Poco les importa el peregrinaje de la sociedad civil, quienes concurren a consultar por sus casos y lo único que obtienen son respuestas inconclusas. Situación que no ocurre ante la presencia de abogados, ya que, reciben un trato prioritario. Sin duda, ante la justicia no somos todos iguales aunque la constitución hable de igualdad. Será acaso que la balanza de la justicia se inclina de acuerdo a quien se encuentre enfrente, cabría preguntarse, cuanto tiempo más los ciudadanos seguirán cultivando la tolerancia ante tanta falta de ecuanimidad. Sin ir más lejos, lo ocurrido en Puerto Deseado, marcó un antes y un después en la población, personas que pedían perdón por una responsabilidad que no les correspondía, pero que, inevitablemente, les provocaba un inmenso dolor social ante una justicia injusta e inoperante. En principio, porque fue la hermana de Alvarado, quien llevó las pruebas y señaló a su hermano como el asesino y finalmente se procedió a su detención. Sin este testimonio doloroso pero necesario, quizás la verdad nunca se habría hecho pública. Lamentablemente, el viernes 20 de marzo en horas de la tarde noche (20:00Hs aproximadamente) se suicidó él hombre esquizofrénico, Omar Alvarado de 33 años en la Seccional 4 de Caleta Olivia. Recordemos que fue denunciado como el principal responsable por la violación de la turista salteña y el asesinato de su hijo de 4 años de edad, en la ciudad portuaria de Deseado Cuando los medios nacionales se acercaron a la localidad fue, el Juez de Instrucción Oldemar Villa quien expresó que “la condición de salud del imputado no lo hacia inimputable”. Rareza discursiva y de accionar contradictorio de un magistrado que parecía haber olvidado que al inicio de la investigación había demorado a los imputados para luego liberarlos y finalmente, volverlos a encarcelar. Ahora bien, muerto Omar Alvarado e internado el otro imputado, menor de edad en una institución de la provincia de Buenos Aires, no le quita responsabilidad a la Justicia de Santa Cruz, menos aún, al juez de instrucción. Muchos se preguntarán, si el imputado era o no inimputable o si la justicia solicitará ante las autoridades gubernamentales la creación de instituciones de salud para pacientes que requieran internación prolongada o solo se limitaran a cumplir el protocolo de Salud Pública. Querrán saber, si, el juez Oldemar Villa podrá continuar trabajando con “normalidad”, tal cual lo hace desde hace más de una década, alejado de las expresiones de la comunidad que dice: “Basta de Impunidad”. Si las instituciones judiciales funcionaran, tal cual se busca demostrar públicamente, el Tribunal Superior de Justicia tendría que hacerse eco de las cinco mil firmas de la ciudadanía deseadense que exige la renuncia del juez y juzgamiento de su accionar reiterado como funcionario público. Tendría que responder, ante el listado de padres adoptantes, que se encontraron con una situación ventajera y manipuladora de abogados y médicos que, haciendo uso de su función publica, pretendieron realizar la adopción ilegal de una bebé, instando a su joven madre, de escasos recursos, a darla en adopción. “Basta de impunidad” no es un discurso vacío, es una frase transformada en acción, en denuncias públicas, en movilizaciones y exposiciones por cualquier medio que le permita al ciudadano llegar a exponer su situación en forma masiva con sus pares. Es la sociedad la que encontró en los diversos medios de comunicación, la posibilidad de poner en evidencia los grises de las instituciones que debieran, ser emblema de transparencia. Por ello, ante tantas muertes no resueltas , nos preguntamos ¿Por qué la justicia es tan injusta en Santa Cruz, o será solo una sensación de inseguridad?. Son años de encontrarnos con casos graves no resueltos. Si miramos a la distancia podemos encontrar que: En el año 2012 apareció baleado y calcinado en su auto el ex boxeador caletense, el “Tigre” Cárdenas de 44 años de edad. . El caso no tiene imputados ni sospechosos, solo una enormidad de testigos que no ampliaron la investigación y el pedido recurrente de justicia. En el año 2013 fue asesinada de 50 puñaladas , Celia Raquel Vicari por Rubén Franke, persona esquizofrénica. Un magistrado de Rio Gallegos consideró oportuno continuar el protocolo de salud, reinsertarlo en la sociedad caletense al imputado, sin importar que era peligroso para la sociedad. Evidentemente, es más sencillo, normalizar todo, antes que aceptar un rol profesional donde justicia y salud accionen. Hacerlo implica compromiso social y es una particularidad muy difícil de encontrar en estos días. A fines de 2010, Demián Ceballos, un agente de policía partió hacia una práctica de Rescate y Salvamento dictado por un grupo especial, GERS en Puerto Santa Cruz y falleció en la pileta de natación ante sus ocho instructores, que “supuestamente” eran profesionales del recate. El joven recibió pos morten, medallas de reconocimiento por su rol, sin embargo, no recibió justicia, que es lo que, año a año, su madre reclama: no hay responsables. Otro caso no resuelto en el 2016 es el del joven de 19 años, Gustavo Gerez, a quien la policía de la seccional 1° lo arresto “en aparente estado de ebriedad” y sin llevarlo primero al hospital zonal para corroborar lo mencionado, lo ingresaron a la institución carcelaria de Caleta Olivia y al día siguiente lo sacaron, fallecido y con hematomas en el cuerpo. La querella pidió 20 años para el imputado y fue el subcomisario Alberto Méndez, el único policía de mayor rango que intervino en el operativo y a quien se responsabilizó por la causa, que en principio, involucraba a varios efectivos policiales. Sin embargo, el Tribunal en lo Criminal definió la absolución del subcomisario. Méndez, hoy, ya ascendido a Comisario se encontraba trabajando en El Calafate pero y próximamente estará en la localidad caletense cumpliendo funciones como Jefe de la unidad de Bienestar Policial – Zona Norte. El policía se encuentra con una causa en curso ante el Tribunal Superior de Justicia y aún así, volverá a sus tareas habituales y mantiene su cargo. Sin embargo, ante situaciones con policías rasos que cometen infracciones en su accionar, se procede de inmediato al retiro de la fuerza. En este caso, no es así. Como siempre, en Santa Cruz, la justicia es injusta. En la causa no hay presos, no hay responsables. Situación similar ocurrrió en el 2019 con el caso de la ginecóloga de Puerto San Julián, Zulma Malvar de 63 años, quien fue ahorcada y la justicia no encuentra culpables. Solo se limitaron a informar los resultados del médico forense, quien dijo que la doctora fue ahorcada y pero no hay pistas de los autores materiales. Aún hoy, no hay responsables. Queda abierta la pregunta sobre que ha ocurrido hasta hoy con las trágicas muertes por incendio intencional, en la cual, en principio fallecieron una madre y sus dos pequeños hijos. Mientras que, en otro caso, también intencional, fallecieron seis personas más, dos de ellas oriundas de Puerto Deseado. Tristemente, la institución que debería brindar certezas ante tantas situaciones trágicas, no lo hace y la sociedad civil se encuentra desamparada, impunidad que, no solo es promovida por la institución judicial, sino también por las instituciones policiales que, saben más de lo que dicen. Deberíamos preguntarnos, qué priorizara cada ciudadano, el silencio o permitirse decir la verdad, a cambio de justicia. (Agencia OPI Santa Cruz)