La decisión de Alberto Fernández de interrumpir la repatriación de argentinos varados en el exterior generó polémica y críticas en las redes sociales y de parte de la oposición, desde donde se sugirió incluso que se trata de una violación de los derechos humanos. Sin embargo, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó a LPO que la medida es constitucional mientras se establezca con un plazo razonable (sustentado en criterios científicos de la evolución de la pandemia) y el Estado brinde asistencia a los varados, algo que el Gobierno prometió que hará. "Cuando hay una pandemia mundial incrementándose hay un derecho que tiene un gran peso específico, que es el derecho a la salud pública como derecho colectivo", detalló el abogado. "En la medida en que ese impedimento de regreso tenga un límite razonable, y que se pueda justificar que lo que se está haciendo es tratar de evitar que ingresen más personas afectadas que puedan hacer colapsar el sistema de salud o hasta tanto esté controlado el virus o se tenga un panorama de cómo va a impactar el virus, en estos términos es constitucional", agregó. "Es una restricción temporal que está sostenida en evitar la propagación de la pandemia. Desde ese punto de vista, pesa más hoy la protección de la salud pública que la libertad de tránsito o de ingreso", continuó Gil Domínguez. "Esto no obsta que las personas puedan pedir -y que el Estado deba otorgar- ayuda para poder estar afuera", añadió. La situación de los argentinos varados en el exterior (unos 10 mil según cálculos oficiales) generó críticas de la oposición. El PRO de Mauricio Macri le pidió a Alberto Fernández "que reconsidere su decisión de impedir el regreso de los argentinos fuera del país" y le advirtió que "es una cuestión humanitaria". "Tienen derecho a volver", indicó el partido en un comunicado. En el mismo sentido, el diputado radical Luis Petri presentó un proyecto para que el Gobierno informe el Plan de Repatriación y qué recursos va a destinar para el auxilio y asistencia de los varados. El mendocino agregó que al impedir su ingreso al país se "los coloca en una situación de indefensión y vulnerabilidad extrema". Además, sugirió que el Gobierno incumple los tratados de derechos humanos. "Las crisis ponen a prueba los Tratados Internacionales y su vigencia: la Declaración Universal de los Derechos del Hombre establece que ‘toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país'. Tenemos la obligación de repatriarlos", escribió. Un temor planteado por personas que están varadas en el exterior es la situación legal de su permanencia en determinados países. Por ejemplo, se argumenta que hay argentinos a los que se le puede vencer el permiso para permanecer y podrían quedar como ilegales. Gil Domínguez explicó que hay que tener en cuenta la situación de emergencia mundial. "En una situación como esta no es que quedaría como un inmigrante ilegal porque quiere quedar como un inmigrante ilegal. Queda en una situación de ilegalidad por una situación de fuerza mayor, con lo cual no creo que se le apliquen las leyes que se le aplicarían en tiempos de normalidad a una persona que voluntariamente se queda en una situación de ilegalidad", señaló. (LPO)