“Vamos a reorientar el presupuesto de publicidad del Estado bajo otros criterios. Queremos que dejen de servir a la propaganda del Estado para que pasen a servir al mejoramiento de la calidad educativa”. ¿Cuál es el panorama actual de la publicidad oficial y qué pasó en las gestiones anteriores de Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner? La afirmación del Presidente sobre el monto invertido por el gobierno de Macri durante su gestión se condice con los datos oficiales. Sin embargo, Fernández no incluyó en esa cifra la última presentación de gastos (disponible desde las últimas horas de la gestión anterior) de la Secretaría de Comunicación Pública de Jefatura de Gabinete de Ministros. Con esos datos, el gasto durante el período 2016-2019 se eleva a $11 mil millones. Once mil millones en pauta: ¿es mucho o poco? Puede haber distintas medidas para contrastar este número. La primera es comparar los gastos en publicidad con los de la gestión inmediatamente anterior de Fernández de Kirchner (2011-2015) en pesos constantes a valores de 2019 (para el período 2007-2015 se utilizó el IPC del Congreso por la intervención del INDEC) -lo que elimina el efecto del aumento de precios-. La segunda es hacerlo en dólares, a valor oficial de venta minorista del Banco Nación, la entidad que establece el valor oficial de comparación. Si se toman los pesos constantes, en los 4 años de gestión Macri gastó $18.483 millones y Fernández de Kirchner $30.280 millones. Esto implica una reducción del 39% durante el gobierno saliente. Si el cálculo se realiza en dólares, la cuenta marca que el gobierno de Macri gastó US$ 485 millones mientras que el de Fernández hizo lo propio con US$ 904 millones. En este punto la reducción asciende a 47%. Es decir, durante la gestión de Macri se gastó la mitad en dólares que durante el último mandato del kirchnerismo. Vale la pena destacar que durante los últimos 4 años Cambiemos gobernó a la vez la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que cuentan con sus respectivos presupuestos para publicidad oficial. Eso no había pasado con el kirchnerismo, porque el PRO gobierna la CABA desde 2007. De hecho, si se mira el gasto por habitante para 2018 (último período con datos completos de publicidad oficial para los 3 distritos) con el valor actual del peso (2019), la Nación gastó en pauta $75,55 por habitante; la Provincia $159,02 y la Ciudad $485,55 por habitante. En cuanto a la comparación entre los grupos de medios más beneficiados por ambas políticas de distribución de publicidad oficial a nivel nacional (FPV y Cambiemos), los datos muestran que durante la gestión de Fernández de Kirchner el más beneficiado fue el Grupo 23, liderado en ese entonces por el empresario Sergio Szpolski, mientras que durante la gestión de Macri fue el Grupo Clarín. Sólo 2 grupos se sostienen entre los primeros 5 puestos en ambas gestiones: el Grupo América, de los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio ¿Qué pasó con la regulación de la pauta durante la gestión Cambiemos? Como se señaló en esta nota de Letra P, el gobierno de Macri (2015-2019) llevó adelante una administración de la pauta oficial que se caracteriza por los siguientes rasgos: disminución progresiva de los montos invertidos; centralización de altos porcentajes de esos fondos en los grupos concentrados (con Clarín a la cabeza); uso del canje de deudas por pauta; segregación a los medios gestionados por organizaciones sin fines de lucro; intento de regulación que quedó a medias, materializado en la Resolución 247/2016 de Jefatura de Gabinete de Ministros que definió criterios para la asignación, varios de los cuales no se cumplieron por diferentes razones (imposibilidad de aplicarlos y/o decisión política). Como se explicó en esta nota de Chequeado, a mediados de 2016 Jefatura de Gabinete dictó una resolución con la que estableció los criterios de asignación de la pauta oficial. Esa auto-regulación definió 4 elementos: cantidad de audiencia o alcance del medio; pertinencia del mensaje con la plataforma y el lugar elegido para publicitar; importancia de la coincidencia entre la cobertura geográfica de un medio con el público objetivo de una campaña; distribución federalista y de fomento a la pluralidad de voces al destinar pauta a medios de organizaciones sociales, de pueblos originarios o de frontera y emisoras de baja potencia. Pero en su intento de regular el instrumento con una normativa integral, Cambiemos también quedó a mitad de camino. El 22 de noviembre de 2016 el Senado aprobó un proyecto de ley que fue girado de inmediato a la Cámara de Diputados. Pero allí nunca obtuvo dictamen de comisión para pasar a ser tratado en el recinto. El contenido era similar a la resolución de Jefatura pero se destacaba por establecer límites a la pauta oficial durante los tiempos electorales. En noviembre de 2018, la media sanción perdió estado parlamentario. La ausencia de una normativa a nivel nacional se suma a la escasa o nula regulación y falta de información pública que existe a nivel provincial. De hecho, en la Argentina, 22 de las 24 provincias no dan a conocer cuánto gastan en concepto de publicidad oficial en forma detallada (por medio y monto total, entre otros factores). Sólo Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hicieron público el informe sobre la asignación de pauta en el último año. ¿Qué propone Fernández? El mensaje del presidente Fernández ante el Congreso incluyó la decisión de que el Gobierno nacional deje de pautar en contenidos producidos por periodistas (y no por organizaciones que gestionan medios) y que la publicidad oficial tenga objetivos pedagógicos. Sobre esto último no se conocen detalles de forma y desarrollo posible, más allá de la convocatoria a especialistas y empresarios declamada por el Jefe de Estado durante su discurso. Tampoco hay experiencias conocidas de modelos exitosos en el mundo al respecto. Sobre la pauta directa con periodistas, este es un fenómeno sostenido a través del tiempo y los gobiernos, como se explicó en esta nota de Chequeado. Genera un mecanismo de lubricación de relaciones entre los intereses políticos y las firmas y voces emblemáticas que suele deformar la necesaria claridad de un aspecto clave de la democracia y el ejercicio del pluralismo. Además, aún no se sabe si la reorientación que planteó Fernández alcanzará a los sectores públicos más allá del Poder Ejecutivo Nacional, tales como entes y empresas de propiedad estatal con cuentas de pautas muy significativas: YFP, bancos públicos (Nación), Aysa, Aerolíneas Argentinas y otras compañías relevantes. Según el investigador Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, “hay que complementar la política de progresiva transparencia en la rendición del gasto, que viene ya de hace varios años, con una política más clara a futuro respecto de quién y bajo qué condiciones recibirá pauta oficial. La clave será definir, legitimar y comenzar a aplicar criterios que, por primera vez en la historia, se aparten de la lógica amigo/enemigo con la que se premia o castiga la línea editorial de los medios con estos recursos, que son públicos”. Por otra parte, Becerra profundizó en la relación política y económica de medios y gobiernos: “Los fuertes intereses entre medios y política impidieron, hasta ahora, que se haya regulado y que se dispongan por ley criterios claros, no discriminatorios y públicos en la materia. A la vez, hay que recordar que la mayoría de los medios en la Argentina no existiría sin asistencia económica, que no es obligación estatal sostener económicamente medios privados pero que sí es obligación del Estado -incumplida, por cierto- que tiene líneas de financiamiento hacia los medios. Por eso, el Estado debe entonces ser ecuánime y no discriminador”. Así, la intención de Fernández demandará decisión política, acción institucional (reformar o revisar resoluciones vigentes), y mecanismos de control y ejecución cruzados. (Chequeado)