Argemiro Lara ha utilizado todos los medios para denunciar su situación ante las entidades competentes del Estado, encargadas de brindar protección a los líderes sociales amenazados en el país. Ha llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP), le ha enviado mensajes de video por la red social Twitter al presidente Iván Duque y hasta su hijo está suplicando que garanticen mínimamente las condiciones de seguridad para que su padre continúe ejerciendo su labor de defensor de derechos humanos en un territorio donde él y otros de sus compañeros han sufrido todo tipo de atentados contra la vida: el departamento de Sucre. El 4 de diciembre de 2019, mientras viajaba con su familia hacia la finca La Europa, donde reside en el municipio de Ovejas (Sucre), la camioneta blindada que le asignó la UNP se quedó sin frenos. Y aunque no ocurrió un accidente que afectara la integridad de las personas que iban con Lara. Desde entonces ha anunciado que no se subirá a ese vehículo porque lo pone en alto riesgo de sufrir un accidente o de que se encuentre a los sicarios en uno de los momentos en que se quede barado. El 12 de diciembre, cuenta Lara, sus dos escoltas le recomendaron no volver a utilizar la camioneta en ese estado y por eso fue dejada en un taller en el municipio de Ovejas. Desde entonces, pasaron los días y el 6 de enero de este año la sorpresa que se llevó es que le retornaron el mismo carro y, según él, en peores condiciones: “durante este tiempo lo cogieron para trabajar, pues recorrió más de mil kilómetros, se gastaron el combustible y llegó con la misma falla, por eso no lo quise recibir. Yo no voy a ponerme en peligro con ese vehículo, pues los escoltas eso me recomiendan”, dice. Sus reuniones hoy son a puerta cerrada, ante las amenazas que ha recibido desde 2016 y hasta finales del año pasado. Las amenazas corren por cuenta de las llamadas “Aguilas Negras”, a través de panfletos; de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); y de quienes se autodenominan disidencias de las Farc, que últimamente hacen presencia en la región en busca, supuestamente, de caletas que dejaron las antiguas Farc, lo que tiene preocupados a los líderes. El 11 de noviembre pasado recibió una de las últimas amenazas. A través de un mensaje de texto que llegó a su celular, le dijeron que iban a matar a su compañero Gilberto Pérez Chamorro, quien tiene un escolta con quien recorre el territorio en transporte público. Ambos son líderes en el litigio que enfrenta la Asociación de Campesinos y Campesinas de la Finca La Europa y la empresa paisa Arepas Don Juancho, que alega ser la dueña del terreno de 1300 hectáreas y que habría conseguido tras la salida de las familias a raíz del conflicto armado entre las guerrillas, los paramilitares y la Fuerza Pública. “Este mensaje me tiene preocupado porque las amenazas son constantes y esto afecta a mi familia, principalmente a mis hijos, que están bastante traumatizados con este tipo de amenazas. Y como vivo en zona rural pues la situación de se ha puesto bastante tensa. Es que son 1.300 hectáreas las que están en juego y con la experiencia uno sabe quiénes son esas personas que están detrás de la empresa”, dice Lara. En 2013 le pegaron tres tiros a Andrés Narváez, otro líder social que acompaña a Argemiro Lara en esta lucha; ese mismo año desaparecieron misteriosamente a una niña de la finca La Europa; a Lara lo atacaron en 2016 en Sincelejo (Sucre), sin embargo, uno de sus escoltas reaccionó y mató a uno de los sicarios; y, a lo largo de estos años la disputa en el territorio entre los capataces de la empresa y las comunidades se han intensificado al punto que resultaron 12 viviendas incineradas de las familias que se quedaron resistiendo en el territorio. Además, en varias oportunidades han volado los pozos de donde la comunidad extrae el agua para el consumo. Por el atentado contra Andrés Narváez uno de los sicarios fue capturado y condenado a 25 años de prisión. Se trata de Héctor San Martín, uno de los administradores de la finca La Europa por parte de la empresa. No obstante, no ha sido capturado por las autoridades. Y, en relación con el atentado contra Lara, las investigaciones no han avanzado y la hipotesis que manejan las autoridades es que el hombre que iba a asesinar a Lara y que murió enfrentandose con el escolta, es que se trató de un intento de atraco. Hoy, el riesgo es latente porque el Tribunal de Restitución de Tierras de Cartagena se apresta a decidir sobre quién se quedará con la finca La Europa. Además, porque estos líderes también han asumido otras tareas en el marco del proceso de paz como, por ejemplo, documentar las desapariciones forzadas en los municipios de Chalán, Colozó, Ovejas y San Onofre (Sucre). Además, Lara y los otros líderes están buscando recuperar el buen nombre de más de 300 personas de su comunidad que otrora fueron judicializadas, que están en libertad, pero que continúan enredadas en los estrados judiciales. Para eso también están acudiendo ante la Justicia Especial para la Paz (JEP). Por lo pronto, la empresa sigue reclamando la hacienda Europa como suya y tiene personal en el territorio, mismo lugar donde están viviendo 46 familias haciendo lo que sus líderes llaman “resistencia”. Otras 40 entran y salen, pero no se quedan en la finca porque no se sienten con garantias de seguridad en esa disputa por la tierra. “Esto afecta la parte emotiva de la comunidad, la parte económica, porque bueno, hasta que no se resuelva la parte jurídica no tenemos derechos a créditos, ni derechos a que nos mejoren la vía, ni derecho a que nos hagan colegios, es decir, el Estado no puede hacer nada. Por eso, nuestro pedido a la justicia y al Gobierno, es a que agilicen estos procesos judiciales que ponen en riesgo a más líderes y a comunidades enteras como la de La Europa que habita estas tierras desde 1969 cuando el presidente de la época, Carlos Lleras Restrepo, compró 1.321 hectáreas de esta hacienda para entregarselas a los campesinos sucreños”, concluye Argemiro Lara. (EE)