En un esperado fallo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó que estos países "incumplieron" sus obligaciones al no respetar las cuotas de acogida de refugiados fijadas en 2015. "No pueden invocar ni sus responsabilidades en materia de mantenimiento del orden público (...) ni la supuesta disfunción del mecanismo de reubicación", defiende el alto tribunal con sede en Luxemburgo. Los magistrados dan la razón a la Comisión Europea, que elevó el caso a la corte en diciembre de 2017 y cuya actual titular, Ursula von der Leyen, celebró el fallo como una decisión "importante" para el futuro. Budapest, Varsovia y Praga cargaron no obstante contra un fallo "discriminatorio", en palabras de la ministra húngara de Justicia, Judit Varga, pero relativizaron su impacto práctico. Aunque Bruselas podría volver ante el TJUE para pedir sanciones contra estos países si mantienen su rechazo, el primer ministro checo, Andrej Babis, subrayó que el mecanismo basado en cuotas ya expiró. "El sistema de reubicaciones obligatorias de la UE está muerto y el fallo del TJUE no cambiará esto. El jinete debe sentirse bien solo cabalgando cuando su caballo murió", tuiteó Varga. - "Guía para el futuro" - Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de un millón de migrantes irregulares llegaron en 2015 a Italia y Grecia, especialmente sirios que huían de una sangrienta guerra civil. Para aliviar a ambos países mediterráneos, la UE adoptó en septiembre de 2015 un plan excepcional de dos años de duración, pese al rechazo de Polonia, Hungría, República Checa y Rumanía. Este plan preveía el reparto de hasta 160.000 personas desde Grecia e Italia, entre ellas 120.000 según un sistema de cuotas obligatorias. Pero finalmente, se repartieron apenas 35.000. Sobre el terreno, muchos migrantes continuaron su rumbo hacia el norte de Europa sin esperar. Los restrictivos criterios para optar al asilo y el acuerdo con Ankara también limitaron su alcance. El TJUE recuerda en cambio que ni Polonia ni Hungría acogieron a ningún refugiado, mientras que la República Checa sólo acogió a 12 en un primer momento, pero "no volvió a asumir ningún compromiso" más. El plan constituyó una derogación excepcional del Reglamento de Dublín, legislación que confía el tratamiento de una demanda de asilo al país europeo por donde entró el solicitante. Las divisiones en el bloque entre países del Este y del Oeste durante la crisis migratoria siguen patentes años después, como demuestra la imposible reforma de este reglamento. "Este fallo es importante. Se refiere al pasado, pero nos dará una guía para el futuro. El tribunal es muy claro sobre la responsabilidad de los Estados miembros", apuntó Von der Leyen. La Comisión Europea debe presentar "después de Pascua" su propuesta para reformar la política de asilo común, una de sus promesas durante su investidura al frente de esta institución en 2019. (AFP)