El Gobierno prorrogó por dos meses el plazo para que pymes, monotributistas, autónomos y entidades civiles sin fines de lucro como cooperativas, consorcios de propietarios, obras sociales, universidades públicas y clubes de barrio adhieran a la moratoria impositiva, aduanera y de seguridad social. Así lo dispuso mediante el decreto de necesidad y urgencia DNU 316/2020 del Régimen de regularización de deudas publicado en la edición especial de hoy del Boletín Oficial. La decisión "redobla los esfuerzos del Estado para hacer frente al impacto económico de la pandemia del coronavirus sobre el entramado productivo", explicaron fuentes oficiales. La norma extiende hasta el 30 de junio el plazo máximo de adhesión (previsto originalmente hasta el 30 de abril) para asegurar que "la posibilidad de ingresar al plan de regularización de deudas no se vea afectada". La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dictará la normativa necesaria para instrumentar las modificaciones en los próximos días, indicó.