Es martes en la noche en Bogotá. Termina una nueva jornada de protestas que, una vez más, fue dispersada por la policía. Pérez luego aparece en otro video: la bajan del carro en la mitad de una autopista y parece decir: "Yo no iba sola, iba con mi novio y a mi novio lo cogieron". El novio se llama Carlos Giovanny Russi, confirmó la policía. Y, como Pérez, estuvo detenido y ya está en su casa. La manera como se dieron estas detenciones, en autos particulares y sin orden de captura, consternó al país. Unos les dicen "secuestro". Otros, al menos durante el tiempo en que no se supo de su paradero, "desaparición". Las autoridades hablan de "errores" y procedimientos ordinarios. En un país con decenas de miles de secuestrados y desaparecidos en sus registros históricos, lo que fue visto como una detención arbitraria despertó por un par de días una indignación inédita de una población que ya no parece dispuesta a dejar que el abuso de la fuerza pase desapercibido. Hace tres años este tipo de sucesos era cotidiano, pasajero. Hoy genera rechazo, escrutinio y contestación de una parte de la sociedad civil. "Han llevado a niveles de susceptibilidad muy grandes a la sociedad", dijo el general de la policía Hoover Penilla en un mensaje a la prensa. Y puede ser: quizá Colombia esté ante la emergencia de una nueva susceptibilidad sobre el abuso de fuerza. La protagoniza una generación que espera no hacer su vida bajo la lógica del conflicto y tiene demandas más parecidas a las de otros países: económicas, culturales, legales. Las protestas ya cumplen tres semanas y la tensión entre manifestantes y fuerzas de seguridad —en especial con el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad— solo aumenta. Cuatro personas han muerto y más de 400 han resultado heridas en las manifestaciones, saldos que comprados a los de otros países latinoamericanos inmersos en lógicas de protesta parecen ser relativamente bajos. Sin embargo, la indignación por los supuestos abusos sigue creciendo en un país que entre los años 60 y 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se acostumbró a justificar las acciones de la fuerza pública con la idea de un enemigo común que ya casi no existe: las guerrillas. Indignación acumulada Penilla, comandante de la policía de Bogotá, informó que los manifestantes Pérez y Russi fueron detenidos porque estaban al frente de la Universidad Nacional bloqueando la carrera 30, una de las más importantes de la capital. Según su declaración, el procedimiento fue legal porque los vehículos pertenecen a la policía. También dijo que Pérez quedó libre por la presión de los vecinos: "Lo que manifiestan nuestros policías es que ellos se sintieron temerosos por la presión que se les estaba ejerciendo, comenzaron a sentir temor y por eso entregaron la mujer a la misma comunidad; esto fue ungran error, el procedimiento independientemente de las consecuencias debió haber terminado". Este no es el primer procedimiento policial en el marco de las protestas que genera indignación. El primer caso que encendió las alarmas fue el de Dilan Cruz, un bachiller de 18 años que murió tras el impacto de un objeto no letal que disparó directamente, violando el protocolo, un miembro del Esmad ante los ojos de millones de colombianos que siguieron el hecho por las redes sociales. Además de eso, han hecho allanamientos a medios de comunicación alternativos y grupos de estudiantes y la semana pasada detuvieron a dos mujeres en el aeropuerto de Bogotá que estaban protestando en silencio y con carteles que decían: "Disculpen las molestias, estamos cambiando el país". Antes de que empezara el paro nacional, el 21 de noviembre, se generó un ambiente de zozobra por los temores del gobierno de Iván Duque de que grupos pagados por el gobierno de Venezuela aprovecharan las protestas para desestabilizar el país. Duque cerró las fronteras y urgió a los alcaldes a usar sus facultades para "establecer el orden" a través de un decreto presidencial. ¿Una nueva susceptibilidad? Pero lo que para el gobierno eran medidas de precaución, los manifestantes lo vieron como una provocación y una forma de deslegitimar las protestas, según analistas consultados por BBC Mundo. "No hemos superado la forma binaria de vernos como amigos y enemigos y eso genera desconfianza, porque los manifestantes ven a los policías como enemigos y los policías a los manifestantes como vándalos", dice María Elvira Samper, analista y escritora de varios libros sobre el conflicto. En 60 años de guerra, en Colombia se registraron más de 80.000 desaparecidos y 40.000 secuestros, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, y nunca hubo una ola de protestas tan grande, larga y diversa como esta. "La indignación siempre estuvo, pero ahora se manifiesta", dice Samper. "Por dos razones: porque las redes sociales permiten un acceso inédito a los hechos y porque la firma del acuerdo de paz liberó fuerzas que no se manifestaban por miedo o intimidación". Los analistas aseguran que en el pasado las protestas eran sobre el conflicto y quienes protestaban eran casi siempre etiquetados como defensores de las guerrillas. Hoy, sin embargo, las demandas de los manifestantes son de corte económico, cultural y, como muestra la indignación por el caso de Pérez y Russi, por el derecho a la protesta. "La gente se está preguntando activamente por sus libertades fundamentales, lo cual es novedoso y bonito, pero también un indicador de que están bajo amenaza", dice María Carolina Olarte, profesora de derecho público de la Universidad de los Andes de Bogotá. La abogada está trabajando con decenas de letrados en una tutela para que desmantelen el Esmad y en una demanda para derogar el decreto de Duque sobre el control de las protestas. De alguna manera, por lo tanto, el general Penilla tiene su punto: Colombia, el país de los 200.000 muertos y los siete millones de desplazados, tiene una nueva susceptibilidad.