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En la ciudad de Calais (norte de Francia), unos 1.000 migrantes, repartidos en cinco zonas de vivienda, en carpas o en cobertizos, se enfrentan a los riesgos de la COVID-19.
Algunas asociaciones con mandato del Estado les distribuyen comidas frías. Pero en estas condiciones, es imposible luchar eficazmente contra la epidemia, se preocupa Camille Boittiaux, de Refugee Rights Europe: "¿Cómo puedes lavarte las manos regularmente cuando el punto de agua está a varios kilómetros de distancia? ¿Cómo respetar la prohibición de agrupación cuando los puntos de distribución son la única opción para alimentarse? ¿Cómo llamar al servicio de urgencia sin tener acceso a un teléfono o un enchufe para cargarlo, ya que todos los locales están cerrados?", lamenta.
Las asociaciones denuncian la falta de acción del Estado. En una carta abierta enviada el viernes 27 de marzo a las Naciones Unidas, piden respuestas urgentes ante la situación.
"Hay que adoptar medidas concretas y apropiadas, y hay que poner fin de inmediato a los desalojos en curso de los campamentos y asentamientos. Hubo más de 25 desalojos en Calais desde que empezó la cuarentena", informa Camille Boittiaux.
"También pedimos al Estado que garantice la continuidad del acceso a los derechos y necesidades básicas: distribución de alimentos, acceso al saneamiento, al agua potable... en Calais o en cualquier otro lugar", añade.
Dispositivo postergado
Hace unos días, un dispositivo del Estado para acoger y confinar a los migrantes había sido presentado a las asociaciones. El desplazamiento de los migrantes hacia lugares más seguros, de forma voluntaria, debía empezar este martes por la mañana, pero fue postergado al último momento.
Según informa el diario local La Voix du Nord, el dispositivo no está listo debido a una mala evaluación del número de migrantes. La Prefectura del Pas-de-Calais asegura que la operación se llevará a cabo antes del fin de la semana. (rfi)