Nadie que haya visto el espectáculo ofrecido por el parlamento español en los últimos días puede ser optimista sobre la dirección que ha tomado el país. La clase política menos preparada y más intolerante que España ha tenido en democracia redujo el debate de investidura de Pedro Sánchez a una gresca de bar donde el argumento fue sustituido por el insulto y los adversarios dejaron de serlo, para convertirse en “enemigos” y “traidores”. Es un lenguaje de guerra civilista que empieza a extenderse a la calle y que demanda un liderazgo moderado, responsable y unificador. La pregunta es: ¿puede Pedro Sánchez ser el presidente que requieren los tiempos? El líder socialista fue investido presidente el martes 7 de enero por un estrecho margen y demostró una vez más su capacidad de aguante. También probó que su instinto de supervivencia está por encima de sus promesas. Su gobierno nace frágil y dependiente de dos socios con los que dijo que no pactaría: Unidas Podemos, un partido que el presidente describió como peligroso, y los independistas catalanes de Esquerra Republicana, cuyo objetivo parece ser aprovechar la debilidad de Madrid para avanzar en la ruptura con España. Pedro Sánchez consigue así una nueva oportunidad —su partido ganó las elecciones generales de abril de 2019, pero no logró formar gobierno— de pilotar una España cada vez más compleja, con un parlamento fragmentado en 16 partidos, un creciente desafío independentista, una economía en desaceleración y una polarización que ha impedido la aprobación de cualquier ley o reforma de importancia en cuatro años. Si la nueva legislatura termina en fracaso, como esperan sus rivales, el precio será una mayor fractura social y un nuevo impulso, quizá definitivo, de la extrema derecha de Vox. Las dos Españas que el siglo pasado llevaron al país a la Guerra Civil han resurgido con fuerza en medio de la inestabilidad y la polarización generada por políticos que, sin propuestas ni ideas, buscan despertar los peores instintos del electorado. El líder de Vox, Santiago Abascal, es siempre el ejemplo más extremo: aprovechó el debate de investidura para repetir su discurso xenófobo contra la inmigración y vincular a los extranjeros con una epidemia de delincuencia que los datos aseguran que no existe. El país demanda un presidente que contribuya a desactivar los mensajes populistas, evite la tentación de gobernar contra uno de los bandos, en este caso la derecha, priorice el interés general por encima de ideologías y sirva de puente entre españoles. El presidente que necesita España arrancaría la legislatura poniendo sobre la mesa propuestas para grandes acuerdos sobre la reforma educativa, la garantía del sistema de pensiones o la lucha contra la desigualdad, asuntos en los que las diferencias entre partidos no son insalvables y sus electorados tienen intereses comunes. España requiere un líder que termine con la tradición de los partidos españoles de parasitar las instituciones públicas, convertidas desde hace décadas en agencias de colocación de los amigos del partido en el poder. La independencia política de los candidatos debería ser un mérito y no un hándicap, como hasta ahora. Ese presidente buscaría soluciones en Cataluña, más allá de los procesos judiciales abiertos, y daría una oportunidad al diálogo. Pero iniciar esa negociación sin la participación del resto de los partidos y al margen de las instituciones del gobierno, como pretende Sánchez, sería un error. Cualquier decisión que se tome fuera del consenso está condenada a ser revertida y a crear más frustración. El presidente que necesita España, en definitiva, lanzaría en sus primeros cien días de gobierno la gran regeneración política que sus predecesores anunciaron y nunca cumplieron. Implicaría reformas para la democratización interna de los partidos, la eliminación o replanteamiento de un Senado que hoy carece de utilidad, la reorganización administrativa del Estado para ganar en eficiencia, la supresión de privilegios de la clase política, la redacción de un nuevo reglamento para el parlamento —el congreso necesita normas que agilicen el debate y no lo conviertan en un mero intercambio de insultos— o el endurecimiento de las leyes contra la corrupción, incluyendo la inhabilitación de los partidos que sean condenados por financiación ilegal. El líder que requerimos emprendería esta agenda aún sabiendo que en el corto plazo le podría perjudicar, simplemente porque beneficiaria al país en el largo plazo. Pero Sánchez no ha sido ese presidente en su primer año y medio en el poder, ya fuera porque no quiso, no pudo o no le dejaron, como prefieren justificar sus seguidores. Es cierto que la oposición no se lo ha puesto fácil. Los partidos de derecha, arrastrados por Vox a una pelea en los extremos, se negaron a abstenerse para desbloquear el gobierno y ni siquiera conceden legitimidad democrática a su investidura, a pesar de llegar a la presidencia tras dos victorias en sucesivas elecciones generales. El martes en el parlamento, entre el desconcierto y la deslegitimación, Sánchez y sus adversarios citaron a Manuel Azaña, el último presidente de la Segunda República Española, para atacarse. Pero ninguno recordó la frase de Azaña que mejor describía lo que estaba pasando y en la que advertía de los peligros de la política cuando se vuelve “tabernaria, incompetente, de amigachos, de codicia y botín, sin ninguna idea alta”. Ahora que nada de ello es un riesgo, sino una realidad, el presidente tendrá entre sus obligaciones intentar devolver el civismo a la vida pública española. Sánchez sabe que se enfrenta a la oposición más beligerante en más de cuatro décadas de democracia, pero su mayor adversario estará en sí mismo y en que su instinto de supervivencia vuelva a bloquear las reformas que tanto requiere el país. En ese caso, habrá desaprovechado su última oportunidad de haber sido el presidente que necesitaba España. (TNYT)