La llegada al poder en Brasil de Jair Bolsonaro –el primer presidente ultraderechista desde la restauración de la democracia en 1985— estuvo acompañada de grandes temores por parte de sus adversarios y las minorías. El primer año de mandato ha incluido pulsos a los otros poderes del Estado, ataques a la prensa, la ciencia, la historia… decisiones controvertidas e infinitas polémicas. El militar retirado, que mantiene vivo el discurso de ellos contra nosotros de la campaña y es abiertamente hostil hacia la izquierda, ha puesto a prueba las instituciones de Brasil. El apoyo a la democracia ha caído siete puntos, al 62%, desde su toma de posesión, los indiferentes a la forma de gobierno aumentan mientras se mantiene el 12% que cree que en ciertas circunstancias es mejor la dictadura, según la encuesta de Datafolha difundida en Año Nuevo. El Congreso, donde no tiene mayoría, ha frenado sus iniciativas legislativas más radicales como eximir a policías y militares de responsabilidad en tiroteos con criminales o purgar de izquierdismo los libros escolares. El Supremo también ha sido un dique. Pero en áreas como la política cultural, ha metido la tijera a todo aquello que no cuadra con su visión. Los editoriales contra sus instintos autoritarios son frecuentes. La ONU dio la voz de alarma ya en septiembre, por boca de su comisionada de derechos humanos, la expresidenta Michelle Bachelet, que tras criticar el aumento de muertos por disparos policiales afirmó: “Estos últimos meses, hemos observado una reducción del espacio cívico y democrático, caracterizado por ataques contra los defensores de los derechos humanos y restricciones impuestas al trabajo de la sociedad civil”. El brasileño respondió con saña al ofender la memoria del padre de la chilena, un militar asesinado por la dictadura al que acusó de comunista. El último informe anual sobre la calidad de la democracia en el mundo de V-dem, un instituto de la Universidad de Gotemburgo, coloca a Brasil en el 30% de los más democráticos (es el puesto 53 de 179 países, con España en el 26 y EEUU en el 27) pero alerta de su autocratización (y la de EEUU, entre otros). Ese balance de 2018, antes de Bolsonaro, ya apunta un deterioro desde los convulsos años de la destitución de la izquierdista Dilma Rousseff. Aunque el informe sobre 2019 estará listo en unos meses, el director de V-dem, el profesor Staffan I. Lindberg, alerta de que, en base a sus observaciones, Brasil vive “una autocratización de las más rápidas e intensas del mundo en los últimos años”. Lo que más preocupa a estos académicos, explica por teléfono desde Suecia, son los esfuerzos del presidente y su Gobierno para acallar a los críticos, sean adversarios políticos, jueces que investigan la corrupción, periodistas, académicos o miembros de la sociedad civil. “Es lo que hizo (Recep Tayyip) Erdogan cuando llevó a Turquía de la democracia a la dictadura, lo que hace (Viktor) Orban en Hungría, que está cerca de dejar de ser una democracia, y exactamente lo que (Narendra) Modi hace en India”, advierte Lindberg. Abundan los ejemplos. Bolsonaro destituyó al director del instituto que realiza la medición oficial de la deforestación en Amazonia, llamó a boicotear el diario Folha de S.Paulo y las empresas que se anuncian en él, sugirió que el periodista estadounidense Glenn Greenwald podría ir a la cárcel en Brasil por unas revelaciones periodísticas, y en un discurso en Chile elogió a Pinochet, y en Paraguay, a Stroessner. La lista sigue y es larga. El director de V-dem afirma que “Bolsonaro es el presidente con menos restricciones (de las instituciones democráticas) desde el final del régimen militar” porque cuando asumió la Presidencia las instituciones —del Congreso a la Fiscalía General del Estado— ya sufrían un debilitamiento. De hecho, desde 2017 este instituto de análisis no considera Brasil una democracia liberal, sino una democracia electoral. La visión de la abogada constitucionalista brasileña Vera Chemim es menos sombría. Afirma que el presidente “no supone una amenaza real para la democracia aunque sigue disparándose al pie” con polémicas innecesaria que pueden llegar a ser contraproducentes para sus intereses porque refuerzan a la izquierda y eclipsan la acción de su Gobierno. Chemim sostiene que “el Estado de derecho democrático es lo suficientemente sólido y relativamente maduro para sobrevivir a cualquier intento de intervención político-ideológica que pueda deconstruir el régimen democrático conquistado a duras penas en 1985” y consagrado en la Constitución. Dice que este presidente “no afectó a las instituciones democráticas aunque sí agitó la coyuntura política y jurídica desde el momento en que expresa o actúa de forma impulsiva y explosiva, alimentando aún más la aguda polarización ideológica entre la supuesta derecha e izquierda”. Bolsonaro hace constantes referencias a la necesidad de gobernar para la mayoría y a eliminar hasta el último vestigio de sus antecesores izquierdistas, como recalcó hace unos días al hilo de los libros de texto. Sacó el tema sin que le preguntara ninguno de los periodistas que le esperaban ante su residencia en Brasilia, su lugar favorito para comunicarse con la prensa. “A partir de 2021, todos los libros serán nuestros, hechos por nosotros. Los padres van a estar encantados. Van a tener la bandera en la portada. Tendrán el himno. Hoy, como norma, los libros son un montón de cosas escritas, hay que suavizarlo (…) Que no sea como esa esa basura que ahora tenemos como norma”. El experto sueco alerta sobre dos asuntos: una vez acallados los críticos y la prensa, los Gobiernos tienen el dominio absoluto de la información. Y “no son necesarios cambios legales para que un país se convierta en una autocracia electoral. Mire Bielorrusia”. (elpais.es)