ese momento, ambos con niveles de endeudamiento similar en relación a su producto bruto provincial (8,7% y 8%, respectivamente) optaban por senderos distintos. Córdoba quería hacer valer su registro de buen pagador en el mercado, en línea con las recomendaciones de Daniel Marx para las deudas de su provincia, lo que le daría mejores condiciones de refinanciamiento -camino que eligió Rodríguez Larreta, incluso con el coronavirus-. En cambio, Buenos Aires prefería ganar oxígeno para las finanzas públicas suspendiendo el servicio de su deuda y alineándose a la reestructuración de Guzmán. Hoy, coronavirus y cuarentena mediante, la situación es muy distinta y la provincia busca la forma de equilibrarse presupuestariamente en todos los frentes que le sea posible. Por ejemplo, mediante una reforma previsional que haga finanaciable el agujero presupuestario que le generan la Caja de Jubilaciones. En un proyecto de Ley enviado al Poder Legislativo provincial este miércoles, Schiaretti quiere reducir en $6.500 el rojo previsional. El análisis del ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, es simple: el déficit de Córdoba para 2020 ronda los $35.500 millones y Nación va a ayudar a cubrir menos de un tercio y con los ingresos previstos solo se puede cubrir el 88% de las erogaciones. Si se reduce el déficit previsional en $6.500 millones, los $3.500 millones restantes del agujero previsional se pueden cubrir con recursos del Tesoro Provincial y así no haría falta transferirle la Caja a la Nación. Pero para eso hay que afectar los ingresos del 15% de los jubilados que más cobra, reducir las nuevas pensiones y bajar la base del haber adicional inicial, subir la edad jubilatoria a los 65 años para los jueces y deducirle un aporte solidario del 20% a quienes además de la jubilación reciban otro ingreso. En el frente financiero, la provincia tiene un stock de deuda de unos 2.170 millones de dólares, de los cuales 725 millones vencen en junio de 2021 por los bonos CO21 que Schiaretti tomó en 2016 al 7,125% anual bajo Ley Nueva York (más los 51,7 millones de dólares de intereses que deberá pagar el mes que viene y de nuevo el año próximo). Más otros 510 millones de los CO24 que -si bien no vencen hasta dentro de cuatro años- le significan a la provincia unos 38 millones de dólares al año y otros 450 millones que vencen en 2027, pero que este agosto la obligaría a pagar otros 16 millones de dólares. En otras palabras, solo de intereses Schiaretti enfrenta vencimientos por 61 millones de dólares bajo Ley Nueva York en los próximos tres meses. No son montos grandes en comparación con las deudas de la Nación, pero se vuelven impagables en este contexto de derrumbe de los ingresos tributarios a la mitad y asistencias del Tesoro que no alcanzan a cubrir los rojos fiscales propios. Es en este sentido que, como en su momento proyectó el economista y director de EcoGo Federico Furiase, las provincias comienzan a encolumnarse detrás de Guzmán para conseguir alivios aunque sea transitorios a la incapacidad de pago. Entre Mendoza, Neuquén y Río Negro, suman 1.926 millones de dólares de deuda (neta de la de deuda con el gobierno nacional). Para todas ellas, pasar de pagar arriba del 7% anual en dólares, para pagar un cupón "sostenible" en los términos de Guzmán les podría ahorrar tal vez un centenar de millones de dólares en los próximos años. (LPO)